Lula simplifica el sistema tributario pero la crisis fiscal pesa ahora sobre el costo de la vida de los brasileños

Brasil sigue vendiendo sus reservas para intentar frenar la subida del dólar. A pesar de que el Banco Central vendió el lunes otros dos mil millones de dólares, la primera venta de 2025 tras quemar más del 6% de sus reservas en diciembre, el dólar se mantiene alto frente al real. Ayer mismo cayó por debajo de los seis reales, cerrando a 5,94, debido, según los expertos, al efecto de las políticas arancelarias anunciadas por Trump que han debilitado la divisa norteamericana a nivel global.

El problema del fortalecimiento del dólar en Brasil se debe principalmente a la incertidumbre fiscal y a la trayectoria de la deuda pública. Según muchos analistas brasileños, debido a esta situación, el nuevo presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, que sustituyó a Roberto Campos Neto el 1 de enero, se enfrenta al escenario más complejo desde 1999. Durante 2024, el dólar se fortaleció un 27,36% frente al real, pasando de 4,85 reales a 6,18 reales. Además, Brasil registró el año pasado la tercera mayor salida de dólares de su serie histórica, con 15.900 millones de dólares, según datos del Banco Central. “El Gobierno debe reconocer sus errores y actuar, algo que debería haber hecho hace tiempo”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial sobre la fuga de capitales extranjeros.

El Banco Central ya ha subido los tipos de interés en las tres últimas reuniones y ha indicado dos nuevas subidas a principios de 2025, que elevarán la tasa Selic del 10,5% anual en septiembre de 2024 al 14,25% en marzo de 2025. La próxima reunión del Comité de Política Monetaria, el Copom, está prevista para el martes y el miércoles próximos. “La economía se verá afectada porque la subida de los tipos de interés es brutal y afectará al crédito. Una subida de los tipos de interés coge por sorpresa a las empresas y a los consumidores. El grado de transferencia a la economía es más rápido”, declaró Solange Srour, economista del banco suizo UBS, al diario O Estado de São Paulo.

En resumen, los indicadores financieros de Brasil siguen deteriorándose. La explicación está en el temor a lo que los economistas denominan “dominancia fiscal”, cuando la política monetaria empieza a perder eficacia, sin que la subida de los tipos de interés sea capaz de domar la inflación. El año 2024 terminó con una inflación del 4,83%, por encima del objetivo del 3%.

“No podemos permitir que la inflación supere el nivel actual, porque es peligroso y difícil de normalizar. El riesgo es muy alto. Por lo tanto, creo que estamos viviendo un momento extremadamente delicado. Los agentes del mercado lo están demostrando. Hay escepticismo sobre nuestra economía”, declaró a Folha de Sao Paulo el empresario Rubens Menin, fundador del Banco Inter.

Como es norma cuando se supera la meta de inflación, Galípolo tuvo que enviar un documento al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, a mediados de enero. El presidente del Banco Central citó el fortalecimiento del dólar, el aumento de los precios de los alimentos y el cuadro fiscal como las principales causas del aumento de la inflación. “El hecho de que el real haya sido la moneda con mayor depreciación en 2024 sugiere que factores nacionales y específicos de Brasil desempeñaron un papel importante en este movimiento del tipo de cambio. A nivel nacional, las percepciones de los agentes económicos sobre el escenario fiscal influyeron significativamente en los precios de los activos y en las expectativas de los agentes, en particular en la prima de riesgo, las expectativas de inflación y el tipo de cambio”, se lee en la carta.

El déficit primario del sector público, excluyendo los gastos con intereses, también ascendió a 192.800 millones de reales (32.403 millones de dólares) en los últimos 12 meses (hasta noviembre 2024), mientras que el déficit nominal, que incluye los gastos con intereses, alcanzó un récord de 1,1 billones de reales, unos 184.873 millones de dólares. Esto significa que combatir la inflación solo con la política de tipos de interés, sin que el Gobierno federal reduzca el gasto, sigue teniendo un fuerte impacto en las cuentas públicas.

