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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo el martes que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para continuar con un tratado de extradición, tras roces entre ambos países por declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa.
Castro anunció el acuerdo en un mensaje en la plataforma social X y señaló que el tratado seguirá con las salvaguardas necesarias para su país con una aplicación “objetiva” y el respeto a las Fuerzas Armadas.
La presidenta de Honduras dijo entonces que el Tratado de Extradición acordado entre los países será prorrogado más allá del 28 de febrero, fecha en la que estaba previsto que expirara el acuerdo entre las partes, que protagonizaron hace unos meses una breve disputa diplomática.
“Anuncio que he llegado a un acuerdo con la nueva administración de Estados Unidos para que el Tratado de Extradición continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva”, ha aseverado la mandataria.
Así, ha explicado que esto permitirá mantener intacto el “respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático”, ha apuntado Castro en un mensaje difundido a través de redes sociales.
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La mandataria ordenó en agosto denunciar el tratado de extradición, luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó preocupación por imágenes de una reunión en Venezuela del ministro de Defensa hondureño, Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, sentados “al lado de un narcotraficante”, sin dar más detalles.
En las imágenes Zelaya aparece el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, quien ha sido acusado en Estados Unidos de conspirar para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en ese país; a quien la Justicia estadounidense cataloga como “narcotraficante”, y contra quien pesa una recompensa de 15 millones de dólares (14,3 millones de euros).
A inicios de enero de este año, Estados Unidos aumentó el monto de una recompensa por información que conduzca al arresto de Padrino.
Castro dijo entonces que las declaraciones de Dogu eran “injerencia” e “intervencionismo” por parte de Washington. Acusó entonces al Gobierno estadounidense de tratar de “dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes”, una cuestión que consideró “intolerable”.
La mandataria dijo en su mensaje en X que el canciller daría más detalles durante el día sobre el renovado acuerdo de extradición.
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, reiteró más tarde en declaraciones a periodistas que el tratado de extradición con Estados Unidos fue denunciado ante la preocupación de su país de la posibilidad de que ese mecanismo pueda ser utilizado con fines políticos, en el marco del proceso de elecciones que vive Honduras, con comicios primarios e internos, del 9 de marzo, y generales del 30 de noviembre.
Señaló además que la extradición es una herramienta “muy importante”.“Es una herramienta útil, nuestra preocupación es que no se use para temas políticos sobre todo en términos electorales”, afirmó Reina.
(Con información de Reuters, EFE y EP)