Brasil vuelve a dividirse por el caso Bolsonaro después de que la Procuraduría General de la República (PGR) ratificara el martes por la noche la acusación de la Policía Federal del pasado noviembre y acusara al ex presidente de planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022 que ganó Lula.
Junto a Jair Bolsonaro, también fueron denunciados más de 30 militares, entre ellos su ex ministro de Defensa Walter Braga Netto. Ellos también están acusados de participar en el plan que incluyó el asesinato de Lula, de su segundo Geraldo Alckmin y del ex presidente del Supremo Tribunal Electoral (STE), Alexandre de Moraes, ahora juez de este caso en el Supremo Tribunal Federal (STF).
“La responsabilidad por los actos que lesionan el orden democrático es de la organización criminal liderada por Jair Messias Bolsonaro, basada en un proyecto de poder autoritario. Arraigada en la propia estructura del Estado y con fuerte influencia de los sectores militares, la organización se ha desarrollado según un orden jerárquico y con una predominante división de tareas entre sus miembros”, dijo el fiscal general Paulo Gonet.
Su denuncia señala que, además de comandar la trama golpista, Bolsonaro también estaba al tanto del plan para asesinar a Lula. “El plan fue urdido y puesto en conocimiento del Presidente de la República, quien lo aprobó”, reza el texto. Para Gonet, Bolsonaro había preparado incluso un discurso para ser pronunciado tras el golpe, del que se citan algunos párrafos en la denuncia. “Para asegurar el necesario restablecimiento del Estado Democrático de Derecho en Brasil, jugando incondicionalmente dentro de las cuatro líneas (...), declaro el estado de sitio y, como acto continuo, decreto la ‘Operación de Garantía de la Ley y del Orden”, plantea el párrafo final del discurso. El texto, en el que se cita a Aristóteles e incluso a Tomás de Aquino, también enumera una serie de ataques al STF y al TSE, que durante la campaña electoral habían impuesto una multa de 22 millones de reales (3,85 millones de dólares) al Partido Liberal (PL) y suspendido las cuentas de unos partidarios de Bolsonaro por difundir informaciones falsas sobre el sistema electoral brasileño o sobre candidatos como el propio Lula. “Como ‘guardianes de la Constitución’, los ministros del Supremo Tribunal Federal, STF, también están sujetos al ‘principio de moralidad’, incluso cuando promueven el activismo judicial”, reza el texto del discurso de Bolsonaro para pronunciar tras el golpe.
La denuncia del Ministerio Público pasa ahora al STF, que ha declarado que quiere llegar a una decisión antes de 2026, que es el año de las elecciones presidenciales. Si el caso no es archivado y el ex presidente es imputado, se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La investigación, que ha durado dos años, ha revelado cómo el grupo articuló el plan golpista con la intención de anular el resultado de la votación utilizando al ejército, la mayoría de cuyos generales, sin embargo, no apoyaron el plan. Tras las elecciones ganadas por Lula, el 8 de enero de 2023, cientos de partidarios de Bolsonaro atacaron los edificios institucionales de Brasilia, los del Supremo Tribunal Federal, del Congreso Nacional y del Palacio de Planalto.
Muchos de ellos siguen presos y procesados, otros fueron ya condenados a penas entre 3 años y 17 años y medio. El juez de sus casos sigue siendo Moraes, que ayer también levantó el secreto del acuerdo de confesión firmado en 2024 por el ex ayudante de Bolsonaro, el teniente coronel Mario Cid.
Fue él quien reveló que el entonces presidente se reunió con la cúpula de las Fuerzas Armadas para discutir la posibilidad de una intervención militar para anular los resultados de las elecciones de 2022. Y fue de nuevo Cid quien habló de una “minuta del golpe” que Bolsonaro mostró a los militares “para ver su reacción en relación a su contenido”. La reunión fue confirmada posteriormente a la Policía Federal por el general Marco Antônio Freire Gomes, en aquel entonces comandante del Ejército.
En sus declaraciones hechas públicas ayer, Cid dijo que entre los que defendieron la insistencia en la búsqueda de fraude en las máquinas de votación electrónica y un golpe de Estado con brazo armado estaban la ex primera dama Michelle Bolsonaro y el hijo del ex presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro. Cid también declaró que el ex presidente temía que se ingresaran sumas de dinero en su cuenta bancaria sin su permiso y que cambió una cuenta bancaria tras recibir pagos de sus partidarios. El ex asesor de Bolsonaro también habló sobre uno de los otros dos procesos que involucran al ex presidente, el de las joyas recibidas del gobierno de Arabia Saudita y que nunca fueron depositadas en las arcas del Estado. Cid declaró que había entregado al ex presidente los 86.000 dólares obtenidos de la venta de esas joyas.
Los abogados de Bolsonaro calificaron de “absurda” y “fantasiosa” la denuncia del fiscal general y aseguraron que no hay pruebas que sustenten la acusación. Además, añadieron que está “basada en el acuerdo de colaboración de Mario Cid”. “El presidente Jair Bolsonaro confía en el sistema judicial y, por lo tanto, cree que esta denuncia no prevalecerá debido a su precariedad, inconsistencia y falta de hechos veraces que la sustenten ante el poder judicial”, reza el comunicado divulgado por los abogados.
En su perfil de X Bolsonaro comentó diciendo que “en los regímenes autoritarios es necesario fabricar enemigos internos para justificar la persecución, la censura y las detenciones arbitrarias”.
Unas horas antes de que la Fiscalía se manifestara, el ex presidente había declarado que la posible denuncia no le preocupaba.
