Tensión entre el Gobierno de Boric y las aseguradoras de pensiones de EEUU por la reforma previsional

Más que preocupada se mostró la American Council of Life Insurers (ACLI), que agrupa a las empresas estadounidenses controladoras de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) chilenas Provida, Cuprum y Habitat, por la reforma de pensiones que lleva adelante el Gobierno de Gabriel Boric, cuyo corazón ya fue aprobado por el Senado la noche del lunes y que podría ser despachada a ley esta jornada en la Cámara de Diputados.

Así quedó de manifiesto en una carta dirigida al propio mandatario y los ministro de Hacienda, Mario Marcel y de Trabajo, Jeannette Jara, en la que aseguran que la iniciativa contravendría el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.

En la misiva, David Chavern, presidente y CEO de la organización, sostuvo que “escribimos para compartir nuestras preocupaciones sobre la reforma de pensiones que ahora está frente a la legislatura chilena, y su impacto en los trabajadores chilenos, en la economía chilena y en la forma en que las disposiciones clave de la reforma violarán los derechos de inversión de los inversores estadounidenses en el sector de pensiones”, según consignó La Tercera.

“Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile. Sin embargo, la reforma de pensiones propuesta no solo socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera. A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”, avisaron.

Según el ejecutivo, puntos como la licitación del stock de afiliados y las nuevas facultades que la reforma otorga al Instituto de Previsión Social (IPS), “correspondería una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional”.

Ello, puesto que “otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión. Además, el reciente anuncio de la ministra del Trabajo de incluir a un inversor público, financiado por el Estado, afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas”.

“La violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente la confianza de los inversores en Chile. El abuso de los derechos fundamentales de los inversores llevará incluso a los inversores de buena fe a buscar reparación legal”, remata el documento.

Alejandro Charme, ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones, explicó en conversación con Expreso Bío Bío que los tratados internacionales celebrados por el país “son ley vigente” y que el Gobierno debería entender “que lo que se está discutiendo es el estatuto al inversionista extranjero y no a los afiliados”.

Según Charme, si Chile cambia las reglas del juego de manera unilateral los inversionistas internacionales pueden recurrir al CIADI, una organización del Banco Mundial que funge como árbitro en disputas de este tipo.

“Lo que el Estado de Chile debería hacer ahí es indemnizar a aquellas inversionistas que efectivamente no se les respetó su estatuto como tal”, aseguró.

Dicha indemnización podría llegar a ser astronómica, ya que “cuando tú inviertes en un país, lo que tienes que hacer es asegurarle por lo menos a esa inversión, tener una cierta estabilidad”, agregó.

Ello, puesto que cuando se firman acuerdos como el TLC es posible hacer ciertos ajustes, pero “no puedes hacer cambios en general. Si tú ves el discurso del gobierno desde el principio, era matar las AFP, en cierta medida, cuando lo que debería preocupar es mejorar las pensiones”, complementó.

Esta “intención detrás” justificaría los cuestionamientos de las aseguradoras norteamericanas de ver “transgredido el estatuto del inversionista” y recurrir a las instancias internacionales pertinentes para exigir compensaciones.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, refutó esta jornada desde el Congreso la carta de la ACLI y recordó que “viene de una organización que representa a tres accionistas de tres AFP chilenas. De esas tres, dos de ellas son las que cobran las mayores comisiones del mercado”.

“Esta carta se focaliza en el mecanismo de licitación de la afiliación de cuentas activas, el 10% de los afiliados de cada año que forma parte de este proyecto”, explicó.

La autoridad agregó que “el propósito de estas licitaciones es elevar la competencia en el mercado de administración de fondos de pensiones, reduciendo las comisiones que pagan los usuarios, sin sacrificar la rentabilidad de las inversiones”.

Según Marcel, “lo que se señala en esta carta es incorrecto, el mecanismo de licitación no va a implicar un trasvasije masivo de activos a los mercados que afecten su precio. Además de esto, no se menciona en esta carta que hay un conjunto de disposiciones dentro de este proyecto que buscan darle una mayor estabilidad a los fondos”, indicó.

Finalmente, sostuvo que “se espera que la reforma tenga efectos muy positivos sobre el volumen de ahorros y la profundidad del mercado de capitales, por lo tanto, muy lejos de verse perjudicado, lo que vamos a ver es recuperar la profundidad del mercado capital y con esto la rentabilidad de las inversiones”, remató.