Un escándalo de venta de sentencias en Brasil reabre la caja de Pandora de la corrupción a 10 años de la operación Lava Jato

Las operaciones de la Policía Federal de Brasil (PF) han destapado de nuevo la gran caja de Pandora de la corrupción en el país sudamericano, esta vez relacionada con una trama delictiva de venta de sentencias en el sistema judicial brasileño y de concesión de autorizaciones indebidas. Seis tribunales fueron implicados, en los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, San Pablo, Espírito Santo y Maranhão. También se iniciaron nuevas investigaciones en el estado de Bahía, que se suman a las de hace unos años en la Operación Faroeste (Lejano Oeste en español).

Un total de 16 magistrados y 7 jueces fueron suspendidos de sus funciones en todo Brasil. Además de magistrados, en las investigaciones participaron abogados y grupos de presión que actuaban como intermediarios entre las partes de la trama delictiva. La lista de crímenes investigados da escalofríos. La PF investiga delitos como cohecho, blanqueo de capitales, fraude procesal, extorsión, falsificación de documentos públicos, malversación, aprovechamiento de prestigio y organización criminal.

También el martes, otra operación llevada a cabo por la PF y la División de Asuntos Internos de la Policía Federal de Tráfico de Paraná (PRF) desmanteló un esquema de soborno para obtener beneficios económicos ilícitos que implicaba a algunos empleados de la PRF entre los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

En cuanto a la venta de sentencias por dinero, la Operación Sisamnes descubrió en los últimos días una red de magistrados y funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que vendían sentencias por dinero. Los registros tuvieron lugar en los estados de Mato Grosso y Pernambuco, y en el Distrito Federal. Como informó la Policía Federal, “por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), se cumplieron una orden de detención preventiva y 23 órdenes de registro e incautación”. El nombre de la operación es, de hecho, simbólico, ya que hace referencia a un episodio de la mitología persa, durante el reinado de Cambises II de Persia. Es la historia del juez Sisamnes, que aceptó un soborno para dictar una sentencia injusta.

A finales de octubre, otra operación de la PF, la Última Ratio, destapó una trama de venta de sentencias en el Tribunal de Justicia del estado de Mato Grosso do Sul. Según los investigadores, algunos jueces habían blanqueado el dinero mal habido comprando granjas de animales, coches de lujo e incluso motos acuáticas.

El pasado mes de agosto, la operación Maximus en el estado amazónico de Tocantins destapó otra trama de sentencias en el Tribunal de Justicia del estado. “El mercado de las sentencias es tan aterrador que los clientes potenciales habían intentado negociar paquetes completos de sobornos”, declaró el comisario de la Policía Federal Daniel César do Vale.

“Estamos viendo denuncias de ventas de sentencias que involucran incluso a tribunales superiores de Brasilia. Sabemos que es un problema en el poder judicial brasileño, pero ahora los hechos son realmente escandalosos”, explica a Infobae Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. Para Brandão, “hace mucho tiempo que el poder judicial no hace lo que debe hacer, que es cuidar su integridad con más transparencia. Es el más opaco de los tres poderes y muy poco receptivo para combatir su propia corrupción interna.” Así que es importante aportar claridad, para que esto sea una advertencia, pero también un reconocimiento de responsabilidad por parte del poder judicial.

Lamentablemente, la cuestión parece interesar cada vez menos a la política. Desde hace más de un mes, el diputado Alfredo Gaspar, del partido en el gobierno, Unión Brasil, ha presentado una propuesta para crear una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la venta de sentencias. Hasta la fecha, sin embargo, no ha conseguido reunir las firmas necesarias para poner en marcha la iniciativa. Solamente 108 diputados han firmado la petición, pero se necesitan 171 firmas para que la Comisión eche a andar. La mayor dificultad parece estar en los parlamentarios de los estados en los que se han desatado operaciones policiales, como Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.

La percepción de la lucha contra la corrupción también se está desvaneciendo en Brasil. Transparencia Internacional ha presentado la semana pasada los datos de una encuesta realizada junto con la consultora Quaest, según la cual el 85% de los encargados de supervisar las prácticas anticorrupción (compliance) en las empresas brasileñas considera que el Gobierno Federal no muestra compromiso ni toma medidas eficaces para luchar contra la corrupción. Seis de cada diez ejecutivos entrevistados afirmaron que las instituciones brasileñas de control y lucha contra la corrupción a nivel federal, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo o judicial, carecen de la capacidad adecuada o de la independencia suficiente.

En general, la gran mayoría de los encuestados cree que, en los últimos dos años, los controles de la corrupción y el blanqueo de dinero han disminuido (49% de los entrevistados) o se han mantenido estables (41%). Además, para el 94% de los encuestados, la anulación de casos de corrupción por parte del poder judicial puede influir mucho en la percepción de impunidad y perjudicar la integridad del ambiente de negocios en Brasil. Brandão explica a Infobae que “hoy estamos viviendo un retroceso en Brasil. Vivimos un punto de inflexión con la entrada en vigor de la Ley Anticorrupción en 2013 y luego, lo más importante, una experiencia de aplicación efectiva de la ley, que fue la Operación Lava Jato y las grandes operaciones anticorrupción que se prolongaron durante una década. Hubo errores, pero en vez de corregirlos, prefirieron diezmar los buenos frutos recogidos hasta entonces, retrocediendo así en la lucha contra la corrupción”.