“La atención se centra en la deuda pública, que aumentó drásticamente durante el Gobierno de Lula y podría alcanzar el 85% del PIB. La inflación del 5%, los tipos de interés del 14% y el dólar por encima de los 6 reales no son casualidad. El país es dependiente de gastar lo que no tiene y, sin un shock de credibilidad, un giro real en el gasto, no veo salida. En Argentina, la inflación no ha bajado milagrosamente del 20% al 2% mensual”, escribe la economista Elena Landau en el diario O Estado de São Paulo.

En relación con Argentina, la prensa brasileña ha señalado repetidamente cómo se ha invertido la tendencia. Si en años pasados los brasileños elegían el país vecino para sus vacaciones y compras gracias al tipo de cambio paralelo, ahora son los argentinos los que llenan los principales centros turísticos brasileños aprovechando la devaluación del real.

Sin embargo, la economía está enviando algunas señales muy positivas. Muchas proceden principalmente de la agroindustria. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) espera que se cosechen 322,42 millones de toneladas de trigo en 2025, una cosecha récord que compensará la contracción de los sectores cafetero y azucarero, y más en general la desaceleración de la industria y los servicios. En su último boletín macrofiscal, la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento del PIB agrícola del 6% en 2025, frente a un aumento del PIB general del 2,5%. Esto podría aliviar la inflación alimentaria, que se está convirtiendo en un grave problema para el carro de la compra de millones de brasileños. Tanto es así que ayer el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, anunció que el Gobierno federal “intervendría” para bajar el precio de los alimentos y que, para lograrlo, también estaría estudiando flexibilizar la fecha de caducidad de algunos productos, como las latas de conserva y las galletas.

“No tiene sentido aumentar los salarios si los precios suben en la misma proporción”, dijo Costa. Estas declaraciones crearon tanta polémica en las redes sociales que pocas horas después el Gobierno dio marcha atrás, afirmando que no habrá intervención sobre los precios de los alimentos.

El ministro señaló a los fenómenos climáticos de 2024 como la principal causa del alza de precios. A pesar del aumento medio del 1,18%, algunos productos básicos como la carne subieron un 20,8% en 2024, mientras que el aceite lo hizo un 21,53%. Por ello, en muchos supermercados estos productos están ahora protegidos por placas antihurto, mientras que empiezan a aparecer en el mercado subproductos más baratos para sustituir al aceite de oliva virgen extra, como el aceite de orujo, que es el residuo sólido que procede de los desechos anteriores y debe someterse a procesos químicos.

Rui Costa también reiteró ayer que Lula sigue teniendo dos grandes compromisos: “La inclusión social, que incluye programas asistenciales, y el equilibrio fiscal. Si no hay equilibrio fiscal, los más pobres son los que pagan la factura más alta”, afirmó. El año pasado el gobierno canceló 325.475 subsidios, los llamados “Bolsa Familia”, para los más pobres, en 5.021 ciudades, casi el 90% del país. Además, aunque Lula confirmó este año el llamado subsidio al gas, que ayuda a las familias a comprar bombonas para cocinar, existe el riesgo de que 5,5 millones de hogares vulnerables no lo reciban por falta de fondos.

Como el Presupuesto 2025 aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, el subsidio al gas no ha recibido la autorización presupuestaria necesaria. Incluso si se aprobara, la cantidad prevista por el gobierno de 600 millones de reales, 100,8 millones de dólares, no es suficiente para cubrir las cinco cuotas por beneficiario. La economía pesa tanto sobre los más vulnerables que el número de la población que vive en la calle también está creciendo. Según un estudio del Observatorio Brasileño de Políticas Públicas de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), de 2023 a 2024 aumentó un 25%, pasando de 261.653 personas a 327.925. En 2013 había 22.922 viviendo en la calle. El sureste del país es el más afectado. El estado de San Pablo está a la cabeza porque alberga el 43% de toda la población de la calle, es decir, 139.799 personas.

