Nicaragua anunció formalmente su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este jueves, luego de que el organismo difundiera un informe en el que denuncia la existencia de una “maquinaria de represión” que sirve al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y llama a tomar acciones al respecto ante la Corte Penal Internacional.
La dictadura sandinista envió una carta dirigida al presidente del Consejo, el embajador Jürk Lauber, en la que “en un acto de decencia elemental, cumpliendo con el sagrado deber de preservar decoro y orgullo”, transmitió la “decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con éste y sus mecanismos satélites” ante lo que describió como “falsedades, calumnias y mentiras” plasmadas en el informe.
“Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que deberían servir al bien de todos”, sumó en la carta en la que, nuevamente, acusó a los expertos de utilizar el “doble rasero, la politización y la instrumentalización de los derechos humanos, como pretextos para injerencias en los asuntos internos de los Estados y para irrespetar la soberanía nacional”.
“Una vez más, el Consejo de Derechos Humanos viola su propia normativa (...), en la cual se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos (...) Estos mecanismos se constituyen no solamente en verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor de nuestro Gobierno en la consolidación de la paz y la seguridad sino que, también, son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense y pretenden impedir el avance en salud, educación, entre otros”, denunció Rosario Murillo.
El informe presentado este miércoles por los expertos de la ONU advirtió de la existencia de una “maquinaria de represión” en Nicaragua, que sirve al régimen y contribuye a sus esfuerzos por acabar con el Estado de derecho.
Según las evidencias y testimonios, el régimen Ortega-Murillo “ejecuta sistemáticamente una estrategia autoritaria de dominio del país mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, que alcanza a una “extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población”. Esta vigilancia se extiende también sobre la prensa y la Iglesia, y se hace palpable con la presencia de oficiales y militares que reprimen a la gente y censuran a los organismos disidentes.
“El Gobierno reclutó a ex combatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran” a un ejército de decenas de miles de encapuchados voluntarios, que fueron juramentados este miércoles por la noche, previo inicio de sus tareas de persecución y represión.
Esta situación se vio agravada con la reciente reforma constitucional, que “eliminó los pocos controles institucionales que quedaban” y creó “un poder Ejecutivo con dominio absoluto”, aseguró la ONU.
Asimismo, el informe destaca la situación de 452 nicaragüenses disidentes que, por haberse manifestado en contra del régimen, fueron considerados “traidores a la patria”, expulsados del país y privados de su nacionalidad.
“Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio”, sostuvo al respecto Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos, mientras que su par Ariela Peralta sumó que “este es un Gobierno en guerra contra su propio pueblo”.
(Con información de AFP y EFE)
