Es apenas un caserío enclavado en las profundidades de la cadena montañosa de Opalaca, en el occidente de Honduras. El lugar se llama La Cumbre de La Iguala. Fue ahí donde un diputado hondureño montó uno de los primeros narcolaboratorios capaces de producir clorhidrato de cocaína en Centroamérica. A finales de enero de 2014, gracias a datos provistos por un informante local, una unidad antinarcóticos intervino el lugar y capturó a dos colombianos que eventualmente fueron liberados. Investigaciones posteriores han determinado que una red de policías y fiscales trabajó para que no se descubriera a los narcos que en realidad estaban detrás del laboratorio, entre ellos el diputado y su hermano, entonces presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y un informe de inteligencia recién descubierto establece que algunos de aquellos oficiales siguen de alta y ocupan puestos de poder en el gobierno actual.
Según el informe, que se empezó a elaborar en los meses posteriores a la intervención en La Iguala y del que Infobae tiene copia, al menos cuatro oficiales de la PN protegieron a los colombianos Rubén Darío Pinilla y Fredy Hernán Roldán Jiménez, encargados de cuidar el narcolaboratorio. Esos oficiales son Josué Constantino Zavala Laínez -comandante zonal-, Mauricio Hernández Pineda, Javier Francisco Leiva Gamonedo, Kenneth Obdulio Sabillón Flores y José Edgardo Ayala López. Infobae confirmó la autenticidad del informe con dos altos oficiales del gobierno de Xiomara Castro y con un agente estadounidense que estuvo destacado en Honduras.
El líder de la red de narcotráfico que gestionaba el laboratorio era, dice el informe, Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, ambos ya condenados por narcotráfico en los Estados Unidos. Los socios de la empresa criminal eran, entre otros, Samuel Armando Reyes Rendón, quien fue mencionado como narcotraficante en el juicio a Juan Orlando realizado en Nueva York en febrero y marzo de 2024, y Tulio Armando Romero Palacios, un militar que fue escolta del expresidente Hernández y fue testigo de descargo en el juicio a su exjefe.
El asunto también toca a funcionarios actuales, como el general Gustavo Sánchez Velásquez, actual ministro de seguridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. A Sánchez el informe de La Iguala lo nombra como uno de los oficiales que encubrió el robo de todas las evidencias decomisadas en el narcolaboratorio. Infobae intentó comunicarse con el ministerio hondureño para obtener una reacción pero no hubo respuesta.
Sánchez Velásquez asumió como director de la Policía Nacional en el gobierno de Xiomara Castro, sucesora de Juan Orlando Hernández, en 2022. Tras una matanza en la cárcel de máxima seguridad para mujeres que costó el puesto a su antecesor en el despacho de seguridad pública, en junio de 2023, Sánchez fue nombrado ministro en medio de la polémica por aquella masacre, en la que luego se comprobó habían sido utilizadas armas y municiones asignadas a la policía.
La información de inteligencia, además, vincula a algunos de los oficiales implicados en el encubrimiento del narcolaboratorio de La Iguala con la planificación y ejecución, en 2009, del asesinato de Julián Arístides González, el zar antidrogas de Honduras.
El laboratorio donde todo empezó
La historia oculta de La Iguala da cuenta de cómo, desde hace una década, la cúpula policial hondureña ha estado involucrada con crímenes que van desde la protección de narcolaboratorios hasta la participación y encubrimiento de asesinatos.
El operativo que en 2014 desmanteló el laboratorio de La Iguala estaba a cargo de oficiales que debieron apelar al más estricto secreto para llegar hasta el lugar, decomisar la droga y arrestar a quienes ahí estaban. Cuando esos policías intentaron ahondar en la investigación, la red de oficiales que protegía a los narcos se activó para proteger al verdadero dueño de la operación para procesar droga, que no era otro que Tony Hernández, el hermano del presidente.
Las primeras pistas llegaron pocas horas después del decomiso. Los responsables del operativo bajaron del cerro, con algunas de las plantas decomisadas en el laboratorio, e intentaron entregar la prueba a los fiscales del Ministerio Público destacados en la ciudad de Gracias, capital del departamento de Lempira. Había desidia.
Pronto, por entrevistas hechas en el terreno, los investigadores se dieron cuenta de que los abogados que se habían hecho presentes en las oficinas del MP de Gracias para defender a los dos colombianos arrestados trabajaban para un bufete relacionado con Tony Hernández.
Todo esto ocurría en 2014, apenas unos días después de la asunción de Juan Orlando Hernández, el hermano de Tony, a la presidencia del país. Antes, Juan Orlando había sido presidente del Congreso, el puesto de poder político desde el que había empezado a ascender en otro terreno además del político, el del crimen organizado.
Años después, fiscales estadounidenses y centenares de documentos y testimonios demostrarían que los Hernández habían empezado sus carreras en el narcotráfico en los primeros años de la década pasada, y que el de La Iguala era uno de sus activos más relevantes. Tanto que los hermanos movilizaron todas sus influencias políticas y en la policía para bloquear la investigación del narcolaboratorio.
A Tony agentes estadounidenses lo detuvieron en Miami en noviembre de 2018. A él la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le seguía la pista desde al menos 2016. Tras detenerlo, los antinarcóticos norteamericanos ampliaron las investigaciones en Honduras y el asunto de La Iguala volvió a adquirir relevancia. En el marco de aquellas pesquisas, la inteligencia policial y militar hondureña, de la mano con sus pares destacados en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, apuntaron sus lupas a los oficiales que habían echado tierra al laboratorio de los Hernández.
