La megaobra para construir una toma de agua sobre el Río de la Plata (en Arazatí) y una planta potabilizadora fue uno de los grandes proyectos que impulsó el gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay. El pico de la discusión de esta iniciativa se dio en 2023, cuando una grave sequía puso en duda el suministro de agua potable en Uruguay y evidenció la necesidad de buscar una alternativa. Pero, solucionado ese problema al menos de forma transitoria, el asunto volvió a quedar relegado.
El proyecto se denomina Neptuno -fue presentado por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast)- y propone la instalación de una toma de agua del Río de la Plata a la altura del balneario Arazatí (en San José, a 92 kilómetros de la capital uruguaya). La obra incluye la construcción de una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería aductora.
Lacalle Pou se comprometió a hacer la obra, pero a partir de marzo habrá un cambio de signo político en el país. El frenteamplista Yamandú Orsi ganó las elecciones y su fuerza política tiene muchos reparos sobre la construcción de esta represa. La coalición de izquierda coincide en que es necesario buscar una alternativa para el agua potable, pero impulsa otro plan.
Las bases programáticas del Frente Amplio –el programa de la coalición de izquierda en el que en teoría se debe basar Orsi– plantean: “Se priorizará la concreción del Proyecto Casupá y proyectos complementarios tendientes a asegurar el abastecimiento de agua potable”.
Estas diferencias se convirtieron en una de las principales controversias del gobierno saliente y el entrante. El gobierno de Lacalle Pou tiene la intención de dejar firmado el proyecto, pero antes quiere encontrar algunos puntos de acuerdo.
Este jueves hubo una nueva reunión de transición entre el equipo de Lacalle Pou y el equipo de Orsi. Allí quedó claro que la firma del contrato se concretará, pero el gobierno actual presentará cuatro o cinco alternativas sobre las que está dispuesto a trabajar para lograr un mayor consenso, según consignó el diario uruguayo El País.
Del encuentro participaron el secretario de Presidencia actual, Rodrigo Ferrés, y su sucesor, Alejandro Sánchez. También estuvo el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el futuro prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. El intercambio entre estos actores fue “franco y directo”.
El gobierno espera una pronta respuesta de los próximos jerarcas que, de todas maneras, no será vinculante. Es decir, si el rechazo de la futura administración a este proyecto continúa, la decisión para firmar la megaobra antes del 1° de marzo va a continuar. “El presidente ya dijo que se va a firmar”, dijo a la salida del encuentro del ministro Bouvier.
El secretario de Estado estuvo presente en la reunión para defender la decisión del Ministerio de Ambiente de autorizar la construcción de la planta potabilizadora. “Es un informe contundente, que no ha tenido objeciones desde el punto de vista académico ni político. El gobierno actual es receptivo a que el electo haga sus formulaciones. Eso está bueno. Esto tiene que ser una política de Estado”, agregó el funcionario.
Sánchez –que a partir de marzo tendrá un rol similar al de un jefe de gabinete– aseguró que la reunión fue “muy buena” porque se pudo actualizar información. Ahora el equipo de Orsi trabajará para ver si se levantan las observaciones que la izquierda ha formulado al proyecto. “No es un tema para estar talenteando”, explicó el ex jefe de la campaña de Orsi.
En la Plaza Independencia, a la salida de la casa de gobierno, el Movimiento por un Uruguay Sustentable y el Movimiento Tucu - Tucu organizaron una movilización para expresar su rechazo a la megaobra. Los privados, en tanto, dicen que están prontos para comenzar la construcción.
