La Policía Nacional de Ecuador ha ejecutado un nuevo golpe contra el crimen organizado con la detención de 335 personas en el marco de la Operación de Alto Impacto 2, llevada a cabo entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2025.
Este operativo nacional se centró en la identificación y captura de sujetos vinculados a delitos como tráfico de drogas, sicariato, secuestro, robo de vehículos, tráfico de armas y municiones, violación, asociación ilícita y otros actos criminales que afectan la seguridad ciudadana.
La intervención se desarrolló en distintos puntos del país, con 829 operativos que resultaron en la incautación de 159 armas de fuego, 739 cartuchos de diferentes calibres, 268,98 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, 80 vehículos retenidos, 124 vehículos recuperados, 191 motocicletas retenidas y 154 motocicletas recuperadas. Además, se decomisaron 868 galones de combustible, 102 tacos de dinamita y dinero en efectivo.
De los 335 detenidos, 158 fueron aprehendidos en flagrancia y 177 tenían boletas de captura. Entre ellos, 140 estaban involucrados en el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, 25 en la tenencia y porte ilegal de armas de fuego, 17 en estafa, 16 en tráfico ilícito de drogas y 14 en asociación ilícita.
Además, se detuvo a seis personas por asesinato, cinco por violación de propiedad privada y cuatro por lesiones. Las capturas se produjeron tras un trabajo coordinado de inteligencia y patrullajes preventivos en distintas provincias.
El informe policial señala que estas detenciones representan un avance en la desarticulación de redes criminales que han incrementado su actividad en los últimos meses, en medio de un contexto de violencia y disputas entre grupos organizados.
Las operaciones de seguridad han sido una prioridad en la estrategia del Gobierno ecuatoriano para contrarrestar el poder de las mafias que operan en el país. A estos operativos se suma la reciente intervención militar y policial en Playas y Posorja, donde el Bloque de Seguridad desplegó 1.000 uniformados con el objetivo de debilitar a Los Choneros y Los Lobos, organizaciones criminales que tienen presencia en la zona y que han sido señaladas por su participación en extorsiones a pescadores y actividades de microtráfico.
La operación del bloque de seguridad, que inició la madrugada del 3 de marzo, dejó ocho detenidos por los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Se les incautó armas de fuego, alimentadora, y cartuchos, armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización, radios de comunicación y dinero en efectivo. Además, se desarticuló 2 centros de monitoreo de grupos criminales, según informó el Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien supervisó personalmente el operativo en Playas, declaró que el objetivo es impedir que estos grupos criminales pasen a la siguiente fase de su plan, que podría incluir atentados violentos en las próximas semanas. Según informes de inteligencia, estas organizaciones buscan reorganizarse y aumentar la violencia en sectores estratégicos antes del balotaje presidencial de abril, en un patrón similar al observado en enero, cuando se registraron ataques simultáneos en varias ciudades del país.
Otra de las intervenciones recientes que ha marcado la lucha contra el crimen organizado fue la operación en Durán, donde las Fuerzas Armadas capturaron a dos sicarios de los Chone Killers.
Tras su detención, se ejecutaron allanamientos en varias viviendas donde se encontraron más integrantes de la banda, armas de fuego, municiones y drogas listas para su distribución. En Portoviejo, en el sector Ciudad Perdida, 500 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta ejecutaron un operativo de gran escala que permitió la incautación de explosivos, dinero en efectivo, cámaras de videovigilancia utilizadas por las mafias y altares de la Santa Muerte, un elemento común en las organizaciones delictivas que operan en el país.
Estos operativos se han centrado en las llamadas “zonas semaforizadas”, regiones identificadas como puntos de alta peligrosidad debido a la presencia de grupos criminales que disputan el control territorial.
