La dictadura cubana asesinó a Ulises Rodríguez Machado, un preso de 73 años que cumplía una condena en Camagüey

En la prisión de Kilo 8, ubicada en la provincia de Camagüey, un nuevo caso de violencia carcelaria conmocionó a Cuba. Ulises Rodríguez Machado, un recluso de 73 años, murió el pasado fin de semana tras recibir una brutal golpiza presuntamente propinada por Daniel Primeyes, oficial de orden interior del penal, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

De acuerdo con fuentes internas del sistema penitenciario, Rodríguez Machado, residente del reparto Simoni, fue trasladado en estado crítico tras la agresión. Sin embargo, no se precisó si fue llevado al hospital de la cárcel o a la Sala de Penados del Hospital Amalia Simoni, donde se suelen atender los casos graves.

La familia del recluso confirmó el crimen a un colaborador del OCDH en Camagüey, indicaron fuentes de la ONG a Infobae este martes, aunque sus seres queridos declinaron realizar declaraciones adicionales por el momento.

Según activistas, el director de la prisión, Juan Miguel Sánchez Duarte, habría intentado encubrir las circunstancias del fallecimiento, una práctica que, aseguran, es recurrente en los penales de máxima seguridad del país.

Este caso no es el primero en el que Daniel Primeyes figura como responsable de actos de violencia extrema. Según el OCDH, el oficial fue señalado en varias ocasiones por reclusos y familiares como autor de golpizas y abusos sistemáticos.

En un artículo publicado por ABC, el director del OCDH recordó un episodio particularmente brutal en el que Primeyes, junto a otros guardias, golpeó con barras de metal y bastones al recluso Roberto Esquivel González bajo la orden directa del entonces director de la prisión: “Mátalo, Primeyes, que me cortó”. Esquivel González sobrevivió al ataque, pero quedó gravemente herido.

Las denuncias contra el oficial destacan no solo la violencia ejercida de manera personal, sino también un esquema de impunidad y encubrimiento institucional que permite que estas agresiones ocurran en un entorno sistemáticamente represivo.

La prisión de Kilo 8 es descrita por activistas como un lugar donde las condiciones inhumanas y los abusos son habituales. Según el observatorio, este centro penitenciario es un escenario recurrente de represalias y golpizas contra los internos, incluidas personas mayores y presos políticos.

En noviembre pasado, la organización denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los adultos mayores en las cárceles cubanas, un problema que, según señalan, refleja la falta de piedad y el desprecio por los derechos humanos básicos en el sistema penitenciario de la isla.

“El caso de Ulises Rodríguez Machado es una muestra más de cómo los presos cubanos, incluso ancianos, son tratados con extrema brutalidad”, señaló el OCDH.

La organización llamó a la comunidad internacional a actuar ante lo que calificaron como un “panorama de violencia y represión” que se vive tras los muros de las cárceles en Cuba.

En diciembre pasado, el propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que cuatro presos políticos murieron en la cárcel en los últimos meses después de su participación en las históricas protestas de julio de 2021, más conocidas como 11J. “Es un exterminio”, remarcaron a este medio.

Uno de los casos más recientes fue el del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, quien murió el pasado 30 noviembre tras una golpiza, según denunciaron sus familiares. El joven, de 29 años, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide cumplía una condena de seis años de privación de libertad por el falso delito de “sabotaje”, en la prisión Combinado del Este, de La Habana.

Su primo Yan Franco denunció que los guardias de la cárcel le propinaron la golpiza, y luego dijeron a los familiares que el joven se había quitado la vida.

Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH y ex prisionero político de la Primavera Negra de 2003, manifestó a Infobae: “La situación de los presos políticos es crítica entre tanta injusticia y tratos crueles. Si el 89% de la isla vive en la extrema pobreza, imaginémonos las condiciones de las personas que están en las cárceles, producto de la venganza política del régimen”.

Y completó: “Es inadmisible que estos crímenes se estén cometiendo ante la indiferencia internacional. Hoy mismo hay personas encarceladas con un estado de salud delicado”.

El caso de Guillén Esplugas se sumó al de Luis Barrios Díaz, fallecido tras irregularidades y negligencias por parte de las autoridades penitenciarias en relación con su grave situación de salud. Barrios, de 37 años, murió el domingo 19 de noviembre de 2023 en el Hospital La Covadonga, en La Habana, como consecuencia de complicaciones respiratorias.

Había presentado síntomas preocupantes desde agosto. Fue internado en la enfermería de la prisión 1580, de San Miguel del Padrón, y más tarde trasladado al citado hospital. No obstante, a pesar de las advertencias médicas, las autoridades decidieron retornarlo a la prisión. En enero de 2022 había sido condenado a nueve años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11J, acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado, detalló el OCDH.

También recordó que, el 26 de agosto de 2024, el preso político Yosandri Mulet Almarales, de 37 años, falleció en el hospital habanero Julio Trigo, luego de haber intentado quitarse la vida cuatro días antes.

Mulet Almarales cumplía una condena de 10 años por las protestas del 11 y 12 de julio en La Güinera, La Habana. Padecía trastornos mentales. En junio de 2022 había intentado también terminar con su vida en la prisión Combinado del Este, pero la institución penitenciaria se negó a otorgarle una licencia extrapenal.

En tanto, Gerardo Díaz Alonso, de 35 años y condenado a 14 de cárcel por su participación en las manifestaciones en Cárdenas, Matanzas, falleció el 17 de octubre de 2024, tras sufrir un infarto.

Díaz Alonso, padre de dos hijos, se encontraba recluido en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila.

“Es un exterminio. El régimen cubano está destruyendo la vida de los prisioneros políticos y de conciencia. Además de las injustas condenas, en las cárceles les someten a condiciones inhumanas, especialmente de salud y alimentación”, concluyó el Observatorio Cubano de DDHH.