El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil podría decidir esta semana, o a más tardar en las próximas, si lleva a juicio al ex presidente Jair Bolsonaro o desestima la denuncia recibida en febrero por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). El pasado viernes, los abogados de Bolsonaro presentaron su documento de defensa ante el STF, tal y como exige la legislación brasileña. Los otros 33 denunciados junto con el ex presidente, todos acusados de participar en un intento de golpe de Estado, también enviaron sus argumentos para convencer a los jueces de no seguir adelante con el juicio.
Dos días antes, el mismo STF archivó la investigación contra el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), por supuesta omisión en la represión de los actos de invasión y vandalismo contra los palacios del poder en Brasilia, el 8 de enero de 2023. En cuanto a Bolsonaro, en un documento de 129 páginas, su defensa negó que el ex presidente haya participado en el plan, exigió que la denuncia no sea aceptada por el STF y que, si eso ocurre, el caso sea juzgado por los once ministros del STF y no solo por el I Colegio de cinco jueces, como está previsto actualmente.
La defensa del ex presidente también ha pedido la anulación de la confesión y del acuerdo de culpabilidad del teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, que fue el punto de inflexión del caso. “Se trata de una colaboración premiada, viciada por una absoluta falta de voluntariedad y marcada por mentiras, omisiones y contradicciones”, dijeron los abogados, en referencia a las dos citaciones de Cid al STF para explicar sus declaraciones.
La primera se produjo después de que la revista Veja publicara transcripciones de audio en las que Cid afirmaba haber confesado porque fue coaccionado por la Policía Federal y se quejaba de la gestión del caso por parte de Moraes. La segunda citación se produjo después de la acusación de Bolsonaro por la Policía Federal el 21 de noviembre de 2024. En cuanto a los audios filtrados, el teniente coronel se justificó diciendo que eran sólo exabruptos. Después de la acusación, cambió su versión de lo que se dijo en el acuerdo de culpabilidad, después de que la Policía Federal informó de “omisiones”.
“¿Qué versión debemos creer?”, se preguntan en el documento los abogados de Bolsonaro, que no quieren a Moraes como juez del caso. Argumentan que para garantizar un juicio justo a su cliente es necesario establecer una especie de “juez de garantías”. Se trata de una figura creada en 2019, durante el propio gobierno de Bolsonaro, para que el juez encargado del caso investigado no sea el mismo responsable de sentenciar.
Los abogados del ex presidente también calificaron de genéricas las acusaciones de la PGR, que al tratar el supuesto intento de golpe incluyó también otros episodios ocurridos a partir de 2021 que, según la fiscalía, habrían culminado en el plan golpista. La ruptura institucional de Bolsonaro con sus críticas al sistema electoral brasileño habría tenido lugar en 2021, culminando con la invasión y saqueo de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023. Según los abogados, se trata de acusaciones generales en las que no se han individualizado los delitos, lo que dicen imposibilitaría su trabajo.
Los abogados del ex presidente también afirman en su documento que no hay mensajes ni pruebas que vinculen a Bolsonaro con los hechos del 8 de enero, argumentando que “un golpe de Estado requiere el uso de violencia o amenazas graves, capaces de impedir o limitar el ejercicio de los poderes constitucionales, lo que no ocurrió“.
En esa fecha, Bolsonaro se encontraba en Florida, donde llegó el 30 de diciembre de 2022 para permanecer hasta el 30 de marzo de 2023. ”Incluso si se criticaran los discursos, declaraciones, entrevistas y transmisiones en vivo de Jair Bolsonaro, o se censurara el contenido de las reuniones mantenidas con comandantes y asesores militares, tales hechos no pueden confundirse en lo más mínimo con actos de ejecución (del golpe)”, escribieron sus abogados en el documento presentado al STF.
Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa y Casa Civil de Bolsonaro, también expuso su defensa. En la denuncia de la PGR, el general es descrito como uno de los principales responsables del grupo golpista por haber financiado la operación para asesinar al juez Moraes, así como a Lula da Silva y a su adjunto Geraldo Alckmin, y por haber actuado como intermediario con los partidarios radicales de Bolsonaro acampados frente a cuarteles en todo el país, especialmente en Brasilia. Para sus abogados, la acusación golpista es “ilógica” y “fantasiosa”.
