La crisis económica en Cuba alcanzó un punto crítico con el desplome de las remesas, la dolarización parcial de la economía y nuevas medidas restrictivas contra las MIPYMES (pequeñas y medianas empresas) y los trabajadores por cuenta propia (TCP), según el reciente dossier “La causa oculta de la ofensiva de GAESA contra MIPYMES y TCP”, publicado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21.
Las remesas, principal fuente de ingresos en divisas del régimen de Miguel Díaz-Canel, cayeron un 43% en 2024 respecto al año anterior y un 70% en comparación con 2019.
A pesar del éxodo masivo de cubanos en los últimos años, la cantidad de dinero enviado a la isla sigue en picada, reflejando una tendencia creciente: el exilio prioriza la reunificación familiar fuera de Cuba en lugar de seguir sosteniendo la economía del régimen.
El informe destacó que GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana, ha visto reducidos sus ingresos y respondió con una estrategia agresiva para recuperar el control del mercado minorista dolarizado.
Entre las medidas impuestas a las MIPYMES y TCP, se incluyen topes de precios, aumentos impositivos, restricciones en importaciones y la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), con el fin de estatizar a los emprendedores privados.
“El régimen ha perdido el control del flujo de remesas y del mercado minorista dolarizado. Su respuesta es una ofensiva contra el sector privado para restaurar la hegemonía de GAESA”, señaló Emilio Morales, autor del informe publicado por Cuba Siglo 21.
Como respuesta a esa catástrofe, el régimen lanzó la política de “dolarización parcial de la economía”, una medida que, lejos de resolver la crisis, lo que busca es apuntalar financieramente a GAESA.
Sin embargo, la falta de confianza en el sistema bancario estatal ha llevado a que el 92,68% de las remesas ingresen al país a través de canales informales, debilitando aún más las finanzas de la dictadura.
Es decir, el negocio multimillonario de GAESA con las remesas se redujo a $81,6 millones de dólares que recibió directamente en 2024.
El informe también advirtió que esta situación podría desencadenar un nuevo estallido social en Cuba, dado el creciente descontento ciudadano ante la crisis de alimentos, medicinas, apagones y represión.
Como solución, propuso liberar completamente las fuerzas productivas, permitir la inversión privada directa –incluyendo la del exilio cubano– y desmontar el monopolio de GAESA.
“El mercado de remesas ha sufrido un fuerte descarrilamiento, similar al de la industria azucarera, la cual prácticamente ya no existe, y muy semejante al que está sufriendo ahora mismo la industria del turismo. Su respuesta ha sido la dolarización, bancarización y ofensiva contra las MIPYMES y el trabajo por cuenta propia. Ello confirma una vez más la falta de voluntad que hasta ahora viene manifestando la oligarquía para remplazar su régimen totalitario de gobernanza. Ese inmovilismo lo aferra a un sistema improductivo, que ha perdido su poca capacidad exportadora y ha descapitalizado todo el parque industrial", analizó el informe.
Y concluyó: “La oligarquía de GAESA ha despreciado la oportunidad de convertir las remesas en un activo para estimular la inversión externa y desarrollar el país. Estas solo cumplirán ese importante rol en el marco de un sistema democrático, con economía de mercado, separación de poderes y un marco jurídico transparente donde los ciudadanos tengan la garantía de poder ejercer todos sus derechos libremente”.
