Cuando se conoció públicamente que Conexión Ganadera –el fondo ganadero más grande del país– tenía un déficit patrimonial cercano a USD 250 millones y no tenía dinero para pagarle a los ahorristas, el director de la firma Pablo Carrasco convocó a un streaming para dar explicaciones.
La primera convocatoria la canceló sobre la hora y, la segunda vez, dijo que la parte financiera del negocio estaba delegada en Gustavo Basso, el otro director de la firma que murió en un accidente de tránsito el 28 de noviembre.
Conexión Ganadera se dedicaba a captar el dinero de pequeños, medianos y grandes ahorristas y, con esos fondos, compraba ganado (o, al menos, esa era la promesa). A cambio pagaba una renta fija de al menos el 7%. Pero la caída de otras dos empresas del rubro primero desnudaron los números rojos de la empresa y que, en realidad, había esfumado el dinero de inversores.
Los directores de la empresa –Carrasco, su esposa y la viuda de Basso– fueron denunciados ante la Justicia penal, al tiempo que la Justicia Concursal decretó el concurso de esta firma.
Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, presentaron un escrito ante este ámbito para pedir que el síndico sea extremadamente puntilloso para verificar las deudas que Conexión Ganadera tiene con los ahorristas, informó El País. Según explican en un escrito, hay normas legales que permiten reducir el monto del pasivo, puesto que mucho de lo que se ha catalogado como una deuda en realidad no lo es, asegura.
El matrimonio explicó que hay una serie de cuestiones que parten de la “confusa situación provocada a partir de la desaparición física de quien se encargaba de la operativa financiera”. Gustavo Basso murió en un accidente de tránsito mientras manejaba su auto Tesla en la ruta 5 de Uruguay. El contexto de su muerte es investigado por la Fiscalía, que llegó a pedir un examen de ADN para confirmar la identidad de la persona muerta en ese siniestro. El estudio confirmó que era él.
Carrasco y Iewdiukow piden en el escrito que, cuando cada ahorrista se presente a verificar el crédito, se estudie al detalle el origen de los fondos. Si no lo puede acreditar, solicitan que esa deuda no forme parte del pasivo de la empresa.
En concreto, pide al síndico que los inversores que reclaman su dinero presenten: la fecha del contrato originario y fecha de renovaciones, si hubo retiro o los intereses devengados fueron capitalizados; la fecha en que se prestó o invirtió dinero con identificación de efectivo, documento bancario y/o transferencia realizada; intereses percibidos hasta la fecha de resolución del concurso; tasa de interés pactada y plazo pactado para la devolución del capital, entre otros datos, según consignó El Observador.
Además, el matrimonio informó que la empresa pagó en 10 años un total de USD 107.018.560 de intereses. “Además, se han abonado intereses a acreedores inversores que se han retirado de la operativa en estos últimos 11 años, los que se contabilizaban en las cuentas relacionadas precedentemente”, agrega el escrito que presentaron.
Los socios de la empresa pretenden que los pagos de esos intereses también se descuenten del pasivo de la empresa, ya que, según su criterio, amortizan el capital. Así, el pasivo se reduciría a cerca de USD 140 millones.
“Estas y otras cifras que deben ser analizadas pueden tener relación con el supuesto ‘provecho injusto’ que se nos endilga por parte de acreedores-denunciantes. Esos millonarios montos, y otros que fueron retirados junto a inversores y capital, determinan que no existió provecho de los comparecientes para sí ni para otros terceros que los propios denunciantes”, plantea Carrasco en el escrito.
