El Gobierno de Bolivia inició el proceso de deportación de tres ciudadanos irlandeses que estaban en el país en condición de turistas pero que tenían en su poder documentos de transferencias ilegales de tierra en el departamento amazónico del Beni, a nombre del estado ficticio de Kailasa.
La directora regional de la oficina de Migración, Andrea Miranda, informó que las tres personas se encontraban en la comunidad Cayubaba desde donde fueron traslados a Santa Cruz de la Sierra. " Se verificó que contaban con documentos firmados de transferencias de tierras benianas, algo ilegal. Hicimos las denuncias en el Ministerio Público para que sean expulsados. Ingresaron como turistas, incumpliendo las normas, porque llegaron con otro fin al país", explicó Miranda.
En paralelo, agentes migratorios de Santa Cruz realizaron una redada en un residencial en busca de otros miembros de la secta hindú que se presenta como un estado en busca de adquisición de tierras y no se descartan nuevas deportaciones.
Según una investigación realizada por el periódico El Deber, al menos tres pueblos indígenas de Bolivia firmaron acuerdos de arrendamiento de 480 mil hectáreas de tierras fiscales por “mil años” a cambio de una renta anual a una secta que se presenta como estado y que se denomina Estados Unidos de Kailasa.
Los documentos, firmados entre septiembre y noviembre de 2024, incluyen territorios de la nación Baure y las comunidades Cayubaba y Esse Ejja, ubicadas en los departamentos de Beni y Pando, en plena Amazonia boliviana.
Tras darse a conocer la ilegalidad de estos acuerdos, la Cancillería boliviana negó tener relaciones con el estado ficticio y aclaró que éste no está reconocido por la comunidad internacional. Según las leyes bolivianas, los pueblos indígenas pueden gestionar su territorio pero las relaciones con otros estados y el resguardo de la soberanía nacional son competencia exclusiva del Gobierno nacional.
En ese marco, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, indicó en una entrevista televisiva que se está haciendo una investigación sobre los acuerdos firmados entre dirigentes indígenas y los representantes de la secta. “El gobierno nunca ha avalado ni lo hará este tipo de contratos ocultos, que seguramente algunos malos ciudadanos que corresponden a este sector indígena pretendieron hacerlo. No tenemos una denuncia formal, pero el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Reforma Agraria han tomado conocimiento y acciones para sancionar este tipo de delitos”, manifestó.
Aunque el Gobierno de Bolivia negó tener relaciones con este supuesto estado o sus miembros, representantes de Kailasa estuvieron en un acto público con el presidente Luis Arce. De ese encuentro queda una fotografía en la que se ve al primer mandatario recibir un libro de manos de una mujer miembro de este grupo, durante la celebración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) el pasado 3 de octubre.
El supuesto estado se asemeja más a una secta religiosa que a un país. Según sus líderes, sus tierras se perdieron bajo el océano Índico, lo que llevó a su gente a buscar nuevos territorios. Detrás de esta trama está el autoproclamado dios hindú Swami Nithyananda, quien se presenta como “fundador” del país desde 2019 y que estuvo involucrado en denuncias de violencia sexual.
En búsqueda de tierras llegaron antes a Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, donde también llegaron a tener encuentros con funcionarios públicos y desataron polémica.
En Paraguay, un ministro fue destituido de su cargo en 2023 por haber firmado un acuerdo con Kailasa para recibir ayuda para su país. En 2024, un monje del supuesto estado se reunió en un acto oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la ministra ecuatoriana de medioambiente, que generó cuestionamientos y provocó un comunicado del Gobierno explicando el acercamiento. Pese a su inexistencia, representantes del estado inexistente lograron asistir a dos sesiones de la ONU en Ginebra (Suiza).