Crispación política
Inevitablemente, la política volvió a dividirse en torno al caso Bolsonaro. Para el presidente Lula “es una decisión de la PGR. Acusó a personas; no voy a comentar un proceso que está en los tribunales. Lo único que puedo decir es que, en el tiempo que llevo gobernando Brasil, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia”, dijo el presidente. Sus compañeros de partido, el Partido de los Trabajadores (PT), comentaron la denuncia con frases como “Bolsonaro denunciado, gran día”, mientras que el perfil oficial del PT escribió: “¿Has visto a Bolsonaro? Totalmente denunciado”.
En cuanto a los senadores del Partido Liberal y del Partido Progresista, en sus redes sociales defendieron a capa y espada al ex presidente, hablando de “persecución política e injusta”. El hijo de Bolsonaro, Flavio, dijo que la denuncia del fiscal “no contiene absolutamente ninguna prueba” contra su padre. El actual gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, considerado entre los posibles candidatos de centroderecha para las elecciones presidenciales del próximo año, también intervino en el debate. En sus redes sociales lo defendió, escribiendo que “Jair Bolsonaro nunca ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado democrático de derecho”.
Ahora, más que nunca, se ha reavivado el debate sobre el proyecto de ley de amnistía atascado en el Congreso. Según una encuesta del Instituto Ranking de Políticos, publicada ayer, el tema divide al Congreso. El 50% de los diputados está a favor de la propuesta, el 41,8% no. En el Senado, los que están a favor son el 46,2%, mientras que los que están en contra son el 38,4%. El ex presidente se reunió el lunes en Brasilia con diputados de la oposición para hablar precisamente de este proyecto de ley que liberaría de juicios y condenas a Bolsonaro, a los militares implicados en la denuncia del fiscal general y a los cientos de bolsonaristas detenidos tras los sucesos del 8 de enero. El ex presidente afirmó que “ya hay quórum en la Cámara para aprobar la amnistía”. Bolsonaro también añadió que su caso, sin embargo, “no es sobre la amnistía”. “Mi objetivo es cambiar la ley de Ficha Limpia. La gente se está dando cuenta de que esta ley está siendo utilizada para perseguir a la derecha”, dijo.
La oposición ha empezado a defender la reducción del periodo de inelegibilidad fijado por la ley de Ficha Limpia, de ocho a dos años a partir de la elección en la que se produjo un delito de abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación. La revisión beneficiaría al ex presidente, inelegible hasta 2030.
La noticia de la denuncia de la fiscalía contra Bolsonaro llega en un momento políticamente delicado para el país. En las mismas horas, uno de los jueces del STF, José Antonio Dias Toffoli, anuló todos los procesos de la operación anticorrupción contra el ex ministro de Hacienda y Casa Civil durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, Antonio Palocci, pese a sus confesiones y la restitución de los sobornos recibidos. Fue un revés similar al del mismo juez a favor de otro gran acusado en la operación, es decir Marcelo Odebrecht.
La decisión fue criticada por la organización no gubernamental Transparencia Internacional. “La anulación en serie de centenares de condenas de acusados por macro corrupción (incluso de los que han confesado) socava gravemente la confianza de la sociedad en el STF. Justo cuando el tribunal necesitará de su máxima legitimidad para juzgar a un expresidente acusado de golpe de Estado. Ahora más que nunca, las decisiones de algunos ministros (y la omisión de otros), que garantizan impunidad generalizada a poderosos corruptos, representan una amenaza real para el Estado democrático de derecho en Brasil”, escribe en su perfil de X Transparencia Internacional.
Baja popularidad de Lula y el “factor Trump”
A este complejo escenario se añade el hecho de que la popularidad de Lula se encuentra en su punto más bajo de todos sus tres mandatos, los dos entre 2003 y 2010 y el actual. Según una encuesta de Paraná Pesquisas revelada ayer, el 55% de los brasileños desaprueba la gestión de Lula, frente al 42% que está a favor. A la pregunta de a quién votar en las próximas elecciones presidenciales entre Lula y Bolsonaro, este último aparece en primera posición con un 45,1% a favor frente al 40,2% de Lula. Además, como Bolsonaro ha sido declarado inelegible por la justicia electoral hasta 2030, el sondeo también probó escenarios alternativos sin él. Así, salió a relucir que su esposa Michelle, actual presidenta del grupo de mujeres del PL, por primera vez en más de un año, estaba por delante del candidato del PT en una segunda vuelta simulada, con el 42,9% de los votos frente al 40,5% de Lula.
Un juicio con eventual condena a Bolsonaro podría polarizar aún más este escenario crítico y ser un boomerang para la izquierda de Lula. También planea sobre Brasil el factor Trump, gran defensor de Bolsonaro. En las mismas horas de la denuncia de la Fiscalía, en EEUU el juez Moraes fue llevado a juicio por la empresa Trump Media, vinculada a Trump, y por la plataforma de vídeos Rumble. Ambas partes le acusan de violar la legislación estadounidense al ordenar a Rumble que suspendiera la cuenta del bloguero brasileño Allan dos Santos, investigado por el STF por difundir información falsa y declarado prófugo de la justicia en Brasil.
Según el diario estadounidense The New York Times, se trata de “un esfuerzo sorprendente” de Trump en favor de un aliado con una trayectoria política similar. “La demanda parece representar un sorprendente esfuerzo de Trump para salvar a otro líder derechista que, como él, está acusado por intentar anular su derrota electoral”, se lee en el artículo. Fue en una entrevista con el NYT, el pasado 16 de enero, cuando Bolsonaro dijo que contaba con los esfuerzos de Donald Trump para evitar su detención y poder presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. En la misma entrevista, el ex presidente brasileño también había interpelado a los dos principales propietarios de las plataformas sociales, Mark Zuckerberg y Elon Musk.
