El 11 de febrero, la Fuerza Aérea brasileña derribó un pequeño avión venezolano en el estado de Amazonas, no lejos de la capital, Manaos. A bordo iban dos narcotraficantes que murieron en la caída y una importante cantidad de cocaína. El avión había entrado ilegalmente en los cielos de Brasil, donde la llamada Ley del Abatimiento, la 9614 de 5 de marzo de 1998, prevé el derribo de cualquier aeronave que, entrando en el espacio aéreo nacional sin autorización, se niegue a obedecer las órdenes de las autoridades brasileñas. La frontera con Venezuela, de 2.199 km, es una de las más críticas para Brasil, no sólo por el tráfico de drogas, sino también por el de oro y la evasión de divisas. Un escenario que se repite de forma similar en los más de 16.000 km de fronteras brasileñas con 11 de los otros 13 países sudamericanos (todos, excepto Chile y Ecuador). A estos números se suman 10,9 mil kilómetros de costa y 867 municipios en la zona fronteriza terrestre y costera. Se trata de una extensión gigantesca que, por su tamaño, presenta numerosas vulnerabilidades tanto en el norte del país como en el sur.
Recientemente, el agravamiento de la situación política a manos del régimen de Maduro ha creado serios problemas diplomáticos en el estado brasileño de Roraima. A finales de enero, tropas venezolanas llevaron a cabo ejercicios militares en la frontera, por lo que la cerraron sin avisar al vecino Brasil. Se trata de la operación “Escudo Bolivariano 2025”, llevada a cabo con soldados y vehículos blindados que, según imágenes difundidas en las redes sociales, también han penetrado en suelo brasileño. Aunque el ministro de Defensa brasileño, José Múcio Monteiro, declaró inmediatamente que “la situación está bajo control”, pocos días después el comandante del Ejército, Tomás Paiva, se desplazó a la frontera en cuestión, en el estado de Roraima. La región está siendo vigilada por la Primera Compañía Independiente de Policía Militar de Frontera de Brasil (1ª CIPMFron), pero para los próximos meses, la mayor operación militar de 2025, el Atlas, planea un refuerzo de vehículos blindados y no blindados, así como de unos 8.000 soldados, también para hacer frente a las crecientes tensiones en Venezuela después de que Caracas declaró al Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, como su vigesimocuarto estado, rebautizándolo “Guayana Esequiba”.
El Atlas incluye ejercicios militares, que durarán unos 15 días y tendrán lugar en noviembre, coincidiendo con la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP30, que se celebrará en Belem, en el vecino estado amazónico de Pará. Además del adiestramiento militar propiamente dicho, la operación incluye también el desarrollo de la capacidad logística y de transporte militar de Brasil en una región de difícil acceso. Esta frontera también es delicada desde el punto de vista de la seguridad energética. El Gobierno de Lula, después de seis años, ha decidido reactivar la línea de transmisión de 230 kV Boa Vista/Santa Elena para importar electricidad del régimen de Maduro al estado de Roraima, que no está conectado a la red nacional.
Además de Venezuela, Brasil comparte más de 8.000 kilómetros de fronteras, en gran parte no controladas, a través de la selva amazónica con los tres países andinos productores de cocaína: Perú, Colombia y Bolivia. Actualmente es la frontera más difícil, ya que está dominada por múltiples grupos delictivos, no sólo de Brasil, que controlan el territorio y las comunidades locales que viven en él. Varios estudios recientes han dado la voz de alarma de que la situación podría empeorar en los próximos años hasta descontrolarse por completo. Incluso se han instalado laboratorios de cocaína en la frontera, que, además de alimentar el tráfico de drogas, contaminan el medioambiente con los productos químicos utilizados para su refinado.
Pero también hay otra frontera de la que se habla poco y que en los últimos meses se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades. Se trata de la Guayana Francesa, donde la situación en la frontera con Brasil se ha vuelto tan crítica que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha tenido que intervenir personalmente. El año pasado, durante su visita a la Amazonia, Macron firmó con su homólogo Lula una serie de acuerdos medioambientales y judiciales para crear una estrategia común de lucha contra los delitos, incluidos los medioambientales, que asolan esta frontera. En los últimos años, de hecho, gracias a que para entrar en Guyana desde Brasil sólo hay que cruzar un río, el Oyapoque, 10.000 brasileños se han trasladado allí para trabajar en el sector de la minería ilegal.
Representan el 95% del total de personas que extraen oro ilegalmente en este territorio francés, de apenas 83.000 km². La extracción ilegal de oro en la Guayana Francesa empezó en los años 90, pero se ha intensificado recientemente debido también al aumento del valor de este metal precioso. En cuatro años su valoración ha subido un 140%. Expertos y activistas sospechan también que algunas de las minas ilegales de la Guayana Francesa están dirigidas por grupos criminales brasileños como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Entre las principales víctimas se encuentran las comunidades indígenas que denuncian desde hace tiempo la contaminación por mercurio utilizada para separar el oro de las impurezas y que temen constantemente la violencia de los mineros ilegales, los llamados “garimpeiros”.
