Seis provincias de Ecuador han sido declaradas en alerta roja debido a las fuertes lluvias que han azotado el país desde el inicio del año, causando severos estragos en la población y la infraestructura. La medida, oficializada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), abarca a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, todas en la Costa ecuatoriana, donde las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de estructuras esenciales.
Desde el 1 de enero hasta el 24 de febrero de 2025, se han registrado 871 eventos adversos en 23 provincias, afectando a 162 cantones y 408 parroquias. Según el informe de la SNGR, los eventos más recurrentes han sido deslizamientos de tierra (43,28%), inundaciones (35,94%), colapso estructural (5,74%) y vendavales (4,13%).
Las lluvias han dejado un saldo de nueve fallecidos, cuatro heridos y 14.829 personas afectadas, de las cuales 890 han sido catalogadas como damnificadas. Además, 4.232 viviendas han resultado afectadas y 32 han sido completamente destruidas.
Las provincias más afectadas son Guayas, con 5.227 personas impactadas y 114 eventos reportados, seguida de Manabí con 3.149 personas afectadas y Los Ríos con 3.074. El Oro, Chimborazo, Cotopaxi y Esmeraldas también han sufrido daños significativos. Entre las infraestructuras comprometidas se encuentran 23,7 kilómetros de carreteras dañadas, nueve puentes afectados y tres completamente destruidos.
La declaratoria de alerta roja implica la activación inmediata de protocolos de emergencia y la movilización de recursos para atender a la población damnificada. Se han habilitado albergues temporales en El Oro, Manabí y Pichincha, proporcionando refugio a familias que han perdido sus hogares. Asimismo, se han distribuido más de 21.000 bienes de asistencia humanitaria, incluyendo kits de alimentos, de higiene, colchones y frazadas.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ha advertido que las lluvias continuarán en gran parte del país hasta al menos el 27 de febrero. Según la advertencia meteorológica No. 11, se prevén precipitaciones intensas en la región Litoral, con especial impacto en Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. También se esperan lluvias en la región Insular, la Sierra y la Amazonía, lo que podría agravar la situación en varias provincias.
Ante esta emergencia, el Gobierno Nacional ha declarado en sesión permanente al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y ha activado sus mesas técnicas para coordinar acciones de respuesta. A nivel local, 31 COE cantonales y tres COE provinciales en Manabí, Santa Elena y Loja han sido activados para monitorear la situación y ejecutar medidas de mitigación.
Hasta la fecha, se han reportado 18 ríos desbordados y otros 32 presentan niveles en aumento. En localidades como Bolívar, Babahoyo, Cumandá y Playas, las inundaciones han afectado viviendas, unidades educativas y centros de salud, dejando a cientos de familias incomunicadas. En algunos sectores, el agua ha alcanzado niveles críticos, lo que ha obligado a evacuaciones preventivas.
El impacto económico de esta crisis aún está en evaluación, pero se prevé que la reconstrucción de infraestructura dañada y la atención a la población damnificada representarán un desafío considerable para el Estado. La SNGR ha solicitado a los gobiernos locales reforzar sus planes de contingencia y brindar asistencia prioritaria a las comunidades más vulnerables.
Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en zonas de alto riesgo. Se recomienda especial atención a áreas cercanas a ríos y quebradas, así como a aquellas propensas a deslizamientos de tierra. En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con las líneas habilitadas por la SNGR y los comités de gestión de riesgos locales.
El gobierno ha advertido que, de ser necesario, se implementarán medidas adicionales para mitigar el impacto de las lluvias. Esto podría incluir restricciones de movilidad en zonas afectadas, refuerzo de sistemas de drenaje y despliegue de personal adicional para tareas de rescate y asistencia humanitaria.
