Los empresarios agroindustriales de Bolivia exigieron cambios estructurales en la política de Estado, luego de que el presidente Luis Arce hiciera ajustes en su gabinete de ministros.
Tras la posesión de Zenón Mamani como nuevo ministro de Desarrollo Productivo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó que lo que se requieren son ajustes en la política económica del país y no simplemente la renovación de autoridades.
“Necesitamos no sólo cambios de nombre, necesitamos cambios de políticas que estén acordes a los problemas que tiene el sector”, manifestó el presidente de la CAO, Klaus Frerking en una rueda de prensa.
El cambio de ministro en Desarrollo Productivo coincide con una serie de protestas por dos disposiciones recientes que han generado polémica. Por un lado, el veto temporal a las exportaciones de carne de res hasta garantizar el abastecimiento interno a “precios justos”, que entró en vigencia el 5 de febrero y, por otro, una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza los decomisos de productos alimenticios cuando se evidencie agio o especulación, una medida que los comerciantes y productores consideran que puede ser utilizada de manera arbitraria para atentar contra la propiedad privada.
El ejecutivo de la CAO manifestó que está dispuesto a dialogar y trabajar con el nuevo ministro, aunque descartó negociaciones sobre la disposición de los decomisos y exigen su abrogación. “Tenemos que tener certidumbre y seguridad jurídica para toda la cadena productiva que hace rodar la economía del país”, expresó Frerking.
En los últimos tres meses, la administración de Arce suspendió temporalmente las exportaciones de dos productos. A mediados de diciembre fue el aceite refinado de soya, que se vetó durante diez días hasta que el precio en el mercado interno se regularizó. Actualmente se prohibió la exportación de carne de res pero a nueve días de la disposición, no ha habido variación en precio. Según las cifras que reporta la prensa local, el kilo de la carne subió en un año de 41 bolivianos (5,80 dólares) a 60 (8,57 dólares).
Adicionalmente en diciembre se intervino ingenios arroceros donde se estaba acopiando ilegalmente el producto, lo que ha generado malestar entre los productores. “Decomisaron el arroz y obligaron a vender, ¿qué seguridad jurídica es esa?”, cuestionó el dirigente de la CAO y agregó que “el comerciante tiene que decidir cuánto quiere comprar, cuánto almacenar y en qué momento vender”.
Sin embargo, el Gobierno defiende sus medidas para evitar que los precios de la canasta básica se disparen y proteger la economía de las familias. Adicionalmente a los problemas de la inflación, la administración de Arce atribuye a la venta ilegal en las fronteras y a la especulación de los comerciantes el alza en los precios.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de este año se registró una inflación de 1,95%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, la más alta de los últimos 17 años. Humberto Arandia, director del INE, atribuyó el incremento a cinco productos específicos: la carne de res, de pollo, el tomate, el transporte público y el material escolar.
Bolivia cerró el 2024 con una inflación acumulada del 9,97%, la más alta desde 2008. En las calles se percibe en el incremento continuo de los precios, la falta de dólares desde hace casi dos años y los periodos de escasez de combustible, que están llevando a los bolivianos a una situación de crisis que difícilmente podrán revertir en el corto plazo.
