La Justicia de Panamá aceptó una demanda que cuestiona la concesión de una empresa china que opera en el Canal

La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la concesión otorgada a la empresa Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, para la operación de dos puertos en el Canal de Panamá.

La presidenta del tribunal, María Eugenia López, confirmó el martes que el caso fue asignado a una magistrada, quien determinará su curso legal.

La querella fue presentada el lunes por dos abogados panameños, quienes argumentan que la ley que permitió la concesión en 1997 vulnera diez artículos de la Constitución. La empresa gestiona los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambas entradas de la vía interoceánica, y su contrato, inicialmente por 25 años, fue renovado hasta 2047.

El caso surge en un contexto de creciente tensión internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su preocupación por la presencia china en la vía interoceánica. Trump insinuó la posibilidad de que Washington tome medidas para frenar la influencia de China en la región.

“China está metida en el Canal de Panamá y eso no será así por mucho tiempo”, declaró Trump el martes. Además, el mandatario tiene programada una conversación telefónica el viernes con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para abordar el tema.

El gobierno de Estados Unidos considera que la gestión de estos puertos por una empresa china representa una “amenaza a la seguridad nacional y regional”, aunque la vía interoceánica sigue bajo la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un ente autónomo panameño.

La magistrada asignada al caso analizará la demanda según el orden de ingreso, lo que podría afectar la rapidez del proceso, explicó López en una entrevista con el canal TVN-2.

Además del litigio en la Corte Suprema, la Contraloría General de Panamá lleva a cabo una auditoría para verificar si Hutchison Holdings cumple con sus obligaciones financieras con el Estado panameño.

El Canal de Panamá, inaugurado en 1914 y por donde transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial, fue construido por Estados Unidos y transferido a Panamá en 1999, en cumplimiento de los tratados firmados en 1977 entre ambos países.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su país permitirá que expire su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), el ambicioso plan de infraestructura global impulsado por China.

La decisión, tomada tras conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marca un giro en la política exterior panameña y ha sido celebrada por Washington como un avance en sus relaciones bilaterales.

Rubio, quien realizó su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump, destacó la medida como un “gran paso adelante” en la cooperación entre ambos países.

“El anuncio de ayer del presidente @JoseRaulMulino de que Panamá permitirá que expire su participación en la Iniciativa de la Franja y de la Ruta del Partido Comunista Chino (PCCh) es un gran paso adelante para las relaciones entre Estados Unidos y Panamá”, publicó Rubio en X tras abandonar el país centroamericano.

Panamá fue el primer país latinoamericano en respaldar oficialmente la Iniciativa de la Franja y la Ruta en noviembre de 2017, meses después de haber roto sus lazos diplomáticos con Taiwán para establecer relaciones con China.

El presidente Mulino explicó que el acuerdo con Beijing expira en dos o tres años, aunque dejó abierta la posibilidad de una terminación anticipada. No ofreció más detalles sobre los términos o plazos de la desvinculación.

Desde su creación, la Iniciativa de la Franja y la Ruta fue criticada por Estados Unidos, que acusa a China de utilizarla como un mecanismo de influencia geopolítica a través de lo que Washington denomina “diplomacia de la trampa de la deuda”.

(Con información de AFP y REUTERS)