El empresario Pablo Carrasco se conectó a un link de Zoom y, ante miles de personas, dijo que estaba allí para “poner la cara”. Hacía una semana que había cancelado una reunión virtual pocos minutos antes de la hora a la que la había convocado y que tenía el mismo objetivo: explicar cuál era la situación de Conexión Ganadera, el fondo ganadero en el que más de 4.000 inversores habían confiado sus ahorros y veían que su dinero se esfumó.
Carrasco y su socio, Gustavo Basso (fallecido en un accidente de tránsito en noviembre) eran dos personas conocidas en Uruguay y generaban confianza a los inversores. La confianza era tal que algunos inversores decidieron poner allí los ahorros de toda su vida. Otros utilizaban la oportunidad para vivir de las rentas que les daba.
La empresa se dedicaba a captar dinero de pequeños, medianos y grandes inversores y, en teoría, lo utilizaban para comprar ganado. A cambio, pagaban una renta fija de al menos un 7% anual. Pero, después de conocerse la crisis de otros dos fondos ganaderas en el país, se supo que Conexión Ganadera también tenía números rojos: su déficit patrimonial supera los USD 230 millones de dólares.
Los inversores se unieron y, a través de distintos grupos de abogados, presentaron varias denuncias contra Pablo Carrasco y sus socios en Conexión Ganadera.
La Justicia uruguaya ya realizó las primeras actuaciones sobre este tema al decretar el cierre de fronteras y la retención de los pasaportes de Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y la viuda de Basso, Daniela Cabral, informó El Observador.
El abogado Ignacio Durán, quien represente a más de 200 afectados, explicó que la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera adoptó la medida de forma provisoria hasta el 17 de febrero, el día en el que fijó una audiencia para discutir y oficializar las medidas cautelares que deberán cumplir los socios de la empresa.
Carrasco y sus socias son investigados por delitos de estafa y apropiación indebida. Más de 20 abogados de inversores afectados presentaron denuncias penales ante el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.
Pero más allá de estas instancias penales, también se abrieron otras instancias en Justicia. El juez de Concurso Leonardo Méndez decretó la intervención urgente de Conexión Ganadera y la empresa Hernandarias XIII, que es la propietaria del campo en el que estaba la mayor parte del ganado que dice tener la firma. Esto es un paso previo a que se decrete el concurso de acreedores, señala el medio uruguayo.
El interventor de la empresa es Alfredo Ciavattone y, junto a Carrasco, se están encargando de gestionar la firma. Sin embargo, si el juez decreta el concurso, el director será desplazado.
El interventor pidió esta semana a la Justicia que se levante de forma parcial la prohibición que existe de innovar con el ganado para poder vender 845 vacunos de la compañía y así poder cubrir gastos básicos de funcionamiento.
“La solicitud patrimonial de las dos sociedades comparecientes –Conexión y Hernandarias– es de una completa falta de liquidez”, dice la solicitud, que fue aceptada por el juez.
Cuando se presentó ante los clientes, Carrasco dio paso al contador Ricardo Giovio, especialista en estrés financiero. Él informó que el déficit patrimonial de la empresa es de cerca de USD 230 millones. “No esperen una presentación comercial ni un mensaje esperanzador, más allá de lo que se puede recuperar”, dijo. El experto aseguró que la empresa no tiene un problema de “liquidez” sino de “solvencia”.
“Sin haber empezado con un esquema Ponzi, terminó como un esquema Ponzi. Alguien que sabe mucho de finanzas me dijo que todo este esquema Ponzi arranca con pagar fijo y recibir variable”, explicó Giovio. Es decir, el negocio pagaba una renta fija (de al menos el 7% anual) en una actividad como la ganadería que está expuesta a situaciones muy cambiantes.
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