La Fiscalía General del Estado de Ecuador investiga a exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por presunto delito de asociación ilícita en el caso Ligados. Entre los hechos bajo indagación está la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022 – 2027, en aparente incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024. Los chats extraídos del celular de Augusto Verduga (alias MonicaErtl), que está fuera del país, revelan que los exconsejeros buscaban controlar la Superintendencia de Bancos y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), repartiendo cargos a cambio de apoyo político y utilizando recusaciones como estrategia para frenar decisiones adversas.
En varias conversaciones se menciona la necesidad de asegurar la permanencia de Raúl G. en la Superintendencia de Bancos. “Debe permanecer como Superintendente de Bancos mientras ‘ganan la presidencia’”, escribió Verduga. En otro chat, pidió ayuda a An (cuya identidad no ha sido revelada) para formular preguntas que pudieran debilitar a un postulante al cargo y mencionó que desde la Asamblea Nacional se garantizaría el respaldo a González a cambio de cargos en direcciones y subdirecciones de la institución.
En un grupo de chat, Verduga insistió en la importancia del control de la Superintendencia: “Por eso es importante el respaldo de la Asamblea, y que VV (Viviana Veloz, presidenta del Legislativo) no posesione al otro. Sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos”. También señaló la necesidad de una estrategia de comunicación efectiva para fortalecer su postura: “Siento que nos están ganando el relato”.
Los mensajes muestran que la entrega de cargos públicos era parte de su estrategia política. En una conversación, Verduga le indicó a Pantera Negra (identidad desconocida) que había solicitado favores a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, para colocar a dos personas en la institución a modo de retribución. En el chat “Jujitsu”, donde participaban los exconsejeros y ahora procesados Minerva (Yadira Saltos) y Justiciero (Eduardo Franco Loor), se habló sobre la designación de Vielka y Franco Loor dentro del Cpccs tras la destitución de un consejero. La influencia en la conformación del Cpccs quedó en evidencia cuando Verduga escribió: “Si presentamos bien la carpeta, estás dentro de la terna. Tenemos los votos para que seas designado”.
Otro de los objetivos era obtener control sobre el Tribunal Contencioso Electoral. En un chat con El Cónsul (cuya identidad se desconoce), Verduga escribió: “Recuperamos la mayoría en el Cpccs y debemos sostenerla; nos falta obtener el Tribunal Contencioso Electoral”. Para lograrlo, discutieron la posibilidad de presentar recusaciones contra jueces del TCE con el fin de dilatar los procesos en su contra. En otro mensaje, Franco Loor reforzó la estrategia: “Lo importante ahora es blindarnos con los jueces del Pleno del TCE, los jueces suplentes y ocasionales”.
Las conversaciones dejan en evidencia que los exconsejeros procesados no solo querían controlar estas instituciones, sino que planeaban estrategias jurídicas para retrasar decisiones en su contra. En una charla entre Verduga y Anita (identidad desconocida), hablaron de la idea de interponer una acción de protección para frenar el envío de ternas para la elección de vocales del Consejo de la Judicatura. “Todo será forzado, pero la idea es ganar tiempo”, admitió Verduga.
Uno de los momentos más tensos entre los exconsejeros procesados se dio cuando Verduga reprendió a Franco Loor por haber asistido al evento de posesión del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, advirtiendo que esto ponía en riesgo la estrategia política del grupo: “Justiciero: su presencia en ese acto fue un error monumental. Nos ha puesto en una situación extremadamente delicada. Estamos en medio de un proceso de posible destitución en el TCE debido a nuestra asociación con la RC (Revolución Ciudadana)...”, señaló.
Los chats evidencian cómo los exconsejeros procesados por asociación ilícita en el caso Ligados negociaban la entrega de cargos, influían en procesos institucionales y ejercían presión sobre jueces para evitar sanciones. También revelan la preocupación por su imagen pública y la búsqueda de respaldo mediático para sostener su narrativa, incluso buscando a voceros y periodistas afines a ellos. Se menciona a Alondra Santiago, Alexis Moncayo, Omar Jaén y Fabricio Vela. A este último lo insultan en el chat.
La Fiscalía continúa con la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y su posible participación en una estructura organizada que buscaba el control de entidades clave del Estado. Mientras tanto, la publicación de estos chats refuerzan la hipótesis de que los exconsejeros actuaban con una estrategia concertada para influir en la administración pública, asegurando cargos estratégicos, beneficiando a aliados políticos y maniobrando dentro del sistema judicial para protegerse de procesos en su contra.
