El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la disolución de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), una entidad pública creada el año 2011 para la administración de dos juicios internacionales contra Chile, y planteó “una nueva etapa” en la relación con ese país.
Arce manifestó ayer que “los objetivos para los que fue creada (Diremar) ya llegaron a su final” y anunció una evaluación de los dos juicios que libró el país entre 2011 y 2022, relacionados con la demanda marítima y el uso de los recursos hídricos del río Silala.
Ambos procesos tuvieron resultados desfavorables para Bolivia. En 2011, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, rechazó la demanda marítima que buscaba obligar a Chile a negociar una salida al mar sobre la base de acuerdos anteriores. Los jueces, sin embargo, instaron a ambas naciones a continuar dialogando sobre el acceso al mar y los intereses mutuos.
Años más tarde, en diciembre de 2022, la CIJ concluyó que las aguas del río Silala son manantiales que nacen en Bolivia, pero su curso es internacional y que ambos países tienen derecho a usar equitativamente las aguas del afluente. Con este fallo, Chile obtuvo respaldo jurídico para el uso de los recursos hídricos que al inicio Bolivia reclamaba como propios.
“Bolivia tiene que conocer los detalles más importantes de estos juicios para comprender sus resultados”, manifestó el presidente y dijo que en base a esas decisiones “ingresaremos a una nueva etapa en la relación con Chile”. Sin embargo, aclaró que el derecho a obtener una salida soberana al mar seguirá siendo el tema “más importante” en la relación bilateral.
El primer mandatario destacó que en los últimos años, ambos países consiguieron acuerdos para agilizar el comercio exterior y garantizar el “libre tránsito” de personas y mercancías, la cooperación en turismo, derechos laborales de residentes bolivianos en el país vecino, además de acuerdo de lucha contra el crimen organizado, entre otros acuerdos.
Las determinación del Gobierno sobre Diremar se dio a conocer el 23 de marzo, durante el acto por el Día del Mar que conmemora la pérdida de Bolivia del departamento Litoral y el acceso al mar durante la Guerra del Pacífico (1879-1884).
La cuestión marítima ha sido el eje de tensión en las relaciones entre ambos países, que llegó a su punto más alto en 2013 cuando el ex presidente Evo Morales (2006-2019) interpuso una demanda en CIJ para recuperar el “acceso soberano” al mar. En ese contexto, Diremar fue creada para asumir la representación legal del Estado boliviano en el pleito jurídico.
La determinación de cerrar la institución generó varias reacciones, entre ellas la de Morales que lo considera una “renuncia” a la gestión del tema marítimo y escribió que “fue descuidado en casi cinco años de gobierno, cuestionable y reprochable desde el profundo sentimiento patriótico de defensa de nuestro territorio arrebatado y la soberanía nacional”.
Sin embargo, otros políticos y analistas celebraron la disolución de Diremar, principalmente por los gastos que implicaba su mantenimiento y la poca utilidad de su trabajo. “Hay que festejar que una burocracia ineficiente se cierra, porque no hicieron nada”, manifestó el economista Gonzalo Chávez. Con esa postura, coincidió el empresario Samuel Doria Medina que escribió que Diremar es “la prueba de la situación de obesidad del Estado: teníamos que gastar sueldos de funcionarios que ya no hacían nada”.
Según reportes de la prensa local, en 15 años, se destinaron al menos 30 millones de dólares para el funcionamiento de la entidad.
