Adán Fúnez, alcalde hondureño militante del partido que gobierna el país, está detrás del asesinato del ambientalista Juan López, perpetrado el 14 de septiembre de 2024, según pruebas testimoniales y científicas recabadas por investigadores hondureños a cargo del expediente. Esa prueba ubica a Fúnez en conversaciones con al menos uno de los tres sicarios detenidos en octubre pasado como presuntos responsables del asesinato de López.
Dos fuentes en Honduras, una en el Ejecutivo y otra en el Órgano Judicial, confirmaron la existencia de estos indicios, que también están consignadas en un informe de investigación al que Infobae tuvo acceso. El Ministerio Público (MP), por su parte, ha confirmado que Fúnez es sujeto de interés en la investigación por la muerte de López.
Ya el 25 de septiembre de 2024, 11 días después del asesinato, el Ministerio Público pidió a Fúnez que entregará las grabaciones de la vídeovigilancia que el alcalde tiene instalada en su casa. La petición del MP habla de tiempos específicos: de las 7:00 a.m. a las 10:00 p.m. del sábado 14 de septiembre de 2024. Esto porque, según dice un funcionario del Ejecutivo hondureño al tanto de las investigaciones que habló con Infobae bajo condición de anonimato por seguridad, los primeros testimonios recabados indican que Fúnez se reunió con el sicario horas antes del asesinato, que ocurrió en horas de la noche cuando el ambientalista salía de un servicio religioso.
Hasta ahora hay tres hombres capturados como presuntos responsables del asesinato de Juan López, entre ellos Óscar Alexis Guardado Alvarenga. Uno de esos detenidos, según una fuente del MP dijo a Infobae, ha pedido un juicio abreviado, lo que significa que aceptará su culpabilidad y podría brindar información sobre el crimen; los fiscales, sin embargo, no han aceptado esta posibilidad hasta no tener información extraída de los teléfonos celulares que decomisaron a los detenidos.
Infobae intentó comunicarse con Fúnez para obtener su reacción pero no hubo respuesta. Tras 20 años al mando de la alcaldía de Tocoa, el alcalde anunció que no se presentará a la reelección y nombró un sucesor.
Johel Zelaya, el fiscal general de Honduras, dijo este 12 de febrero que el MP ha enviado teléfonos celulares relacionados con el caso a laboratorios de Estados Unidos y Costa Rica para que estudien sus contenidos, y que esperan recibir informes al respecto en los próximos días.
De acuerdo con reconstrucciones que ha hecho la prensa hondureña de lo ocurrido el 14 de septiembre, día en que lo mataron, López salía de un servicio religioso en la iglesia a la que solía acudir en Tocoa, en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Subió al asiento del pasajero en la parte delantera de un pickup y hasta ahí llegó uno de los sicarios, quien intentó, sin éxito, abrir la puerta del vehículo. Luego el pistolero se paró frente a la ventanilla delantera del carro y abrió fuego.
Juan López era reconocido en Honduras por su activismo en contra de la explotación minera a cielo abierto en zonas vulnerables a las crisis climáticas, sobre todo en el norte hondureño. En los últimos años, López, quien también era regidor en la corporación municipal de Tocoa, se había opuesto a megaproyectos mineros gestionados por compañías relacionadas al empresario Lenir Pérez, quien ha contado entre sus principales animadores políticos al alcalde Fúnez.
Antes de que lo asesinaran, López había pedido la renuncia de Fúnez, a quien acusó de estar relacionado con el narcotráfico.
Un hombre bien relacionado
El alcalde es una figura poderosa en Tocoa, en Colón, y en el Bajo Aguán, que es como se conoce a la cuenca del río Aguán, uno de los más importantes del país. La zona ha sido una de las más conflictivas de Honduras en las últimas décadas: por su geografía y su calidad de encrucijada ahí se desarrolló desde finales del siglo pasado uno de los corredores más utilizados la ruta de la cocaína que viaja hacia el norte del continente. El lugar, además, alberga recursos naturales que han sido botín de la industria extractiva local e internacional.
A Fúnez le han valido, para mantener su influencia en Colón, su cercanía a los dos principales poderes que existen en el territorio, el de los narcos y el del partido en el gobierno. Durante años, de acuerdo con testimonios recogidos en investigaciones estadounidenses y procesos judiciales abiertos en Nueva York contra narcotraficantes hondureños, Fúnez estuvo conectado a la banda Los Cachiros, originaria también de Colón. Además, el alcalde ha sido cercano a la familia Zelaya de Olancho, a la que pertenecen los hermanos Carlos y Manuel, cuñado y esposo, respectivamente, de la presidenta Xiomara Castro.
Los vínculos entre el alcalde y Los Cachiros empezaron a salir a la luz pública en 2017, cuando Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de la banda, declaró ante autoridades judiciales en Nueva York que su organización criminal había recibido favores e información de políticos hondureños a cambio de sobornos. Entre los nombrados está Adán Fúnez.
