
La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció este viernes que, desde hace más de 200 días, al menos cinco dirigentes políticos continúan “presos injustamente” y “nunca han recibido visita de sus familiares”.
A través de un comunicado en la red social X, la PUD afirmó que Freddy Superlano, Roland Carreño, Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Williams Dávila y Rafael Ramírez Colina son “inocentes” y están siendo víctimas de “violaciones sistemáticas” a sus derechos humanos.
En particular, Ramírez Colina, ex alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia (noroeste de Venezuela, fronterizo con Colombia), acumula 170 días en prisión sin acceso a visitas, lo que la PUD considera una violación flagrante de los derechos humanos.
“En Venezuela hay más de 890 presos políticos inocentes, quienes están sometidos a violaciones sistemáticas de DDHH (...) Denunciamos ante los organismos internacionales esta grave situación y exigimos su libertad y la de todos los presos políticos, y que cesen las violaciones a sus derechos”, exigió el bloque opositor.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también condenó las detenciones y recordó que, según el informe del Foro Penal, la cifra de detenidos por “razones políticas” asciende a 894 hasta el 17 de marzo. Este dato demuestra, según la organización, que “el patrón de persecución aplicado a la población civil a través de la vía judicial no ha cesado”.
Según Foro Penal, la mayoría de los presos políticos fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en un contexto de crisis política desencadenada por la controvertida reelección de Nicolás Maduro. Esta reelección fue proclamada por el ente electoral, bajo el control de rectores afines al chavismo, y es considerada fraudulenta por la PUD.
En línea con estas denuncias, la Misión Independiente de las Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos en Venezuela emitió un informe el pasado martes en el que describió las detenciones “arbitrarias” y la intensificación de la “represión” hacia la oposición tras la investidura de Maduro el 10 de enero de 2025.

El régimen de Maduro tachó de “engañoso” el informe de misión de ONU sobre “represión” poselectoral. En su canal de Telegram, el titular del Ministerio de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, llamó “seudomisión” al grupo de trabajo de la ONU al considerar que “se limita a reiterar las mismas falsedades propugnadas por sectores extremistas del país”, como suele llamar a la oposición.
“Una y otra vez, esta mal denominada ‘Misión de Determinación de los Hechos’, que nunca ha pisado suelo venezolano, evidencia que su único objetivo es promover un cambio de régimen que permita la explotación de Venezuela y sus recursos naturales”, afirmó el funcionario, a pesar de que la presidenta del grupo, Marta Valiñas, ha explicado que la misión no ha ido al país caribeño porque la Administración de Nicolás Maduro “no lo quiso” y “no permitió hacerlo”.
(Con información de EFE)