La custodia sindical de Evo Morales se refuerza con extranjeros para evitar su captura

El viceministro de Régimen Interior informó que hay tres anillos de seguridad que resguardan al líder cocalero. Días atrás se dio a conocer la existencia de un “Comité Internacional en Defensa y Solidaridad”

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El expresidente de Bolivia, Evo
El expresidente de Bolivia, Evo Morales (c), durante el congreso del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), en Lauca Ñ (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

La guardia sindical que protege al ex presidente Evo Morales (2006-2019) en la región cocalera de Bolivia se reforzó con la presencia de ciudadanos extranjeros que llegaron para sumarse a las vigilias de protección del líder cocalero y evitar su captura.

La diputada Pamela Terrazas dio a conocer la existencia del “Comité Internacional en Defensa y Solidaridad” con el expresidente, a través del cual se organizan las delegaciones que refuerzan su custodia.

Terrazas no precisó el número de extranjeros que participan en la guardia pero dijo que llegarán de al menos 15 países. “Están llegando de a poco, son muchos países que se van a sumar, son más de 15 a cargo de este comité (...) incluso van a llegar de África”, informó en una presentación en la radio Kawsachun Coca, en la que el mandatario emite un programa todos los domingos.

El viceministro de Régimen Interior
El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, en una imagen de archivo

María Macedo, una joven argentina que forma parte del Comité indicó que también van a realizar charlas y otras actividades. “Vamos a tener actividades de vigilia en defensa de Evo Morales (...) Nos vinimos hasta Lauca Ñ y aquí vamos a estar con varias actividades, pero también en la ciudad de Cochabamba donde haremos charlas desde el comité”, manifestó en entrevista con la emisora.

Sobre la protección del ex presidente, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, informó que existen tres anillos de seguridad y que el fin de semana se detuvo a 17 colombianos indocumentados presuntamente vinculados con su custodia. El operativo se realizó en un alojamiento en el Trópico de Cochabamba, donde también se encontró a bolivianos que serían parte de las vigilias que realizan los leales al expresidente.

“Se ha recibido información de que algunos ciudadanos (extranjeros) están brindando protección a quienes están siendo buscados por la ley, esto pone en entredicho la soberanía boliviana”, declaró Aguilera en el canal estatal Bolivia TV.

Manifestación de respaldo a Evo
Manifestación de respaldo a Evo Morales el 29 de octubre de 2024, en Paratoni, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

Morales enfrenta una orden de aprehensión por la investigación que lo acusa por trata de personas, por presuntamente haber embarazado a una menor de edad cuando era presidente. Por este caso, y tras haberse ausentado a declarar ante la justicia en dos ocasiones, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía, dictó su arraigo, la anotación de sus bienes y emitió una orden de captura.

Para evitar su aprehensión, el ex presidente está atrincherado desde finales de septiembre en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, donde goza del resguardo de sus seguidores. Según se vio en fotografías y videos, la “guardia sindical” protege al cocalero con cercos, palos y piedras.

“Las organizaciones sociales estamos firmes para defender su vida, aunque sea en fiestas, frío, lluvia, los compañeros vamos a seguir resguardando”, manifestó anteriormente el secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, en entrevista con Kawsachun Coca.

Crédito: Kawsachun Coca
Crédito: Kawsachun Coca

El caso que se investiga

El ex presidente fue imputado por trata de personas por haber presuntamente embarazado a una menor de edad el año 2016. La supuesta víctima, que entonces tenía 15 años, formaba parte de una organización juvenil del partido denominada “Generación Evo”.

Según documentación de la Fiscalía, la joven habría dado a luz a una niña el año 2016 a la que registró como hija de Evo Morales en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina. Por este caso están siendo investigados los padres de la joven, a quienes se acusa de haber actuado en complicidad para obtener favores políticos.

El ex mandatario no ha negado la comisión del delito pero lo atribuye a una estrategia del Gobierno para eliminarlo del escenario político. Según la fiscal asignada al caso, Sandra Gutiérrez, el líder cocalero puede enfrentar una pena de entre 10 y 15 años de prisión.