La Fiscalía de Panamá solicitó a la Corte Suprema de Justicia anular por inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos del Canal de Panamá.
El fiscal jefe, Luis Carlos Gómez, presentó la solicitud en el marco de dos demandas en curso contra la concesión, argumentando que el contrato viola 15 artículos de la Constitución panameña. Según un documento al que tuvo acceso la agencia AFP, el acuerdo “indebidamente transfiere derechos privativos del Estado panameño, incidiendo en el interés social y el interés público”.
La petición de la fiscalía se da en un momento en que Panamá Ports Company está siendo auditada por la Contraloría General de la República, que investiga si la empresa cumplió con sus compromisos financieros con el Estado.
La fiscalía sostiene que el contrato otorgó a PPC beneficios que no correspondían según la ley, incluyendo exoneraciones fiscales indebidas y cláusulas que afectaron la libre competencia.
Además, critica la renovación automática de la concesión en 2021 por 25 años adicionales, asegurando que se realizó en “condiciones desventajosas para el interés público”.
Las demandas interpuestas buscan que la justicia panameña anule el contrato de concesión, ya que, según los demandantes, PPC no pagó los impuestos correspondientes y recibió beneficios que contravienen la Constitución.
El caso tomó relevancia internacional en medio de crecientes fricciones entre Estados Unidos y China, ya que el presidente estadounidense Donald Trump expresó su intención de “retomar” el control del Canal de Panamá, argumentando que la vía interoceánica está “bajo el control de Beijing”.
El canal fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pero fue entregado a Panamá hace 25 años, tras la firma de los tratados Torrijos-Carter. A pesar de que el canal es administrado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Washington considera una amenaza que una empresa china controle puertos en sus accesos.
Estados Unidos y China son los principales usuarios del canal, por el que transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial. En 2016, Panamá finalizó un ambicioso proyecto de ampliación para permitir el paso de embarcaciones de mayor tamaño, lo que incrementó su importancia estratégica.
La Corte Suprema de Justicia aún no fijó una fecha para su pronunciamiento sobre la solicitud de la fiscalía. Mientras tanto, la Contraloría General sigue adelante con su auditoría para determinar si Panamá Ports Company cumplió con sus obligaciones contractuales y fiscales con el Estado panameño.
Injerencia del régimen de China en el Canal
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, sostuvo la semana pasada reuniones clave en Panamá, enfocadas en la seguridad del Canal de Panamá y las denuncias de la influencia de China en la región.
En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que la visita de Holsey tuvo el objetivo de abordar “temas de seguridad, tales como resguardar el área frente a la influencia y el control del Partido Comunista Chino”.
Además, se discutieron otros desafíos regionales, incluyendo estrategias para enfrentar la migración ilegal y fortalecer la cooperación bilateral en esta materia.
(Con información de AFP)