Con una crisis fiscal que parece no ver fin, las promesas electorales de Lula, entre ellas la exención de impuestos para los que ganan menos de 5.000 reales, 840 dólares, también están fracasando. Para ello, según los expertos, tendría que gravar a los que ganan mucho más, especialmente a los inversores, pero esto exacerbaría aún más los mercados. Luego queda la incógnita del impacto del ciclo electoral en la política fiscal de Lula. Es decir, ¿cuánto está dispuesto Lula a sacrificar de la economía en los próximos dos años en nombre de la realpolitik, es decir, de su candidatura presidencial en 2026? Zeina Latif, en el diario O Globo, también plantea provocativamente una tercera hipótesis. “Tal vez Lula hace tiempo que incorporó a sus cálculos políticos la posibilidad de no volver a presentarse: en efecto, la vida del próximo presidente no será fácil, ya que las reformas fiscales, como la de la seguridad social, se han vuelto urgentes. Por esta razón, puede haber invertido el ciclo de la política fiscal, gastando munición al principio del gobierno y no al final”, escribe Zeina.

Economistas y analistas coinciden en la necesidad de medidas más drásticas para reducir el gasto público, pero la realidad que relata la prensa nacional parece ir en sentido contrario. Por ejemplo, los gastos de la esposa de Lula, Rosangela Lyra da Silva, conocida como Janja, han creado polémica y titulares, hasta el punto de que un diputado del estado de San Pablo, Guto Zacarias, del partido de gobierno Unión Brasil, ha creado el Janjometro, un sitio donde se registran todos sus gastos. Entre ellos, los del “Festival de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza” que Janja organizó en paralelo al G20 y que fue rebautizado como Janjapalooza por la imprensa. Incluso ha intervenido el Tribunal de Cuentas de la Unión, que, según el sitio brasileño de noticias O Antagonista, ha abierto una investigación sobre la posible “malversación de fondos públicos” de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú. Según el diario brasileño O Estado de São Paulo, la realización de la cumbre y del festival del G20 costó a empresas estatales como Itaipú hasta 83,45 millones de reales, poco más de 14 millones de dólares.

Toda una serie de ventajas económicas que benefician al poder judicial también crearon debate. En diciembre, por ejemplo, los sueldos de los jueces del Tribunal Superior Militar recibieron beneficios de hasta 300.000 reales (50.420 dólares) por magistrado. A esto se añade el mercado de las llamadas enmiendas parlamentarias, es decir, fondos desembolsados por el ejecutivo al Congreso sin necesidad de rendir cuentas. En 2024 se desembolsaron 33.900 millones de reales, 5.698 millones de dólares, mientras que la previsión para este año es de 50.500 millones, unos 8.487 millones de dólares.

Otra cuestión que, de no abordarse, podría crear problemas para la producción de datos económicos en Brasil es la crisis del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En una carta dirigida al presidente Márcio Pochmann, elegido por el Gobierno e investido en junio de 2023, sus empleados le acusan de haber creado un IBGE paralelo. Se trata de la Fundación IBGE+, creada y defendida por Pochmann con el argumento de que apoyaría las actividades del instituto, permitiéndole acceder a fondos al margen del presupuesto. El sindicato nacional ASSIBGE tiene una opinión diferente, según la cual “el nuevo organismo puede comprometer la autonomía técnica del IBGE”. El temor es que, para complacer a los posibles financiadores de la fundación, se alteren los datos. Además de proporcionar datos censales, el IBGE ofrece toda una serie de datos económicos, desde la inflación hasta el consumo, que son cruciales para orientar las políticas económicas y fiscales del Gobierno.

Con este difícil telón de fondo, la semana pasada Lula, gran ausente en el Foro Económico Mundial que termina mañana en Davos (Suiza), así como el ministro Haddad, ratificó la primera parte del reglamento de la nueva reforma fiscal que entrará en vigor de forma experimental en 2026 y se aplicará plenamente en 2033. La ley aprobada establece las reglas de los nuevos impuestos creados por la reforma, a saber, el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), de carácter federal, y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), de carácter estatal y municipal. Se trata de una reforma largamente esperada que tiene el mérito de racionalizar la compleja burocracia fiscal del país. Sin embargo, Brasil acabará teniendo el IVA más alto del mundo, con un 28%.