Además, la maquinaria utilizada en la minería ilegal es casi toda china. “También sospechamos que la maquinaria pesada viene de China a través de Surinam, por lo que podemos pensar que Surinam se beneficia de estas actividades en la Guayana Francesa”, declaró Gabriel Serville, máximo responsable electo del país, que es un DOM-ROM, es decir, un departamento y región de ultramar de Francia. Por eso la Guayana Francesa forma parte de la Unión Europea y, más concretamente, constituye una “región ultraperiférica” de Europa, conocida como RUP, es decir, un territorio de un Estado miembro de la UE situado fuera del continente europeo.
Más al sur, la frontera de Brasil con Argentina ha ocupado los titulares en los últimos días tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei de construir un muro de 200 metros con Bolivia y extender esta medida también a Brasil. “Además de Bolivia, tenemos previsto ampliarnos a otras partes de la frontera. Avanzaremos hacia la frontera de Misiones con Brasil, que es una región donde hay muchas entradas a pie y donde ya hemos tenido asesinatos y problemas”, dijo la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. El pasado diciembre, las autoridades argentinas incineraron en Misiones 47 toneladas de droga incautada en la región en los últimos años. La idea del muro fue bien acogida por el ministro brasileño de Justicia y Ciudadanía, Ricardo Lewandowski. “Siempre hemos tenido una cooperación muy positiva y muy buena con Argentina y Paraguay, especialmente en materia de control fronterizo. Sabemos que el ministro argentino pretende reforzar el control fronterizo y, en este sentido, también coopera con nosotros”, afirmó Lewandowski.
En cuanto a la triple frontera con Argentina y Paraguay, sigue siendo extremadamente vulnerable a todo tipo de actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta el contrabando y la trata de personas. En particular, el lago artificial de Itaipú, dominado por la central hidroeléctrica del mismo nombre y que ocupa más de 1.800 kilómetros cuadrados, se ha convertido en una especie de tierra de nadie. Lo cruzan de día y de noche delincuentes que llegan a Brasil desde Paraguay cargados de drogas y cigarrillos de contrabando. En enero, en un barco abandonado en el lago, la policía se incautó de una tonelada de marihuana procedente de Paraguay, donde el PCC posee incluso plantaciones. El pasado mes de octubre se incautaron 11 toneladas de marihuana en las orillas del lago. Para hacer frente a este escenario, recientemente se lanzó el proyecto Aspide Tecnológico, un acuerdo firmado por la empresa que gestiona la hidroeléctrica, Itaipú Binacional, y la Policía Federal de Brasil, que prevé una inversión de más de 22 millones de reales (3,84 millones de dólares) para la compra de tecnología de última generación para vigilar el lago, incluyendo drones y cámaras de vídeo, así como el desarrollo de inteligencia artificial para el análisis y procesamiento de los datos recogidos.
La criminalidad en la Triple Frontera también es vigilada por el Comando Tripartito, un órgano de cooperación jurídica internacional que funciona desde hace 29 años y reúne a representantes de las fuerzas policiales y centros de control de los tres países de la Triple Frontera. El Comando también rastrea la presencia y el posible paso de terroristas por la región, donde opera desde hace años el grupo terrorista libanés Hezbolá, apoderado de Irán. En la Triple Frontera reside, entre otros, Assad Ahmad Barakat, acusado de ser uno de los principales financiadores de la organización.
En junio del año pasado, el Gobierno de Lula estableció la Política Nacional de Fronteras para mejorar la integración social y la seguridad, pero hasta ahora no ha dado resultados significativos, según los expertos. La ineficacia quizá se deba también a que la Propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública lleva un año bloqueada en el Ministerio de la Casa Civil. Esta iniciativa pretende redefinir el papel de la Unión en la seguridad de los estados, promoviendo una participación más activa del gobierno federal en materia de seguridad. Si el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, del Partido de los Trabajadores (PT), exgobernador de Bahía, está en contra de la PEC, Lula la volvió a proponer hace unos días diciendo estar a favor. Según CNN Brasil, que cita fuentes cercanas, fue la caída récord del presidente en las encuestas lo que le llevó a tomar la decisión. “Enviaremos la PEC al Congreso para definir claramente el papel de la Unión en la seguridad pública. Queremos participar más eficazmente en la seguridad de los estados. A menudo los gobernadores no quieren que el gobierno federal interfiera en ella, mientras que nosotros queremos resolver el problema de la seguridad de una vez por todas. Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad y la PEC proporciona esa concienciación”, dijo Lula.
