El gobierno de Ecuador ha planteado la incorporación de fuerzas especiales extranjeras para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. La propuesta, anunciada en un comunicado oficial de la Presidencia el 19 de febrero de 2025, forma parte de la estrategia de seguridad nacional bajo la declaratoria de “guerra interna”.
La administración del presidente Daniel Noboa ha instruido a la Cancillería para que realice acercamientos con países aliados con el fin de coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación que permitan el despliegue temporal de tropas extranjeras en el territorio ecuatoriano. Según el comunicado, las redes criminales operan a nivel internacional y es necesario un esfuerzo conjunto para combatirlas de manera efectiva.
Esta propuesta ha generado un debate político y constitucional en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a la Asamblea Nacional a continuar con urgencia la sesión No. 1012 para tratar el respaldo a acciones de cooperación internacional en materia de seguridad. En su comunicado del 20 de febrero, la Cancillería advirtió que la lucha contra la delincuencia organizada es una prioridad nacional que no admite postergaciones ni dilaciones burocráticas.
No obstante, la asambleísta Ana Galarza cuestionó públicamente la estrategia del Ejecutivo. A través de su cuenta en la red social X, señaló que la Asamblea Nacional “no tiene nada que hacer con respecto al apoyo militar extranjero”, ya que el proceso adecuado requiere que el Ejecutivo firme acuerdos o tratados internacionales, los envíe a la Corte Constitucional para su revisión y, solo si se determina su constitucionalidad, se presenten para aprobación legislativa. “El presidente sigue mal asesorado y están haciendo el trámite del proceso al revés”, escribió Galarza, sugiriendo que la maniobra podría estar motivada por intereses electorales, pues Noboa enfrentará el balotaje en abril contra la correísta Luisa González.
El debate sobre la legalidad y viabilidad del ingreso de fuerzas extranjeras se suma a la propuesta del gobierno de reformar el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país. En este contexto, el general en servicio pasivo Luis Lara, ex ministro de Defensa, criticó la iniciativa y la calificó como “un insulto a la capacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional".
En una entrevista con Infobae, Lara señaló que la declaratoria de guerra interna “nunca tuvo una planificación adecuada ni un plan militar integral para combatir a los grupos de delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo”. Aseguró que tampoco hay evidencia de la existencia del publicitado Plan Fénix, y que la conducción descoordinada de las operaciones militares ha generado un "desperdicio de recursos".
Sobre la posible presencia de tropas extranjeras en Ecuador, el exministro fue tajante: “Esta es una propuesta inconsulta que viola la soberanía nacional y atenta abiertamente contra la Constitución”. Recordó que en el pasado, Ecuador mantuvo un Puesto de Observaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en Manta, cuyo propósito era rastrear aeronaves vinculadas al narcotráfico, pero que la presencia de tropas extranjeras combatiendo en el país sería un escenario completamente distinto y de mayor implicación.
Lara también cuestionó la falta de transparencia en el uso de los recursos asignados a la seguridad nacional, incluyendo el incremento del IVA destinado a financiar la lucha contra el crimen. “Si se reconoce que las Fuerzas Armadas y la Policía no tienen las capacidades para derrotar a los grupos de delincuencia organizada, es preciso saber a dónde fueron a parar esos recursos”, indicó.
El general Lara enfatizó que la medida propuesta por el gobierno es una señal de improvisación. “No se advierte una planificación integral de las operaciones, por la desarticulación de los Comandos Operacionales y Fuerzas de Tarea que tanto éxito tuvieron en el pasado reciente en especial en Esmeraldas y Guayas y lo que considero más grave aún es la desarticulación del Comando de Inteligencia Militar Conjunta cuando la amenaza es común a los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo”, dijo. Explicó que la decisión de descentralizar la conducción de operaciones entre Ejército, Marina y Aviación ha generado duplicidad de esfuerzos y descoordinación, debilitando la respuesta militar frente a las organizaciones criminales.
Para Lara, la prioridad del gobierno debe ser el fortalecimiento de las capacidades nacionales antes de recurrir a fuerzas extranjeras. “Es imprescindible impulsar y fortalecer los acuerdos vigentes con los países vecinos para combatir la amenaza del narcotráfico y tráfico de armas en las fronteras comunes de una manera coordinada”, afirmó. También insistió en la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, incluyendo factores económicos, sociales y culturales que han permitido el crecimiento de los grupos criminales en Ecuador.