Hoy, parte de aquellos archivos ha llegado a manos de Infobae. Uno de los asuntos que más llama la atención, en los informes, es la repetición de nombres de oficiales de la Policía Nacional, sospechosos desde al menos 2015 de participar en el encubrimiento de lo ocurrido en La Iguala.
Una red amplia para robar evidencias
Las investigaciones hondureñas por el narcolaboratorio de La Iguala nunca llegaron a buen puerto: el Ministerio Público, que durante casi una década estuvo al mando de un fiscal leal al expresidente Juan Orlando Hernández, enterró todas las investigaciones a los policías señalados de proteger a la red de narcotraficantes.
Los colombianos detenidos en el laboratorio sí pasaron algún tiempo en la cárcel, pero al menos uno de ellos, Rubén Darío Pinilla, salió de prisión unos meses después de los decomisos tras pagar tres millones de lempiras (unos USD 120,000) a oficiales corruptos.
En 2014, cuando el narcolaboratorio fue descubierto e intervenido, ya era fiscal general de Honduras Óscar Chinchilla, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se convirtió en uno de los principales aliados políticos del presidente Hernández. Chinchilla tapó las investigaciones, pero el asunto ya había llamado la atención de la DEA, que trabajó en silencio con algunos agentes hondureños y continúo recabando información.
Luego de la captura de Tony Hernández en 2018, la DEA extendió sus pesquisas y, por canales diplomáticos y administrativos, empezó a pedir información sobre los oficiales que aparecían como protectores directos del narcolaboratorio o como encubridores de los decomisos. Uno de los primeros nombres expuestos fue el del comandante Josué Constantino Zavala Laínez, el oficial que había bloqueado las primeras pesquisas en Lempira. A partir de ahí surgieron más nombres.
Los agentes de inteligencia ubicaron al comisionado Kenneth Obdulio Sabillón Flores como uno de los oficiales que llegó a Lempira en enero de 2014 para obstaculizar la investigación.
“El comisionado hizo acto de presencia el 31 de enero de 2014 (al lugar) donde se desmanteló un narcolaboratorio en la aldea La Cumbre en Iguala, Lempira. Según las investigaciones no formaba parte de ninguna autoridad, junto al comisionado… Zavala Laínez… se apropiaron de las evidencias encontradas en el narcolaboratorio… y es por esa razón que los fiscales no encontraron méritos para acusar a los detenidos”, dice el informe elaborado por la inteligencia policial.
No era la primera vez que el nombre de Sabillón Flores se relacionaba con un crimen. Antes, en 2009, otros dos informes de inteligencia, que en su momento fueron publicados en un amplio reportaje de The New York Times, ubicaron a Sabillón como uno de los autores intelectuales del asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González, que había sido planificado por el alto mando de la Policía Nacional en aquel entonces.
“No hay que perdonar a Arístides, ese si nos agarra nos dobla a todos”, se supone que dijo Sabillón Flores en una reunión en la que se planificó el asesinato.
Los informes más recientes, a los que Infobae ha tenido acceso, recuerdan la supuesta participación de Sabillón Flores en varios crímenes: “Está fichado por la participación en los asesinatos del director de lucha contra el narcotráfico y de Gustavo Alfredo Landaverde Hernández (un político que fue de los primeros en señalar públicamente la complicidad entre el narco y el poder político hondureño y fue asesinado en noviembre de 2011) …”.
También dice el reporte que Sabillón Flores participó en el aterrizaje de una narcoavioneta en Choluteca (sur de Honduras), que permitió la fuga del piloto colombiano que la dirigía, se apropió de la droga y luego quemó la aeronave. Sabillón ha negado varias veces todos estos señalamientos.
En 2014, cuando ya habían pasado cinco años del asesinato de Arístides González, el zar antidrogas, y a pesar de que había una investigación abierta en la Inspectoría General de la Policía Nacional, Sabillón Flores seguía activo, tanto que viajó hasta Gracias, Lempira, para esconder todo lo que había salido del narcolaboratorio de La Iguala.
Uno de los encargados de investigar lo que había pasado en La Iguala, en 2014, fue el oficial Gustavo Sánchez Velásquez. Una de sus misiones era esclarecer qué había pasado con las evidencias decomisadas que luego fueron robadas. El trabajo de Sánchez, al final, no arrojó resultados. El informe producido por el Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información de la Policía Nacional, que es nombre formal de la inteligencia policial, ubica a Sánchez como “cómplice del robo de evidencias del narcolaboratorio encontrado en la aldea La Cumbre en La Iguala, Lempira… Era el responsable de investigar el robo y aplicar las sanciones a los responsables”.
Sánchez Velásquez ha sido el ministro de seguridad en el gobierno de Xiomara Castro desde junio de 2023. Antes había sido director de la Policía Nacional y, como tal, encargado de las cárceles del país. Durante su gestión ocurrió la matanza de 46 mujeres en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Támara, en el centro del país. Investigaciones de la inteligencia policial y de especialistas forenses han determinado que la mayoría de las asesinadas en esa masacre habían sido impactadas con municiones que eran propiedad de la policía.
En el caso del narcolaboratorio de La Iguala, el Ministerio Público y policías de alto rango, como el que ahora es la máxima autoridad en seguridad pública de Honduras, apenas investigaron. Y uno de los implicados en la desaparición de la evidencia que vinculaba el lugar con el entorno del expresidente Hernández ya había participado antes en uno de los asesinatos que más impactó al país en los años en que política y narcotráfico convivían sin tropiezos, el del zar antidrogas.
