El Tribunal Electoral de Costa Rica identificó posibles delitos en la campaña presidencial de Rodrigo Chaves

Un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica identificó la existencia de presuntas estructuras paralelas de financiamiento en la campaña que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves en 2022.

Según el documento, al que tuvieron acceso medios locales como CRHoy, la investigación apunta a la posible comisión de delitos electorales en los que estarían implicados el mandatario y otros 15 altos funcionarios.

El informe fue elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE tras tres años de indagaciones y está en poder de la Fiscalía General, que desde 2022 mantiene abierta una investigación sobre la presunta utilización de estructuras ilegales de financiamiento durante la contienda electoral de Chaves.

De acuerdo con el informe, en la campaña electoral el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se benefició de fondos captados por al menos dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley. El documento describe estas operaciones como parte de un “esquema opaco, clandestino y oscuro”, que habría favorecido la candidatura de Chaves y la de Waldo Agüero Sanabria, quien aspiraba a una diputación por San José.

Entre los señalados en el informe del TSE figuran Rodrigo Chaves, presidente de la República; Stephan Brunner, vicepresidente y ex tesorero del partido; y Arnoldo André, canciller y presunto administrador y donante de uno de los fideicomisos utilizados. La investigación también menciona a 16 personas más, incluidos los actuales diputados oficialistas Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, y Oswaldo Agüero.

El informe del TSE señala que la campaña del PPSD se financió a través de dos mecanismos principales. Uno de ellos fue el fideicomiso Costa Rica Próspera, y el otro, una cuenta bancaria a nombre de Sofía Agüero, hija del diputado Waldo Agüero y ex coordinadora de agenda de Chaves en 2021. Según el TSE, estas estructuras permitieron captar dinero sin el debido control partidario ni reportes mensuales de los donantes, como lo exige la ley electoral.

Este tipo de financiamiento irregular pudo haber facilitado el ingreso de fondos de empresas, extranjeros o fuentes ilícitas. El informe destaca que los dos fideicomisos involucrados manejaron montos superiores a los ¢248 millones (aproximadamente UDD 480.000), lo que representaría una violación al Código Electoral de Costa Rica.

El Código Electoral, en sus artículos 275 y 276, establece que la creación y uso de estructuras ilegales de financiamiento en campañas políticas conlleva penas de prisión de dos a seis años para los responsables.

Entre los delitos que se investigan están la recaudación de fondos sin autorización del TSE, la administración ilegal de recursos de campaña, el uso de estructuras clandestinas para captar dinero y el posible financiamiento de fuentes prohibidas.

El Ministerio Público ha solicitado acceso a documentación clave para la investigación. A mediados de enero, la Fiscalía General secuestró el informe del TSE, luego de que la Sala III del Poder Judicial autorizara la diligencia.

Chaves calificó este miércoles como “ridículo” el informe y aseguró que el fiscal general, Carlo Díaz, anda “desesperado” con este caso.

“El reporte es ridículo” y fue elaborado por “un departamento de tercer nivel, por un señor de apellido Chacón, que le reporta a un director, que le reporta a otro director que está debajo de los magistrados”, declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.

El presidente Chaves insistió este miércoles en que el informe se trata de “un reporte preliminar” o “un borrador de un borrador” y criticó que se haya filtrado a la prensa, ya que, según dijo, el fiscal general, Carlo Díaz, era el responsable de su custodia.

“Díaz, en su desesperación, lo veo muy desesperadito, va y secuestra el reporte, que no es un reporte del Tribunal (TSE), es un informe preliminar”, agregó Chaves.

El presidente Chaves ha también negado en el pasado cualquier irregularidad y ha calificado las investigaciones en su contra como parte de una “persecución política”.

En febrero de 2024, una comisión legislativa concluyó en un informe que el presidente fue el “autor intelectual” de una estructura paralela ilegal de financiamiento. En esa ocasión, Chaves desestimó la acusación y la tildó de “nefasta” y “un circo”.

Por su parte, el PPSD ha defendido la legalidad del fideicomiso Costa Rica Próspera, argumentando que era una entidad privada ajena al partido. Según la agrupación, el fideicomiso se disolvió el 18 de septiembre de 2021, un día antes de que Chaves fuera ratificado como candidato presidencial. Además, aseguran que los contratos en curso fueron liquidados y los fondos restantes devueltos a los donantes el 8 de octubre de 2021. A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía continúa investigando si las estructuras en cuestión operaron fuera del marco legal.

Desde 2022, la Fiscalía General mantiene varias líneas de investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña de Chaves. Como parte de las pesquisas, el TSE levantó el secreto bancario y tributario de personas y entidades vinculadas al caso. El fiscal general Carlo Díaz explicó que el acceso a estos datos ha sido clave para esclarecer el flujo de dinero en la campaña del PPSD.

“El TSE indicó que esa información no era de acceso público. Por eso, acudimos a la Sala III y solicitamos de manera fundada el permiso para secuestrar los documentos”, afirmó Díaz.

El caso sigue en desarrollo y se espera que la Fiscalía determine si existen pruebas suficientes para formular una acusación formal contra el presidente Chaves y los demás implicados.

Rodrigo Chaves, quien asumió la presidencia en mayo de 2022, concluirá su mandato en mayo de 2026. De comprobarse las acusaciones en su contra, el caso podría tener consecuencias legales y políticas para él y su equipo cercano.