La cuestión de la regulación de las redes sociales en Brasil se ha convertido en un campo de batalla diplomático entre el gigante latinoamericano y Washington. A acabar en la picadora de carne de la polémica fue el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, atacado el miércoles pasado en X directamente por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, que alertó al Gobierno brasileño sobre la aplicación de sanciones a las empresas con sede en el país, como las big tech, sin especificar, sin embargo, cuáles. “El respeto a la soberanía es una vía de doble sentido con todos los socios de EEUU, incluido Brasil. Bloquear el acceso a la información e imponer multas a empresas con sede en Estados Unidos por negarse a censurar a sus habitantes es incompatible con los valores democráticos, incluida la libertad de expresión”, reza el texto en X.
El tira y afloja había comenzado el pasado 21 de febrero, cuando Moraes hizo suspender la plataforma Rumble en Brasil por incumplimiento de una orden del STF. Moraes había solicitado que la empresa nombrara un representante legal en Brasil, pero esto no ocurrió. A principios de febrero, el STF había pedido a la plataforma que bloqueara el perfil de Allan dos Santos. Se trata de un bloguero bolsonarista, que huyó a Estados Unidos y está prófugo de la justicia de su país. Santos está siendo investigado en Brasil por supuesta difusión de noticias falsas e insultos a los jueces del STF. Todos sus perfiles en las principales redes sociales habían sido bloqueados por decisión de Moraes. De ahí la decisión de Santos de pasarse a Rumble. El 9 de febrero, esta plataforma recibió la petición del STF de bloquear el perfil de Santos, con una multa diaria de 50.000 reales (algo más de 8.000 dólares al día) si la orden fuera ignorada. La respuesta del director general de la empresa no se hizo esperar. Chris Pavlovski declaró en X que no acatará las órdenes de Moraes. “En cambio, nos reuniremos en los tribunales. Atentamente, Chris Pavlovski”, escribió. La referencia a los tribunales se debe a que Moraes es objeto de una demanda en Estados Unidos por supuesta violación de la soberanía estadounidense. La demanda fue presentada por Rumble y Trump Media, una empresa vinculada al presidente Donald Trump.
Por si fuera poco, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también aprobó en los últimos días un proyecto de ley en el Congreso, la “Ley de no censura en nuestra costa” (“No Censor on Our Shore Act” en inglés), que prevé la cancelación de visados y la deportación de funcionarios extranjeros que censuren a empresas o ciudadanos estadounidenses. Durante el debate, los políticos republicanos se refirieron explícitamente al bloqueo de 39 días de X por Moraes el año pasado como inspiración para el proyecto de ley. En Washington, el comité judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, por decisión de su presidente, el republicano Jim Jordan, también ha ordenado a las big tech que envíen cualquier comunicación de Gobiernos extranjeros que impongan “censura”. Las empresas demandadas son Alphabet, cuya principal subsidiaria es Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok y X. Incluso el magnate de X, Elon Musk, ha intervenido en el asunto proponiendo confiscar los bienes que Moraes posee en EEUU, mientras que la base más radical del Partido Republicano ha comenzado a criticar a Brasil y a denunciar una supuesta dictadura.
Moraes lleva mucho tiempo en el ojo del huracán, tanto dentro como fuera de Brasil. Juez en el proceso contra Bolsonaro por el supuesto golpe de Estado, desde su etapa como presidente del Tribunal Superior Electoral (STE) ha intervenido para contrarrestar el riesgo de desinformación, no sin críticas. The Economist Intelligence Unit (EIU), la división de investigación y análisis de la revista británica The Economist, anunció ayer mismo que Brasil había bajado seis puestos en su Índice de Democracia 2024, hasta el lugar 57, y citó entre las razones la decisión del STF de bloquear X, así como nuevos detalles sobre los atentados del 8 de enero 2023, cuando los palacios del poder en Brasilia fueron asaltados y saqueados por bolsonaristas descontentos con el resultado electoral que había llevado a Lula a la presidencia.
Las reacciones de Brasilia a las declaraciones de Washington no se hicieron esperar. La primera fue de la persona directamente afectada, el juez Moraes. “Dejamos de ser una colonia el 7 de septiembre de 1822 y, con coraje, estamos construyendo una república independiente y cada vez mejor, independiente y democrática. Y construyéndola con coraje”, dijo. A continuación, tomó la palabra el Gobierno de Lula. En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty, el Ejecutivo dijo estar “sorprendido” por las declaraciones de Washington. “El Gobierno brasileño rechaza firmemente cualquier intento de politizar las decisiones judiciales y subraya la importancia de respetar el principio republicano de independencia de poderes, consagrado en la Constitución Federal brasileña de 1988”, dice el texto. Itamaraty también señala cómo “la declaración del Departamento de Estado distorsiona el significado de las decisiones del Supremo Tribunal Federal, cuyos efectos pretenden garantizar la aplicación, en el territorio nacional, de la legislación brasileña pertinente, incluida la obligación de designar representantes legales para todas las empresas que operan en Brasil”.
