La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía a Evo Morales y emitió una nueva orden de detención

El ex presidente no se presentó a la audiencia de medidas cautelares por el caso trata de menores. El juez determinó su arraigo y aprehensión

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El ex presidente de Bolivia
El ex presidente de Bolivia Evo Morales (EFE/Luis Gandarillas)

La Justicia boliviana declaró en rebeldía al ex presidente Evo Morales (2006-2019) este viernes, luego de que se ausentara por segunda vez a su audiencia de medidas cautelares por la investigación en la que se lo acusa por el delito de trata de personas.

En la audiencia, que duró más de cuatro horas en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, el juez Nelson Rocabado determinó dictar su arraigo, congelar sus cuentas, anotar sus bienes y emitir una nueva orden de aprehensión. Al concluir el acto judicial, la defensa de Morales anunció que solicitará una acción de libertad.

En los minutos previos al inicio de la audiencia, el abogado de Morales y ex ministro Jorge Pérez, manifestó ante los medios que su defendido es “inocente y un perseguido político” porque no se estaría cumpliendo con el debido proceso y ratificó que no fue notificado por la Justicia. “Por eso es ilegal el mandamiento de aprehensión y la imputación formal, a él nunca lo notificaron. Que nos muestren que llegaron los asistentes del Ministerio Público a su domicilio, eso no existe”, expresó.

Afines al ex presidente colgaron
Afines al ex presidente colgaron carteles en su defensa en el ingreso al Palacio de Justicia (Foto: Infobae)

La audiencia fue inicialmente programada para el martes 14 de enero pero fue suspendida hasta este viernes, luego de que la defensa del ex presidente presentara un certificado médico que alegaba impedimentos de salud para asistir y el juez Nelson Rocabado le diera un plazo para presentar una valoración médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Minutos antes del inicio de audiencia de este viernes se vivieron momentos de tensión en la puerta del Tribunal de Justicia entre simpatizantes y detractores de Morales. Sus seguidores colgaron letreros que exigían la presunción de inocencia y hacían referencia al presidente Luis Arce como “¿Por qué algunos servidores públicos no denunciaron en su momento y ahora dicen que era un secreto a voces? ¡son cómplices!”.

En tanto una veintena de detractores del ex presidente -que tenían los rostros cubiertos con barbijos, gorras y gafas- portaban carteles exigiendo justicia. Tras el ingreso de la fiscal y el abogado de Morales, los dos grupos se enfrentaron con gritos. Unos acusaban a los detractores de ser funcionarios públicos pagados para estar ahí y les exigían dar la cara, a lo que los otros respondían “¡que dé la cara Evo!”.

Personas con el rostro cubierto
Personas con el rostro cubierto portaban carteles exigiendo justicia para la supuesta víctima del ex presidente (Foto: Infobae)

El juicio se lleva en medio de la larga disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) representada en los liderazgos de Morales y el presidente Luis Arce, por el control del partido y el poder del Estado. Aunque esta acción podría terminar con Morales encarcelado, algunos analistas creen que no es la batalla final.

El líder cocalero está siendo investigado actualmente por los delitos de trata de personas y estupro. Según documentación de la Fiscalía, el ex mandatario habría tenido una hija con una adolescente el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, en la frontera con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.

En este juicio también están involucrados los padres de la supuesta víctima, a quienes se acusa de haber actuado en complicidad y obtenido favores políticos por la vinculación de su hija con el entonces presidente. El padre de la joven está en la cárcel con detención preventiva y su madre fue declarada en rebeldía tras haberse ausentado a la audiencia del martes a la que fue convocada.

Hasta ahora, ni Morales ni nadie de su entorno ha negado la comisión del delito y han acusado al Gobierno de estar detrás del caso con el objetivo de anular su futuro político.

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