Hace exactamente un año -la madrugada del 21 de febrero de 2024-, el exteniente venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado desde su departamento en la comuna santiaguina de Independencia por sujetos disfrazados de policías y con acento caribeño.
Diez días después, su cuerpo apareció dentro de una maleta rellena de cal, enterrado bajo una losa de un metro y medio de cemento en un campamento irregular en al comuna de Maipú.
El caso ha sido catalogado por el Ministerio Público chileno y el Gobierno de Boric como un crimen por encargo, y un testigo protegido aseguró incluso que la orden de asesinar al malogrado disidente venezolano provino directamente del hombre fuerte del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, asunto que terminó por romper las febles relaciones bilaterales entre ambos países.
Así las cosas, este jueves el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, recordó que el exmilitar se encontraba con asilo político en Chile y aseguró que su viuda pidió a la Fiscalía chilena investigar si “por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido”, las autoridades chilenas le entregaron su ubicación a las venezolanas, tras un acuerdo de cooperación bilateral que firmó en Caracas en enero de 2024 el defenestrado exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva acusado de violación por una subalterna.
“La familia cree que pudo haber habido negligencia en el tratamiento de sus datos de asilo. Es una de las distintas líneas de investigación que la Fiscalía está obligada a profundizar", emplazó el letrado en conversación con EFE.
Según Manríquez, el crimen de Ojeda fue un mensaje “para manifestarle a todos los jóvenes disidentes que nadie estaba a salvo en ninguna parte, que iban a ser ejecutados allá donde estuvieran".
"El crimen de Ojeda no tiene precedentes en Chile, se llevó a cabo con una sofisticación desconocida hasta ahora“, destacó Manríquez.
Autores intelectuales
El hilo de la madeja comenzó a desenrollarse el año pasado con la detención de un adolescente venezolano de 17 años individualizado como A.C., quien declaró que fue el encargado de grabar el secuestro de Ojeda junto a Maickel Villegas -de la misma nacionalidad-, desde un Chevrolet Sail blanco.
Villegas también habría prestado ayuda en la huida de los secuestradores y fue apresado en Costa Rica, mientras trataba de llegar presumiblemente a Estados Unidos. Ya fue extraditado a Chile y actualmente está en prisión preventiva, mientras que el adolescente fue condenado a dos años de internación en un régimen cerrado y tres en semicerrado.
Otros miembros cuya participación estaría acreditada son los que llevaron a cabo el plagio disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), desde el departamento de Ojeda en la comuna de Independencia: José Carlos Valverde, Johnny “Mudo” López y Walter Rodríguez.
El primero de ellos fue captado por cámaras de seguridad recibiendo el Nissan Versa en el que se movilizaron de manos de Edgar Benítez, quien sería un facilitador de autos de “Los Piratas”. Valverde habría sido el conductor del vehículo, según una nota de Emol, y también es señalado por otros secuestros extorsivos.
Walter Rodríguez logró ser identificado tras hallarse su huella digital en el teléfono robado a Ojeda y gracias también a las cámaras de seguridad del edificio, al igual que “El Mudo” López.
Todos ellos eran miembros de la célula “Los Piratas” de Aragua, que terminó de ser desbaratada en enero pasado por la policía en un megaoperativo en diversas comunas capitalinas. Otros 19 sujetos fueron formalizados, entre ellos el grupo encargado de sepultar su cuerpo.
En ese grupo se cuentan “El Gocho” -detenido en EE.UU y cuyo pedido de extradición ya está en curso-, y también Julio Iglesias, quien llevaba una doble vida trabajando como conserje en un edificio de la comuna capitalina de Nuñoa. Según la Fiscalía, los otros sepultureros serían su hijo Julián, Kevin Hernández, el chileno Héctor Soto y dos individuos más, uno de ellos el testigo protegido Nº 7 que aseguró que la operación fue orquestada desde Venezuela por Diosdado Cabello.
A ellos hay que agregarles otros detenidos fuera de Chile cuyos pedidos de extradición ya están en curso: Rafael “el Turko” Gámez Salas -capturado a fines del año pasado en Estados Unidos-, Carlos “Bobby” Gómez, líder de “Los Piratas” apresado en Colombia, y Dayonis “Boti” Orozco, también detenido en Colombia y a quien se le apunta además como uno de los responsables del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez (27), hecho ocurrido frente a su esposa e hijo de tres años el 10 de abril de 2024 que conmocionó a todo el país.
Sin embargo, según Manríquez aún falta por determinar “quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen”, puesto que forma parte de “un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, en cuya planificación e incluso ejecución pudieran haber participado agentes estatales (venezolanos) altamente preparados".
“No se trata solo de un homicidio horrendo, sino de un plan de eliminaciones selectivas en distintas partes de las Américas“, sentenció.