“La libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el ordenamiento jurídico brasileño, debe ejercerse en Brasil respetando las demás normas jurídicas vigentes, en particular las de carácter penal”, concluyó la cancillería. Según fuentes del Gobierno brasileño, recogidas por Jamil Chade en el portal de noticias UOL, la ofensiva en curso entre Brasil y Estados Unidos sobre las redes sociales y su regulación tiene un único objetivo: “Crear las condiciones ideales para que, en 2026, las elecciones en Brasil se caractericen por una amplia acción de las plataformas digitales, en apoyo al bolsonarismo”.
El asunto también tuvo repercusiones políticas internas. El jueves, el diputado Paulinho da Força, del partido Solidaridad, propuso una especie de medida de represalia: prohibir la entrada en Brasil a los extranjeros que ataquen a las instituciones brasileñas y a sus representantes. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula también entró en el debate, denunciando a uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, diputado federal por el Partido Liberal (PL), ante el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados. La acusación es que violó el decoro parlamentario al conspirar contra el gobierno y el poder judicial brasileños junto con diputados de Estados Unidos. En apenas un mes, de hecho, el diputado viajó tres veces a EEUU para reunirse con el ala más radical del Gobierno de Donald Trump con el objetivo de convencer a las autoridades estadounidenses de que actuaran contra el STF y contra las decisiones adoptadas en Brasil contra empresas estadounidenses.
En definitiva, la escalada diplomática ha recalentado el ya atormentado debate sobre la regulación de las redes sociales. En Brasil, recordamos, hay dos nuevos proyectos para regular las redes sociales. Uno se está debatiendo en el Ministerio de Hacienda y el otro en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El del Ministerio de Hacienda aborda cuestiones económicas, apuntando al mercado de las redes sociales. La propuesta pretende ampliar el poder del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) para definir nuevas obligaciones para las plataformas. El objetivo es luchar contra posibles monopolios en la prestación de servicios. El borrador que se está debatiendo en el Ministerio de Justicia se centra principalmente en los derechos de los consumidores, para garantizar una mayor transparencia de la información a los usuarios, por ejemplo en lo relativo a la identificación de la publicidad y las condiciones de uso. También figura en la propuesta la obligación de que las redes sociales tomen medidas para eliminar contenidos que contengan delitos graves, como violaciones de derechos fundamentales, especialmente de menores, e incitación a la violencia. También hay una tercera propuesta. Se trata de un proyecto de ley de los diputados Silas Câmara, del partido Republicanos, y Dani Cunha, de Unión Brasil, que establece directrices para las empresas propietarias de redes sociales. El Ministerio de Relaciones Institucionales parece estar a favor de apoyar el proyecto.
Sin embargo, es probable que sea el STF el que intervenga directamente, a finales de abril, en la regulación de las redes, modificando el Código Civil de Internet, la ley que regula el sector. Con la legislación actual, las plataformas sólo son responsables de los daños resultantes de los contenidos publicados por los usuarios si no cumplen una orden judicial de retirar una publicación específica. La propuesta ahora es obligar a las empresas a retirar ellas mismas los contenidos, incluso en ausencia de una orden judicial.
En el ámbito nacional, una reciente encuesta realizada por el Nexus Instituto de Pesquisa LTDA reveló que el 60% de los brasileños está a favor de regular las redes sociales. La encuesta también mostró que el 61% de los entrevistados cree que la regulación es esencial para contrarrestar la difusión de contenidos antidemocráticos, de incitación al odio, racistas o sexistas. El 78% también dijo creer que las plataformas deberían asumir más responsabilidad de la que tienen actualmente. En el frente internacional, por otra parte, la estrategia del gobierno brasileño de aspirar a una alianza de países pro-regulación junto con la Unión Europea, Australia, Reino Unido y Canadá está perdiendo peso. El freno lo ha puesto la Unión Europea, que ahora parece querer dar un paso atrás, como se desprende de la declaración conjunta con Brasil al término de la reciente reunión del diálogo digital Brasil-UE en Bruselas. Este mes, la UE también anunció la suspensión de la directiva sobre el régimen de responsabilidad de la inteligencia artificial y que el código de conducta de la inteligencia artificial, que se publicará en abril, tendrá normas simplificadas.
