La polémica por una disposición sobre decomiso de productos en Bolivia no cesa. Este martes, sectores productivos del país anunciaron una marcha en la segunda semana de marzo para exigir al Gobierno la derogación de la norma que consideran que atenta contra la propiedad privada.
Gremiales, productores y empresarios determinaron marchar desde la localidad andina de Patacamaya hasta la sede de Gobierno, un recorrido de 98 kilómetros, en rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025 que fue aprobado por Decreto Supremo y sin deliberación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La norma contra el agio y la especulación de precios, permite a las autoridades regionales a realizar controles, fiscalizar y decomisar productos y alimentos que se “almacenen o retengan y pretendan encarecer los precios de los mismos”. De igual forma, señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales hacer una declaración jurada sobre la producción y comercialización.
Esta medida surgió para evitar el incremento de la canasta básica y garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, luego de que el año pasado productos como el aceite, el arroz o el pollo sufrieran un aumento en su costo.
En ese marco, el Gobierno invitó a los sectores movilizados a una mesa de diálogo para consensuar el reglamento sobre este punto. Los dirigentes de los sectores rechazaron la propuesta, se niegan a dialogar e insisten con la abrogación del artículo en cuestión.
Tras varias reuniones “multisectoriales” a las que se sumaron los que protestan contra la aprobación de contratos del litio, dieron un ultimátum al Gobierno y advirtieron que iniciarían medidas de presión si no se anulaba la norma.
César González, representante de la Confederación Nacional de Comerciantes, leyó este martes la resolución final del último encuentro en la que se anuncia la marcha y solicitan a los comités cívicos departamentales sumarse a las movilizaciones hasta lograr la derogación de los decomisos “y todas las demandas acordadas en los diferentes ampliados multisectoriales”.
A este manifiesto se sumaron los actores cívicos de Potosí que rechazan los contratos para la extracción de litio con empresas de Rusia y China. Gonzáles manifestó que antes de validar los acuerdos, se tiene que aprobar el proyecto de ley 211, que establece el marco legal para la explotación de recursos evaporíticos. “Por tanto, rechazamos la aprobación de los contratos con (las empresas) Uranium One y la Hong Kong CBC”, manifestó.
Ambos contratos están en la agenda de la Asamblea Legislativa donde deben ser aprobados para entrar en vigencia. El primer contrato, con la empresa china, fue aprobado por la Comisión de Economía Plural y deberá ser tratado en el pleno. En tanto, el acuerdo con la firma rusa, aún no ha pasado la primera fase para su aprobación.
Los acuerdos generan controversia en el país debido a que algunos políticos de oposición y organizaciones independientes ven que no son rentables y benefician más a las empresas que al país, entre otras consideraciones legales y ambientales. Los contratos son de particular interés de los pobladores de Potosí, departamento que alberga la mayor reserva del metal y que recibiría un 3% de regalías por su extracción, un porcentaje que está por debajo de la expectativa de los dirigentes cívicos.
