La diputada chilena que se negó a hacerse un test de drogas reconoció consumir marihuana y hongos alucinógenos

Ana María Gazmuri es una activista por la legalización del uso terapéutico del cannabis. Rechazó hacerse la prueba obligatoria a la que deben someterse los legisladores y fue multada con el 15% de su sueldo

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Gazmuri es una conocida activista
Gazmuri es una conocida activista por la legalización del uso medicinal de la cannabis.

Una álgida controversia ha generado en Chile la decisión de la diputada Ana María Gazmuri, una conocida activista por la legalización del uso terapéutico de la cannabis -léase marihuana-, de no realizarse el test de drogas al que están obligados semestralmente los legisladores.

La militante del Partido Acción Humanista fue sancionada la semana pasada con el 15% de su salario por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados debido a dicha negativa, y en respuesta publicó una columna en BioBíoChile, en la que hizo sus descargos y reconoció que además de fumar marihuana, también consume hongos alucinógenos, todo ello con receta médica.

“Frente a las especulaciones en relación a que mi negativa a realizarme el test sería para ocultar el consumo de alguna sustancia distinta a cannabis, quiero señalar que, efectivamente, también he usado hongos psilocibes, prescritos médicamente, pero el test de drogas no incluye la psilocibina, por lo tanto, ese argumento carece de sentido”, partió señalando.

Según la también actriz, “hay errores importantes” en el reglamento, el que apunta a la prevención del consumo pero “a la fecha no ha existido ninguna acción en esa línea, ni siquiera una charla básica sobre prevención”.

“Es del todo correcto pesquisar el consumo indebido de sustancias, para así brindar orientación y ayuda sanitaria, pero existe también el uso responsable de sustancias y el uso lícito de las mismas”, debidamente prescrito por un facultativo, argumentó.

Gazmuri también criticó que “se han hecho públicos los nombres de los diputados que arrojaron positivo a los test, vulnerando los derechos que mantienen como pacientes, independiente del cargo que ejercen”.

“Ser usuario medicinal de cannabis no infringe el reglamento, solo hay que tener la correspondiente prescripción”, recordó, precisando que “someterme al examen, de hecho, sería la opción más fácil: daría positivo a cannabis, lo que estaría justificado con mi prescripción, y yo no aparecería infringiendo el reglamento”, razonó.

“Tengo receta médica, es de público conocimiento que soy usuaria de cannabis, y no estoy disponible a traicionar mis principios sometiéndome a un reglamento profundamente errado y mal implementado. El camino correcto no siempre es el más fácil. No me voy a realizar el test mientras no sea correctamente aplicado y tenga suficientes garantías de transparencia y respeto a la privacidad que tiene todo paciente”, remató taxativa.

“No estoy disponible a traicionar
“No estoy disponible a traicionar mis principios sometiéndome a un reglamento profundamente errado y mal implementado”, sostuvo la parlamentaria.

<b>“Inaceptable e inapropiado”</b>

Tras sus palabras, los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, pidieron el sábado darle urgencia a varios proyectos presentados por ellos al respecto, pero sobre todo a una reforma constitucional ingresada en 2021 que remueve de su puesto a cualquier autoridad que consuma sustancias no permitidas por la ley chilena, incluyendo al presidente de la república en ejercicio.

“Es absolutamente inentendible que autoridades como la diputada Gazmuri puedan reconocer públicamente que son consumidoras de dos tipos de drogas y solo reciban como sanción una multa económica”, dijeron a dúo, según consignó BioBíoChile.

Según los legisladores, “existe un vacío legal que requiere ser subsanado, porque de lo contrario la única sensación que quedará entre los chilenos es la completa impunidad por parte de una autoridad, que incluso se puede dar el lujo de legislar sobre una materia donde evidentemente tiene un conflicto de interés”, agregaron.

También exigieron darle celeridad a otro proyecto presentado el año pasado, que obliga a levantar el secreto bancario de los parlamentarios que arrojen positivo en el test, a fin de pesquisar posibles lazos con narcotraficantes.

“El país no se puede dar el lujo de tener autoridades que abiertamente se declaran consumidoras. Aquí tienen que existir sanciones ejemplares, porque si no atajamos el problema a tiempo, el mayor temor es que estas bandas terminen permeando a la administración del Estado, tal como ya ocurre en otros países”, remataron.

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