Rivera es un narco que se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2014 y a partir de entonces ha dado información a fiscales estadounidenses que ha servido para condenar y procesar a media docena de políticos y traficantes, entre ellos al expresidente Juan Orlando Hernández, antecesor de la presidenta Castro.
En agosto de 2023, poco menos de un año antes de ser asesinado, Juan López concedió una larga entrevista al medio independiente Reporteros de Investigación, en la que habló de los nexos del alcalde Fúnez, de los políticos y del empresario Lenir Pérez con el narcotráfico y el crimen organizado.
“¿Cuál es el vínculo de Adán Fúnez con los Rivera Maradiaga, con Los Cachiros y en la administración pública cuando viene Juan Orlando Hernández (el expresidente condenado en marzo de 2024 en Nueva York por narcotráfico) y quiebra a Los Cachiros… es una pelea entre carteles?”, se preguntaba López al abordar las relaciones entre la política hondureña y el narcotráfico.
Al hablar del empresario Lenir Pérez, cuya empresa Los Pinares está nombrada en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas como participante en amenazas a muerte recibidas por López, el ambientalista también hizo cuestionamientos por supuestos nexos con el narco. “Uno puede llegar a la conclusión… de que él ya tenía una relación con Los Cachiros en el tema minero”, dijo.
El incómodo nexo con el cuñado de la presidenta
Cuando en febrero de 2024 desfilaban narcos, agentes antinarcóticos y otros testigos por la corte neoyorquina que juzgó al expresidente Juan Orlando Hernández, salió a relucir una larga lista de políticos y empresarios hondureños vinculados con las bandas criminales que infiltraron las instituciones del país centroamericano. Uno de los nombrados es Carlos Zelaya, exvicepresidente del Congreso y cuñado de la presidenta Castro.
De Zelaya dijeron dos de los testigos, uno de ellos Devis Leonel Rivera Maradiaga, que había recibido sobornos de Los Cachiros. La mención, sin embargo, se perdió en medio de una lista que incluía a casi toda la cúpula del Partido Nacional del expresidente Hernández.
En septiembre de 2024, sin embargo, Carlos Zelaya no pudo evitar un escándalo mayor. A inicios de ese mes, varios medios internacionales publicaron un vídeo filtrado por autoridades estadounidenses en el que aparece el político junto a otros funcionarios negociando sobornos con Los Cachiros. En esa reunión también estaba Adán Fúnez, hombre fuerte del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE) en Colón. En plática con los narcos, Zelaya pidió dinero para el “comandante”, en referencia a su hermano, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya y esposo de la presidenta Castro.
Fue tras la publicación de aquel vídeo que el ambientalista Juan López exigió, en público, la renuncia del alcalde Fúnez.
Cuando López fue asesinado poco después de su demanda pública, en Tocoa las miradas se dirigieron de inmediato hacia el acalde, sobre quien pesaba ya una historia de violencia, de enemistad con López y otros ambientalistas, y de connivencia con el narco y de empresarios mineros que han sido acusados en cortes hondureñas e internacionales por abusos contra los derechos humanos de quienes han protestado por los daños generados por los proyectos de extracción.
Ya en 2023, poco menos de un año antes de que lo mataran, a López la CIDH le había otorgado medidas cautelares por amenazas recibidas en el contexto de sus demandas ambientalistas. Aquella resolución de la comisión interamericana incluye a varios miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, del que López era miembro, y detalla amenazas de muerte extendidas por sicarios y políticos de la zona.
El asesinato de Juan López, como el de la ambientalista Bertha Cáceres en 2016, activó un fuerte reclamo internacional contra el Estado de Honduras. En el caso de Cáceres, después de varias trabas y retrasos, la justicia hondureña condenó a los autores materiales, pero dejó del lado la investigación a los supuestos autores intelectuales, entre los que la familia de la ambientalista cuenta a poderosos empresarios cuyos intereses económicos se vieron afectados por sus denuncias. Lo mismo parece haber ocurrido en el caso de López.
La posible participación de Fúnez, y el potencial vínculo de las empresas mineras a las que él ha defendido, en el asesinato de López no llegan como por sorpresa para casi nadie en Tocoa. El representante de la iglesia católica en la localidad es uno de los que se ha atrevido a señalar las conexiones en público. “Creo que entre estos actores está la municipalidad, en confabulación con la minera, son los autores. La minera sin duda alguna está favoreciendo dando algunos, vamos a decir dineros, a la municipalidad para que se venda a favor de la operación de la minera, entonces, creemos que son los autores principales», dijo a periodistas Carlos Orellana, párroco católico, y añadió: “Como Iglesia responsabilizamos a don Adán Funez y a sus regidores más cercanos que son afines a él.
En el caso del ambientalista López, las pesquisas apuntan a una mafia política encabezada por el alcalde Fúnez, nombrado en el expediente de investigación como la persona que contrató a los sicarios que dispararon en contra de López y lo mataron. Por ahora, el político sigue libre.
