Este fin de semana causó conmoción en Bolivia el asesinato de Francisco Marupa, un líder indígena del pueblo Leco, ubicado en el norte de La Paz, cuyo cuerpo fue encontrado abandonado en un chaco y con signos de violencia el 14 de febrero.
La Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), anunció la muerte del dirigente de 67 años y reveló que anteriormente se hicieron de denuncias sobre la presencia de organizaciones criminales que “avasallan territorios indígenas” y se dedican a prácticas ilegales el Parque Nacional Madidi, uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo.
Tras conocerse el hecho, varias organizaciones se pronunciaron para condenar el crimen y lo vincularon con la violencia que existe dentro de las áreas protegidas vinculada a actividades ilegales.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) manifestó que su muerte no solo representa una pérdida para su comunidad, su organización y el pueblo Leco, sino “para la Amazonía entera que resiste ante la embestida de los poderes paralelos que libran su batalla contra la vida de la Madre Tierra. Su violenta partida tampoco es un hecho aislado, es el reflejo de la violencia estructural que viven quienes entregan su vida a la defensa de los territorios y la casa común”.
De igual forma, la Unión Europea emitió un comunicado en el que lamentó la “violencia, el despojo de tierras y la expansión de actividades ilegales en parques nacionales” e hizo un llamado a las autoridades para sancionar a los responsables de su muerte. “Pedimos garantizar la protección del pueblo Leco y de las comunidades que enfrentan amenazas similares. Tal como lo manifestamos en nuestro último diálogo de alto nivel con Bolivia, estamos comprometidos con la lucha contra la deforestación y a favor del desarrollo sostenible, así como con la defensa y promoción de los Derechos Humanos”, finaliza el comunicado.
El sábado el autor confeso del crimen fue capturado y según publicaciones locales habría declarado que “lo enviaron a matar”. Sin embargo, el Gobierno descartó que se trate de un ajuste de cuentas por la defensa del territorio y atribuyó el crimen a cuestiones personales.
En un mensaje en su cuenta de Facebook, el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo indicó que la Policía aprehendió a Julio L.T., de 20 años, quien reconoció ser el autor del asesinato “porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que, se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”.
En tanto, el presidente Luis Arce expresó sus condolencias por la muerte de Marupa y aseguró que su país defiende los derechos de los pueblos indígenas y no tolerará la impunidad.
Criminalidad en áreas protegidas
En el comunicado emitido por el CIPLA, organización a la que pertenecía Marupa, se denuncia la existencia de bandas que se dedican al avasallamiento de tierras indígenas, la explotación ilegal de recursos naturales, la pesca y caza igual además de la tala indiscriminada y el tráfico ilegal de tierras por lo que exigieron garantías del Estado para “proteger el territorio indígena titulado, los recursos naturales y la vida de los integrantes del pueblo indígena Leco Apolo”.
Según el Cejis, estas actividades, particularmente la extracción minera en los ríos Beni, Tuichi, Madre de Dios y Tequeje “han generado reacciones de violencia, amenaza e intimidación contra las comunidades y autoridades, como la quema de sus casas y el desalojo forzado de las familias”.
El dirigente Marupa, que vivía en la comunidad Torewa, dedicó su vida a la defensa y a la protección del territorio indígena. Fue un firme opositor de la minería ilegal y el tráfico de tierras, entre otras actividades que amenazan su territorio.
