El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el ex mandatario Evo Morales fueron citados por un tribunal para comparecer como “testigos de descargo” en el juicio contra el líder opositor Luis Fernando Camacho, principal acusado en el caso denominado ‘golpe de Estado I’, según informó la agencia EFE.
La audiencia se programó para el 31 de marzo, y en caso de que los citados no se presenten, se autorizará su aprehensión, de acuerdo con la resolución judicial. Además de Arce y Morales, también fueron convocados el ex vicepresidente Álvaro García Linera y el ex ministro de Gobierno Carlos Romero, ambos figuras clave durante la gestión de Morales entre 2006 y 2019.
La solicitud de citación fue presentada por la defensa de Camacho, quien enfrenta cargos por terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas y asociación delictuosa, debido a su rol como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz durante las protestas poselectorales de 2019 que concluyeron con la renuncia de Morales a la Presidencia.
El abogado de Morales, Nelson Cox, declaró a EFE que “no correspondería” que su defendido acuda a declarar, al considerar que los sucesos en 2019 “son hechos que en su narración y documentación están plenamente acreditados” en el proceso judicial. Además, calificó la citación como parte de una “estrategia jurídica” de la defensa del acusado para introducir un “argumento dilatorio” cuando el juicio se encuentra en su fase final.
Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, donde un grupo de seguidores impide la ejecución de una orden de aprehensión emitida en su contra en un proceso distinto por trata de personas agravada.
El caso ‘golpe de Estado I’ se originó en 2020 tras la denuncia de una ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), que atribuyó la salida de Morales en 2019 a un golpe de Estado. Tanto el Gobierno de Arce como el MAS sostienen esta versión. En contraste, sectores opositores argumentan que la renuncia se produjo tras revelarse un presunto fraude electoral a favor de Morales en los comicios generales de ese año.
La ex presidenta interina Jeanine Áñez, quien asumió el poder tras la salida de Morales, también fue inicialmente acusada en el caso como cómplice. No obstante, en la audiencia inicial del proceso, celebrada en octubre de 2024, el tribunal decidió excluirla por haber sido ya juzgada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’, por el cual fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión.
Desde la oposición, persiste el reclamo de que ni Morales ni García Linera hayan declarado ante la justicia en relación con los hechos de 2019, y apuntan a Arce como uno de los principales beneficiados del desenlace de esa crisis, al haber llegado posteriormente a la Presidencia.
El juicio contra Camacho continúa en medio de fuertes tensiones políticas, con implicaciones que alcanzan a las más altas esferas del poder boliviano. La comparecencia o ausencia de Arce y Morales podría marcar un punto decisivo en el desarrollo del proceso judicial, que ha reavivado el debate sobre la legitimidad de los acontecimientos de 2019 y la independencia del sistema judicial en Bolivia.
(Con información de EFE)
