El ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, afirmó este miércoles que su Gobierno está dispuesto a tomar todas las acciones legales necesarias contra el régimen de Venezuela si se confirma la hipótesis planteada por la Fiscalía, según la cual el ministro del Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, habría ordenado el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Gajardo explicó que, de ser ciertas las hipótesis de la Fiscalía respecto a la autoría del delito, se trataría de un hecho “gravísimo” que “implica la comisión de un crimen político en territorio nacional chileno, encargado por una alta autoridad de un gobierno extranjero”.
Así, en caso de confirmarse estas sospechas, el Gobierno de Chile “va a ejercer todas las acciones que tenga tanto el ordenamiento jurídico nacional como internacional a la mano”, dijo Gajardo durante una entrevista para Europa Press en la Embajada de Chile con motivo de su visita a Madrid.
“Exploraremos todas las vías posibles, desde el Tribunal Penal Internacional hasta los reclamos pertinentes”, aseguró.
El ministro Gajardo subrayó la importancia de “ser prudentes” respecto al caso, pues aún se encuentra en fase judicial y las vinculaciones de Cabello con este asunto son conjeturas de la Fiscalía.
“Creo que en esto lo más serio es la prudencia”, añadió el encargado de Justicia, que sin embargo respalda las “investigaciones serias” y “muy profesionales” de la Fiscalía.
La dictadura venezolana arrestó a Ojeda en abril de 2017 junto con otros militares por su presunta implicación en una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro. Sin embargo, a finales de ese mismo año Ojeda logró escapar de la cárcel y se exilió en Chile, donde consiguió asilo político en 2023, mientras que en Venezuela le acusaban de traición a la patria.
Las últimas informaciones sobre Ojeda datan de febrero de 2024, cuando sujetos encapuchados que simulaban ser policías ingresaron en su domicilio. Su cuerpo fue localizado en el interior de una maleta enterrada bajo una estructura de cemento en la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago. Además, la Fiscalía sospecha que el asesinato del disidente podría haber sido un encargo del ‘número dos’ del chavismo a la célula ‘Los Piratas’, un grupo criminal formado por una veintena de personas acusadas de delitos de secuestro, homicidio y extorsión, entre otros.
El caso de Ojeda no hace más que ahondar en la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, que ya suspendieron sus lazos tras las elecciones presidenciales venezolanas del pasado mes de julio, en las que el oficialismo declaró la victoria de Maduro, mientras que desde la oposición reivindicaron el triunfo de su candidato, Edmundo González, y denunciaron irregularidades en el recuento.
Chile, como otros países de la región, rechazó frontalmente las aspiraciones de Maduro para afianzarse en el Gobierno. Sin embargo, aunque Santiago no reconoce el actual liderazgo en Caracas, tampoco ha dado el paso de legitimar a González Urrutia como presidente electo, algo que sí han hecho otros países sudamericanos.
Sobre esto, Gajardo ha insistido en que no pueden reconocer a Maduro “como una elección legítima”, pero que “otros caminos” son algo a explorar en el futuro.
La visita del ministro Gajardo a Madrid se enmarca dentro de un viaje que también le llevará a Italia y en el que busca ahondar en la colaboración y cooperación en materia internacional sobre asuntos judiciales. En la víspera se reunió con el ministro de Justicia español, Félix Bolaños, con quien ha conversado sobre el tratado de Medellín, que sirve para agilizar la cooperación jurídica internacional.
Uno de los asuntos tratados ha sido precisamente la gestión del sistema penitenciario, un tema por el que el ministro Gajardo se ha interesado especialmente por la presencia de grupos criminales internacionales en el centro y sur del continente americano, como puede ser la organización venezolana Tren de Aragua. “Esto es precisamente una de las razones por las que estamos generando esta cooperación internacional”, ha dicho.
“El crimen organizado que hay en Latinoamérica y en general en el mundo es de carácter internacional, y por ende, la forma de enfrentarlo tiene que ser con cooperación y colaboración internacional. Un país por sí solo es muy difícil que pueda cortar completamente los tentáculos de bandas del crimen que operan sin respetar las fronteras nacionales”, ha dicho el ministro de Justicia chileno.
“En Latinoamérica, una de las características que hay es que las bandas del crimen organizado que están operando en la región son bandas que se han fortalecido o han crecido en sistemas penitenciarios”, ha reconocido el Gajardo, que insiste además en que el objetivo es que el sistema penitenciario chileno facilite que se corten los lazos entre los criminales presos y sus contactos en el exterior.
Finalmente, preguntado por la reciente orden del Poder Judicial de indemnizar a un sindicalista por las torturas sufridas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, el ministro Gajardo ha ahondado en la “postura clara” de su Gobierno al respecto. “Nos parece fundamental que los tribunales de Justicia puedan llevar adelante estas investigaciones, que se pueda dar con la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura”, ha dicho.
“Hemos señalado que es fundamental la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura, ya sea de los familiares de las personas que fueron detenidas desaparecidas, como también de aquellos que fueron objetos de prisión política y tortura”, ha añadido el ministro, que en este punto ha reconocido que Chile como sociedad se ha “demorado mucho tiempo” en rendir cuentas y reparar los daños de las víctimas.
(Con información de EP)
