La dictadura de Daniel Ortega canceló este miércoles la personería jurídica a otras 10 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 5.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral cinco ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras cinco porque solicitaron su disolución voluntaria.
Las 10 ONG canceladas son la Fundación Chinandega 2001, Club Social de Jinotega, Asociación Cristiana Proeza en Dios, Asociación Comisión para el Desarrollo Rural, Ministerio Evangelístico Internacional Cristo la Cabeza, Twelve Churches, Asociación para el Desarrollo Integral de los Nicaragüenses, Asociación de Promotores de la Cultura, Fundación Sí a la Niñez y a la Juventud, Bridges to Community.
Con el cierre de estas ONG suman más de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
El pasado jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al régimen sandinista de Nicaragua por la “falta de integridad del proceso electoral” del año 2011 y por la actuación “abusiva del aparato estatal” para conseguir la reelección de Daniel Ortega.
“La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega, y además consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso”, declaró la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, en un acto de notificación del fallo.
Esta sentencia declaró al régimen de Daniel Ortega como responsable de violar los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla, quien como candidato presidencial en el proceso de 2011 denunció irregularidades en el proceso, incluida la ilegalidad de la reelección presidencial.
“Las decisiones de las salas Constitucional y Plena de la Corte Suprema de Justicia, inaplicando una norma constitucional que de forma expresa no permitía la reelección presidencial, pretendieron dar una apariencia de legalidad a la decisión que autorizaba la reelección del presidente Daniel Ortega”, explicó la jueza Hernández.
El fallo también determinó que “existen suficientes elementos para concluir que estas decisiones perseguían permitir la inscripción del presidente Daniel Ortega como candidato y permitir su permanencia al mando del Poder Ejecutivo, lo cual constituyó un uso abusivo de aparato estatal para favorecer al candidato oficial”, agregó Hernández.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato —el cuarto consecutivo—, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Gobierno de Nicaragua de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.
(Con información de EFE)
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