El engaño de las excarcelaciones en Cuba: los presos políticos siguen bajo el férreo control de la dictadura

El régimen cubano anunció el pasado 14 de enero la excarcelación de 553 personas como parte de un acuerdo con el Vaticano. La medida fue presentada como un gesto de clemencia, pero un análisis de Prisoners Defenders revela que se trata de una maniobra engañosa: de los 198 prisioneros políticos liberados, el 94% ya tenía derecho a la libertad condicional, régimen abierto o libertad inmediata desde hace meses.

El informe, remitido por la ONG a Infobae, destacó que las excarcelaciones no constituyen una liberación real, sino que los detenidos han sido trasladados a un “régimen carcelario-domiciliar” con condiciones draconianas.

Bajo este esquema, los presos políticos siguen cumpliendo sus condenas y están sujetos a severas restricciones, incluyendo la prohibición de salir de su ciudad de residencia, expresarse en redes sociales, conceder entrevistas o contactar con organizaciones de derechos humanos.

Según Prisoners Defenders, el régimen cubano orquestó un fraude legal al retener en prisión a opositores que ya debían haber sido liberados por derecho propio, para luego incluirlos en una supuesta lista de beneficiarios de una “medida de gracia”.

Además, la cifra de 553 excarcelaciones que la dictadura de Miguel Díaz-Canel publicitó, incluye a delincuentes comunes, sin que se haya esclarecido su proporción.

El informe indicó que 31 de los presos políticos excarcelados ya habían cumplido sus condenas y debieron haber sido liberados hace tiempo. Otros 186 detenidos (93,94%) tenían derecho a un régimen abierto o a la libertad condicional, según la normativa penal cubana, lo que demuestra que la medida es una “farsa”.

Solo 12 de los excarcelados han recibido un beneficio penitenciario real, ya que sus condenas originales oscilaban entre 10 y 15 años.

Prisoners Defenders criticó también la falta de transparencia en el proceso, pues muchas familias de los reclusos no fueron informadas con anticipación.

La organización de derechos humanos tuvo que verificar una por una las excarcelaciones para desmentir las versiones oficiales. Además, señaló que el régimen cubano filtró nombres de personas que nunca estuvieron en prisión para confundir a la opinión pública y desviar la atención.

Los presos políticos excarcelados están sometidos a una serie de prohibiciones y amenazas constantes que restringen su libertad y mantienen el control estatal sobre ellos. Las condiciones impuestas incluyen:

• No pueden salir de su ciudad de residencia.
• No pueden publicar en redes sociales ni conceder entrevistas.
• No pueden comunicarse con organizaciones de derechos humanos.
• Están obligados a trabajos forzosos en muchos casos.
• No pueden viajar fuera de Cuba ni tramitar documentos en consulados.
• Están sometidos a escuchas telefónicas, citaciones policiales y registros arbitrarios.

Estas medidas configuran un régimen de represión domiciliaria y no una liberación efectiva.

Según el informe, la estrategia es mantener a los opositores en un estado de vigilancia y terror constante, evitando que puedan reanudar su actividad política o denunciar las violaciones de derechos humanos.

El informe también presentó un panorama sombrío sobre la situación carcelaria en Cuba. A finales de 2024, el número de presos políticos en la isla era de 1.161, de los cuales 931 permanecían encarcelados y otros 230 en condena domiciliaria.

Tras la excarcelación de enero, la cifra total sigue siendo alarmante: 1.158 personas siguen siendo prisioneras políticas, con 442 de ellas en un régimen carcelario-domiciliar altamente represivo.

Otro aspecto preocupante es la situación de salud de los detenidos. Entre los prisioneros políticos excarcelados, 111 presentaban desnutrición severa y 12 padecen afecciones asmáticas graves.

Asimismo, 25 de los excarcelados sufren trastornos psíquicos o mentales derivados de las condiciones de reclusión.

El informe cuestionó la respuesta de la comunidad internacional, que en muchos casos ha aceptado la versión oficial sin examinar las condiciones reales de la excarcelación.

De acuerdo a Prisoners Defenders, el régimen ha sabido manipular a ciertos actores internacionales para obtener beneficios políticos sin realizar concesiones genuinas en materia de derechos humanos.

También criticó la postura de algunos países y organismos, como la Unión Europea y Noruega, que han mantenido relaciones diplomáticas con La Habana sin exigir cambios estructurales en su sistema represivo.

A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido condenas, pero sin lograr presionar efectivamente al régimen, según la ONG.

La estrategia de liberar prisioneros políticos bajo condiciones restrictivas no es nueva en Cuba. Desde las masivas e históricas protestas del 11 de julio de 2021, el régimen ha implementado un patrón de represión en el que concede libertades parciales y revocables a disidentes, mientras mantiene el control sobre sus vidas.

Casos previos demuestran que muchos de los excarcelados terminan siendo hostigados, detenidos nuevamente o forzados al exilio.

El informe citó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien se negó a aceptar las condiciones de su “liberación”.

En conclusión, según la organización, lejos de representar un avance en materia de derechos humanos, la reciente excarcelación de presos políticos en Cuba constituye una operación de relaciones públicas destinada a engañar a la comunidad internacional.

El informe de Prisoners Defenders documentó que la mayoría de los excarcelados ya debía haber sido liberado hace tiempo, y que la supuesta “medida de gracia” es en realidad una extensión de su castigo, ahora bajo la modalidad de prisión domiciliaria.