El pasado fin de semana un operativo policial para levantar piquetes en la carretera internacional que conecta Bolivia con Argentina, a la altura de la ciudad de Yacuiba, dejó un saldo de 30 policías heridos tras un enfrentamiento con piedras y “bombas molotov” que fue neutralizado con el uso de gases lacrimógenos, según el reporte institucional presentado este domingo.
El coronel Ángel Morales, comandante Departamental de la Policía de Tarija (sur), se envió a 324 uniformados para sumarse al personal de Yacuiba, con el objetivo de levantar los bloqueos ubicados en la Ruta 9, que está intransitable desde desde hace varios días por manifestaciones por demandas regionales vinculadas a recursos para salud y educación.
El contingente policial se encontró con al menos 500 personas en la comunidad de El Barrial y otras 250 en Tierras Nuevas, que atacaron a los efectivos, de acuerdo al jefe policial.
Morales negó algunas versiones que circularon el fin de semana sobre la incineración de un vehículo oficial, agresiones a los comunarios y el fallecimiento de un menor de edad. “Se desmiente por completo, porque hemos sido objeto de agresión violenta por parte de estas personas”, señaló en conferencia de prensa y anunció que se iniciarán acciones legales contra los supuestos agresores.
Tras haber despejado cinco piquetes mediante el diálogo en los días previos, dos permanecen activos hasta este lunes. Según reportes de la prensa local, un contingente policial de 250 efectivos partió desde Santa Cruz de la Sierra con equipos antidisturbios para despejar la carretera.
Demandas por recursos
El bloqueo se realiza por padres de familia, trabajadores en salud y el sector campesino, que demandan la asignación de recursos que les corresponde por ley. Paradójicamente, el conflicto se desarrolla en la región gasífera de Bolivia, que gozó de varios años de prosperidad económica por el auge de los hidrocarburos.
Sin embargo, en medio de la debacle industria petrolera y la crisis económica que enfrenta el país, una disputa por la dotación de recursos entre dos instituciones locales ha volcado a la gente en las calles. Según explica el periódico El País, el Gobierno Regional no ha transferido a la Alcaldía las regalías que le corresponden y que deben ser destinadas a salud, educación y proyectos de desarrollo productivo.
En ese sentido, la Alcaldía afirma no puede cumplir con ciertas obligaciones, como el desayuno escolar, la refacción de escuelas, el pago de salarios a personal de salud y la ejecución de proyectos destinados al agro. Sin embargo, el Gobierno regional asegura que de la gestión 2024 sólo debe un mes, por lo que no entiende por qué se le atribuye la deuda de salarios de seis meses.
En cuanto a la transferencia correspondiente a lo que va del 2025, dijo que será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que defina si entrega o no esos recursos debido a la falta de liquidez tras la caída en las regalías petroleras, que son prácticamente el único ingreso que permite el funcionamiento de esa institución que es la única de ese tipo en Bolivia.
En tanto las negociaciones se desarrollan y se buscan acuerdos para superar el impasse, la población mantiene dos puntos de piquete desde hace ocho días y hay decenas de camiones varados en la carretera bajo temperaturas que alcanzan los 40 grados.
