El presidente uruguayo Yamandú Orsi resolvió vivir en su casa en el balneario Salinas y va a utilizar la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el barrio Prado de Montevideo, solo para reuniones o estadías puntuales. En ese lugar, este miércoles se encontró con dos de los funcionarios más cercanos del gobierno: el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz.
Uno de los temas que estuvo sobre la mesa en ese encuentro fue la renegociación con el consorcio Aguas de Montevideo, que tiene adjudicada la megaobra para hacer una toma de agua y una planta potabilizadora en el Río de la Plata. El contrato con este grupo de cinco empresas fue firmado sobre el final de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando Orsi ya había ganado las elecciones, y fue una de las polémicas de la transición entre las dos administraciones.
El Proyecto Neptuno está pensado para Arazatí (departamento de San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería.
Orsi detalló en una rueda de prensa que en la reunión de este miércoles tuvieron “todos los elementos sobre la mesa”. El presidente informó que ahora planteará este asunto en el Consejo de Ministros, que se reunirá en los “próximos días”, dijo, sin ser demasiado preciso.
El mandatario señaló que hay un margen de maniobra en el contrato. “Hay un contrato que es fundamental y después hay alguna carta donde aparecen intenciones que hablan de la voluntad de sentarse a conversar. No mucho más que eso. Como en Uruguay nos conocemos todos, además, yo creo que hay salida”, señaló el presidente a los medios.
Orsi señaló que cree que el consorcio está dispuesto a sentarse a negociar. “Además del contrato, hay una especie de nota donde se plantea la posibilidad de sentarse a analizar, más allá de lo que dice el contrato, que es lo que nos rige”, agregó.
El consorcio privado está dispuesto a escuchar los planteos del nuevo gobierno sobre esta renegociación. El director de la empresa Saceem y vocero de Aguas de Montevideo, Alejandro Ruibal, señaló que el contrato es “claro” pero que aún así los privados están dispuestos a buscar “algunas mejoras”.
“Todo contrato tiene cláusulas que permiten desde la recesión hasta la renegociación. Es claro lo que manifestaron de la voluntad de renegociar. Nosotros estamos esperando que nos convoquen. Vamos a ir de la mejor manera, con la mejor voluntad, a defender lo que entendemos que tiene de buen el proyecto y con la máxima apertura para corregir eventualmente las cosas que haya que corregir”, dijo Ruibal este miércoles, en una rueda de prensa.
Los privados están dispuestos a “ayudar a resolver este tema” y a plantearle al nuevo gobierno diferentes alternativas para que el proyecto se concrete.
Días atrás, el secretario de la Presidencia, dijo en el programa En Perspectiva que el nuevo gobierno cuestiona la ubicación de la obra, los “impactos ambientales” que traería, la “solución” que genera y el “financiamiento” que se estableció. Sánchez aclaró que el Estado uruguayo va a respetar el contrato firmado porque lo considera “parte de las reglas de juego”.
El secretario de Presidencia recordó que se le pidió al gobierno anterior que “no firmara” el contrato.
En 2023, el suministro de agua potable en Uruguay estuvo seriamente comprometido. El líquido comenzó a salir salado de los grifos y el Gobierno inició una cuenta regresiva sobre los días que faltaban para que el recurso excediera los niveles de cloro aptos para el consumo humano. También hubo que apurar medidas paliativas para encontrar otras reservas de agua dulce.
