Una de las principales polémicas de la transición entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y el de Yamandú Orsi fue la construcción de una megaobra para el abastecimiento del agua potable sobre el Río de la Plata. El gobierno saliente firmó, en los últimos días de su mandato, el contrato para que la construcción se concretara, pero la administración entrante renegociará el contrato.
La firma entre el Estado uruguayo y el consorcio internacional se concretó a fines de enero, a falta de algo más de un mes para que termine el mandato de Lacalle Pou. El Proyecto Neptuno está pensado para Arazatí (departamento de San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería.
El proceso estuvo lleno de idas y vueltas porque, a las críticas del Frente Amplio, se le sumaron el rechazo de movimientos sociales. Además, hubo una decisión judicial –que fue desestimada por un Tribunal de Apelaciones– que hizo detener por un tiempo la firma del contrato. El argumento de los recursos judiciales presentados es que la Constitución uruguaya establece que el suministro del agua debe ser realizado por el Estado.
El nuevo secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que la obra todavía no ha comenzado e informó este lunes que los nuevos jerarcas van a renegociar el contrato. “Hay que renegociar un contrato. Hay un consorcio que tiene un contrato con el Estado y que tiene que empezar a ejecutar. Y hay un Estado que le está diciendo que queremos renegociar ese contrato. Nos sentaremos en una mesa a negociar ese contrato”, dijo el funcionario, que tiene un cargo similar al de un jefe de gabinete.
En el programa En Perspectiva, Sánchez dijo que el nuevo gobierno cuestiona la ubicación de la obra, los “impactos ambientales” que traería, la “solución” que genera y el “financiamiento” que se estableció.
Todavía no hubo ninguna reunión entre el nuevo gobierno y los privados por la iniciativa, aunque sí hubo contactos informales, informó este martes el diario El País. Las empresas esperan que se produzca una comunicación de parte de las nuevas autoridades y que acuerden encontrarse. Los empresarios suponen que esto sucederá después de que asuman las autoridades de OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua.
Sánchez aclaró que el Estado uruguayo va a respetar el contrato firmado porque lo considera “parte de las reglas de juego”. Esto, señaló, no implica que no se pueda volver a negociar. El secretario de Presidencia recordó que se le pidió al gobierno anterior que “no firmara” el contrato.
Incluso el presidente Yamandú Orsi cuestionó, antes de asumir, la firma del acuerdo. “Le transmití al presidente de la República, le mandé una nota, con mi posición concreta. Tiene que ver con la discrepancia en el sentido de la oportunidad de que se firme. Hay un tema de contenido y ahí nosotros hemos planteado cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, que se firme faltando tan poco para un cambio de gobierno”, señaló.
En 2023, el suministro de agua potable en Uruguay estuvo seriamente comprometido. El líquido comenzó a salir salado de los grifos y el Gobierno inició una cuenta regresiva sobre los días que faltaban para que el recurso excediera los niveles de cloro aptos para el consumo humano. También hubo que apurar medidas paliativas para encontrar otras reservas de agua dulce.
