El asesinato de tres menores de edad en menos de una semana en Bolivia causó conmoción por la proximidad de los hechos, pero estos infanticidios no responden a hechos aislados el país. Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas (OBSCD) hubo un promedio de 40 infanticidios por año en el último lustro.
En 2024, el 58% de los infanticidios fueron ejecutados las personas que debían cuidar de los niños: sus padres (31%), sus madres (29%) y sus padrastros (15,7%). De igual forma, el informe revela que siete de cada diez víctimas era menor de cinco años, la etapa más indefensa de la niñez.
Según este reporte, presentado a inicios de enero, el año con la mayor cantidad de infanticidios (51) fue 2020, cuando se dictó cuarentena por la pandemia de coronavirus y posteriores restricciones en las actividades públicas. Desde marzo de aquel año, los menores dejaron de salir de sus casas y paradójicamente, cuando se liberaron algunas limitaciones en las salidas, el Gobierno decidió suspender el año escolar dejando a los niños sin la posibilidad de asistir a clases ni recibir educación virtualmente.
“El hogar ha sido históricamente el lugar de mayor riesgo de violencia para la infancia”, explicó Mariel Paz, ex delegada de la Defensoría del Pueblo en Tarija y experta en derechos humanos. Agregó que la sociedad boliviana es particularmente violenta con las mujeres y los niños y que, en el tiempo de pandemia, con las escuelas cerradas, los menores “quedaron totalmente aislados de cualquier contacto fuera de la familia que pueda darles un ‘salvavidas’”.
A partir de 2020, hubo un descenso sostenido de los infanticidios hasta 2023 cuando se registraron 25 casos pero un año más tarde subieron a 38.
La principal causa de muerte identificada fue la asfixia, que ocurrió con el 42% de las víctimas, seguida por golpes con un 26,32%. Le siguen las muertes por intoxicación con sustancias, las causadas por heridas de arma blanca, por arma de fuego y por quemaduras.
El Observatorio reportó que de los 33 casos abiertos ante la justicia, solo 18% había llegado a sentencia y los demás estaban en distintas fases del proceso penal. En Bolivia el delito de infanticidio tiene una condena de 30 años sin derecho a indulto.
Tres casos en una semana
Entre el 1 y el 5 de marzo en Bolivia, tres infanticidios causaron conmoción en la población y pusieron sobre la mesa de debate el rol del Estado con la niñez. Se trata de una niña de dos años, otra de uno y un menor de cuatro. Dos fueron en Santa Cruz y el tercero en un municipio rural de La Paz.
En los tres casos los menores de edad fueron muertos a golpes por sus padres o padrastros y llevados a centros de salud a donde llegaron sin signos vitales. “No puede ser que todos los días seamos testigos a nivel complicidad, de las barbaridades que les pasan a los menores y que no haya presupuesto para evitar esto. Si ellos son el futuro, no podemos seguir sin la existencia de guarderías públicas, no se puede seguir sin posibilidades reales de dejar a un bebé en centro de acogida de la forma más digna posible. No puede ser que si la legislación, que obliga a continuar con embarazos no deseados, no contemple un Estado que acompañe esta tortura”, escribió la politóloga Susana Bejarano en su cuenta de Facebook.
Mariel Paz añadió en diálogo con Infobae que en el Estado boliviano hay un gran déficit de políticas de protección a la infancia, lo que incrementa el riesgo al que están expuestos. La especialista propone que desde las políticas públicas se trabaje en varios frentes de manera simultánea y que las escuelas y los centros de salud sean instituciones de alerta temprana para detectar y denunciar señales de violencia física y emocional en la infancia.
