
El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba anunció este lunes la culminación del proceso de excarcelación anticipada de 553 presos, entre ellos los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
La vicepresidenta del TSP, Maricela Sosa Ravelo, declaró en la televisión estatal que el proceso se realizó en dos fases: 378 liberaciones en enero y 175 en febrero. No obstante, el propio régimen ha dejado claro que estos prisioneros no han sido verdaderamente liberados, sino que permanecen bajo vigilancia y restricciones arbitrarias.
Los excarcelados están obligados a comparecer regularmente ante un juez, acatar sanciones accesorias y asumir responsabilidades civiles impuestas por la dictadura. Cualquier incumplimiento podría implicar su inmediato regreso a prisión.
Según el régimen, la excarcelación fue una “decisión unilateral”, pero informes de Estados Unidos aseguran que la medida respondió a una mediación del Vaticano y que entre los excarcelados hay manifestantes del 11 de julio de 2021, día en que miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y el fin de la dictadura.

Esas protestas fueron brutalmente reprimidas con cientos de detenciones y condenas ejemplarizantes.
La organización Justicia 11J expresó su preocupación ante el anuncio del régimen, señalando que la información oficial confirma su sospecha de que el proceso continuó en secreto entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
Según la ONG, hasta ahora han verificado la identidad de 193 personas excarceladas, además de 9 que ya cumplían sanciones bajo el régimen de excarcelación, lo que suma un total de 202 presos políticos liberados. El resto de los excarcelados son reclusos comunes.
Además, Justicia 11J advirtió que el régimen impone condiciones a los excarcelados, quienes deben “mantener un comportamiento social acorde con nuestras normas socialistas”, lo que en la práctica significa que pueden ser detenidos nuevamente si las autoridades lo consideran oportuno.
La ONG exigió transparencia y rendición de cuentas sobre este proceso, así como la publicación del listado oficial de beneficiados y los criterios de selección. También instó a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a actuar con urgencia para garantizar que estas excarcelaciones no sean utilizadas como un instrumento de propaganda del régimen.
El periodista independiente José Raúl Gallego también denunció en sus redes sociales que, según datos de organizaciones de la sociedad civil cubana, de los 553 excarcelados, solo alrededor de 200 eran presos políticos, mientras que el resto eran reclusos comunes.
Gallego también alertó que el régimen mantiene en prisión a más de 900 presos políticos y continúa fabricando nuevos casos para reprimir a la oposición. Además, advirtió que las autoridades cubanas persisten en sus amenazas de revocar la excarcelación a quienes incumplan sus condiciones arbitrarias.
“El régimen cubano acaba de decir en el Noticiero que concluyó el proceso de excarcelación de 553 prisioneros anunciada el 14 de enero”, escribió Gallego en Facebook. Luego enfatizó: “Los presos políticos van a salir cuando el pueblo los saque de las cárceles. No hay otra vía”.
El proceso se anunció el 14 de enero, apenas horas después de que Washington, en los últimos días de la Administración Biden, decidiera por sorpresa excluir a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que tiene importantes consecuencias financieras para la isla.
Con la llegada a la presidencia de EEUU de Donald Trump, Cuba regresó a la lista de países patrocinadores del terrorismo y, según algunas ONG, el proceso se pausó. La semana pasada esas mismas organizaciones indicaron que parecía que las excarcelaciones se habían reactivado.

A pesar de las peticiones de transparencia, el régimen cubano no ha publicado una lista oficial de los beneficiados.
Mientras tanto, organizaciones como Prisoners Defenders y Justicia 11J han documentado la salida de cerca de 200 presos políticos, aunque también se ha liberado a reclusos comunes, lo que diluye la atención sobre los casos de opositores encarcelados injustamente.
Entre los opositores liberados destacan José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos víctimas de la ola represiva conocida como la “primavera negra” de 2003, cuando el régimen encarceló a 75 disidentes.
Sin embargo, importantes figuras de la disidencia como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo continúan tras las rejas, lo que demuestra la selectividad del régimen en su estrategia.
La Habana no reconoce tener en sus cárceles presos por motivos políticos pese a las denuncias de ONG como Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Justicia 11J y Prisoners Defenders. Según las dos últimas hay hasta más de un millar de presos políticos en la isla.
(Con información de EFE)