La denuncia de la PGR también dice que el ex ministro de Bolsonaro supuestamente discutió en una reunión en su casa con algunos “Kids Pretos”, soldados de las Fuerzas Especiales, el plan para el ataque. Según la defensa de Braga Netto, “no hay hechos concretos que demuestren que este asunto fue realmente discutido en la residencia del ex ministro. Son sólo suposiciones”.
Braga Netto también arremetió contra la confesión de Mauro Cid. “Su palabra es incoherente, falsa y todo el proceso de su acuerdo está lleno de ilegalidades”, afirmaron sus abogados. También se criticó al juez Moraes que, según la defensa, se había “extralimitado mucho de lo que permite la ley”. Los abogados del ex ministro de Justicia Anderson Torres también se quejaron ante el STF de que su cliente sólo fue denunciado por formar parte del gobierno del ex presidente. “Este hecho, sin embargo, obviamente no constituye ningún delito. Del mismo modo, cualquier espíritu de cuerpo o incluso el deseo del acusado de que el ex presidente Bolsonaro permanezca en el poder no constituye un delito”.
Sus abogados también niegan la autenticidad de la supuesta ”mala copia del golpe” encontrada en la casa de Torres, en la que se hablaba de la anulación de los resultados de las elecciones de 2022 y de una intervención en el Tribunal Superior Electoral (TSE). “Una simple lectura del contenido ya revela el absurdo en cuanto a la ubicación, los medios, la forma, el objeto y los requisitos constitucionales del Estado de Defensa. No tiene absolutamente ningún sentido”, escriben sus abogados. Para la defensa del ex director de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) Silvinei Vasques, también denunciado por la PGR por el supuesto plan golpista, “ningún elector fue impedido de votar en 2022”. Vasques fue acusado específicamente de empujar a la PRF a bloquear autobuses con electores en el nordeste del país, conocida cuenca electoral del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en la segunda vuelta para impedir su voto.
La mayoría de los documentos presentados por los acusados para defenderse denuncian que no tuvieron acceso a todas las pruebas de la investigación contra ellos, como la versión íntegra de las conversaciones extraídas por la Policía Federal de sus teléfonos móviles incautados. En total, los documentos que el STF recibió de la PGR constan de cerca de 3.000 páginas divididas en 18 volúmenes. En los documentos de defensa de los denunciantes, otro punto común es la crítica de los abogados a la imparcialidad del juez del caso en el STF, Alexandre de Moraes, ya que es a la vez víctima y juez. El punto principal de la denuncia consiste, de hecho, en la supuesta operación para matar al presidente Lula, a su adjunto Geraldo Alckmin y precisamente al propio Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Según el STF, sin embargo, la acusación de conflicto de intereses no existe porque el tribunal considera víctima de actos antidemocráticos a todo el Estado y no a un solo individuo.
Sin embargo, el probable juicio que el STF podría abrir contra Bolsonaro y los otros 33 acusados en las próximas semanas, si no incluso en esta, no detiene al ex presidente, sino que, por el contrario, refuerza su agenda política, empezando por las manifestaciones convocadas para el próximo domingo 16 de marzo en Río de Janeiro y luego el 6 de abril en San Pablo. El objetivo de la movilización, que luego continuará con una caravana que recorrerá todo Brasil, es presionar para que se apruebe el proyecto de ley de amnistía para los cientos de detenidos por los sucesos del 8 de enero y también para los acusados por la supuesta intentona golpista, como el propio Bolsonaro.
Inevitable también es la referencia política a las próximas elecciones presidenciales de 2026, en las que también se elegirán gobernadores y parlamentarios. Aunque Bolsonaro es actualmente inelegible para la justicia brasileña hasta 2030, una posible ley de amnistía podría barajar de nuevo las cartas. El ex presidente ya ha dicho que apoyará a varios diputados de centroderecha para 2026. Entre ellos están sus hijos Eduardo y Flávio. “Queremos viajar por todo Brasil para demostrar la importancia de la amnistía, nuestra prioridad. Pero también queremos ¡fuera Lula! ¡Este gobierno está acabado! No es que si no paramos a Lula, él parará a Brasil. Lo que estamos viendo es que si no detenemos a Lula, él destruirá Brasil", dijo el líder de la oposición, el diputado Luciano Zucco, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Mientras tanto, el líder del PT en la Cámara, Lindbergh Faria, y el diputado, siempre del PT Rogério Correa, exigieron la semana pasada en la PGR que a Bolsonaro se le coloque un brazalete electrónico y se le prohíba acercarse a embajadas en Brasil y salir de Brasilia “sin autorización judicial” por “riesgo de fuga”.
