La Justicia boliviana programó para este viernes 17 de enero la audiencia de medidas cautelares por el caso que involucra al ex presidente Evo Morales (2006-2019) y que había sido suspendida el martes ante su inasistencia y la presentación de un certificado médico que señalaba que padece enfermedades que le impedirían asistir.
Sin embargo, algunos de sus allegados han manifestado que el ex mandatario tampoco se va presentar a la convocatoria judicial y, de hecho, le han pedido que no lo haga.
El senador y dirigente cocalero Leonardo Loza manifestó ante los medios de comunicación de La Paz: “Yo le diría al hermano Evo Morales y a su equipo jurídico no presentarse el día viernes. Todo puede pasar. Lamentablemente ya no hay el debido proceso. Ya no te puedes defender”. Según el legislador, si las fuerzas del orden no pueden encarcelar a Morales “tienen jurado asesinarlo, desaparecerlo, no estamos lejos de eso”.
Esta es la segunda citación judicial que recibe Morales en menos de cuatro meses por la investigación que lo acusa de trata de personas por el supuesto embarazo de una menor de edad cuando era presidente. La primera citación estaba fijada para el 10 de octubre cuando fue llamado por la Fiscalía Departamental de Tarija para que brinde su declaración pero su abogado consideró que no habían garantías para su seguridad.
La segunda vez fue el 14 de enero pasado. Su equipo jurídico dijo que no había sido notificado y presentaron un certificado médico que señala que sufre una bronconeumonía por la que debe guardar reposo. Sin embargo, dos días antes asistió a su programa de radio y circuló un video en el que se lo ve caminando en la calle con su equipo de seguridad.
El juez Nelson Rocabado solicitó una evaluación médica por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y programó la continuación de la audiencia para este viernes, pese a los reclamos de la defensa de Morales sobre que no se les habría mostrado el cuadernillo de investigaciones y que el proceso carece de base jurídica.
En medio de ese embrollo, sus seguidores intensificaron las protestas en contra del Gobierno. El viernes 10 de enero partió una marcha de la localidad paceña de Patacamaya a la sede de Gobierno, una distancia de 98 kilómetros que recorrieron durante cuatro días con el objetivo de entregar un listado de demandas a la administración de Luis Arce y ser recibidos por el presidente.
La movilización acabó en enfrentamientos con la Policía, personas detenidas y denuncias de agresiones a periodistas en las inmediaciones de la Plaza Murillo de La Paz, el centro del poder político en Bolivia. Algo similar ocurrió el mismo día en Cochabamba, cuando partidarios del ex presidente intentaron “recuperar” una sede sindical campesina en medio de violencia y represión policial.
El ministro de Gobierno (Interior) y uno de los rostros visibles de la disputa entre el Gobierno y el líder cocalero, Eduardo Del Castillo, lo acusó de querer “convulsionar” el país por intereses personales en la víspera de su audiencia cautelar y varios en el Gobierno creen que las movilizaciones buscan su impunidad.
En tanto, Morales se mantiene atrincherado en la región cocalera del Trópico de Cochabamba bajo la custodia de sus simpatizantes que se ha reforzado en los últimos meses ante su posible aprehensión. El ex jefe de Estado cuenta con alerta migratoria y la Fiscalía ha pedido seis meses de detención preventiva por la acusación de trata de menores que pesa en su contra.
Su situación legal se complicaría aún más si no se presenta mañana a la audiencia cautelar en la ciudad sureña de Tarija. La fiscal que sigue el caso, Sandra Gutiérrez, consideró que si mañana no se presenta se estaría “entrando en chicanas jurídicas” y advirtió que será declarado en rebeldía.
El juicio se lleva en medio de la larga disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) representada en los liderazgos de Morales y el presidente Luis Arce, por el control del partido y el poder del Estado.
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