Este año, el juez del Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli, suscitando polémica, anuló varias condenas de la Lava Jato, además de revocar multas multimillonarias, en particular de una de las empresas símbolo de la operación, Odebrecht, ahora Novonor. “El problema hoy es el comportamiento del Poder Judicial, que en vez de hacer las correcciones necesarias a los juicios, los está diezmando con las bombas atómicas de la impunidad que también afectan a varios países internacionalmente, por ejemplo con la anulación de todos los juicios del mayor acuerdo de delación de la historia, es decir, el acuerdo de la Operación Lava Jato con la empresa Odebrecht”, explica a Infobae el director de Transparencia Internacional. Sin embargo, a fines de noviembre, el propio Toffoli negó el pedido de anulación del juicio Lava Jato contra el ex gobernador de Rio de Janeiro Sergio Cabral y el ex diputado Eduardo Cunha.

“El comportamiento del Poder Judicial... diezmando con las bombas atómicas de la impunidad” resumen cómo se perciben las acciones judiciales en Lava Jato.

Según Transparencia Internacional, otra caja negra donde puede acechar la opacidad y la falta de transparencia es el llamado “Orçamento Secreto”, un mecanismo de desembolso de fondos, creado en el gobierno de Jair Bolsonaro y continuado por Lula en su tercer mandato, que carece de control sobre lo que realmente se hace con el dinero público. Quien distribuye estas enmiendas, como se las llama, a los parlamentarios es el gobierno, cuando necesita aprobar leyes que de otro modo no se aprobarían. En estos días en que el Parlamento tiene que aprobar el plan de reducción del gasto público, el juez del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ha vuelto a autorizar el desembolso de estos fondos que habían sido bloqueados en agosto.

Pero la cuestión de la corrupción no acaba en el Parlamento. Hay otro fantasma que asusta a los expertos, y es la corrupción ejercida sobre la política y la sociedad brasileñas por el crimen organizado y China. Por un lado, el crimen organizado viaja ahora por rutas financieras internacionales que han elegido lugares lejanos y difíciles de rastrear como Dubái o Hong Kong o incluso criptodivisas para blanquear, mientras que, por otro, se infiltra cada vez más en la economía legal brasileña a través de la corrupción de la política y las instituciones. Para el fiscal de San Pablo, Lincoln Gakiya, que desde hace veinte años se ocupa del Primer Comando de la Capital (PCC), el principal grupo criminal del país, “el PCC ya se ha convertido en una mafia y, por lo tanto, actúa sobornando a agentes públicos”. Así obtiene permisos para construir edificios e incluso comprar fábricas de etanol. Por no hablar de las inversiones en el extranjero. El 17 de noviembre, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció una investigación interna sobre las acusaciones de blanqueo de dinero en las que estaría implicado el PCC, que supuestamente se aprovechó de los clubes de fútbol de Portugal para blanquear beneficios ilícitos procedentes del narcotráfico y otras actividades delictivas. A este escenario se suma la amenaza china. La expansión depredadora de Pekín, no sólo en Brasil, sino en toda América Latina, se produce también a través de numerosos episodios de corrupción, ya denunciados en países como Ecuador y Bolivia.

Además, existen redes chinas de traficantes de dinero cada vez más sofisticadas, un auténtico sistema bancario ilícito paralelo que blanquea el dinero del crimen organizado y también lo canaliza para sobornar a políticos. En un informe de la Universidad Internacional de Florida (FIU) titulado “Tríadas, cabezas de serpiente y dinero volador: El submundo de las redes criminales chinas en América Latina y el Caribe”, los investigadores Leland Lazarus y Alexander Gocso explican el método chino de ‘Volar Dinero’ (‘Flying Money’ en inglés). Consiste en mover dinero de una persona a otra, de un grupo a otro, sin que el dinero nunca salga de un país. Como en el sistema “Hawala”, se basa en la confianza de los miembros de la red, que adelantan el dinero sabiendo que luego lo recibirán de vuelta desde otra parte del mundo con las comisiones correspondientes. En este proceso suele intervenir una red de bancos con sede en China que facilitan las transferencias.

Para Brasil, que ha forjado relaciones cada vez más fuertes con China, existe un riesgo muy alto de que un volumen de corrupción como el descubierto por Lava Jato se transfiera ahora a bancos chinos, o a criptomonedas o a nuevos países offshore como Dubái, haciendo imposible su rastreo. Brandão explica a Infobae que “mientras Brasil retrocede en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, se abrió un vasto campo para el avance del crimen organizado, que es una expresión aún más grave y violenta de la ilegalidad”. Según el director de Transparencia Internacional, “las estructuras que blanquean el dinero procedente del tráfico de armas y de drogas son las mismas que blanquean el dinero procedente de la corrupción. Además, países como China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos no están sujetos a las convenciones internacionales contra la corrupción. En otras palabras, estamos frente a flujos de dinero que pueden aumentar aún más el riesgo de corrupción en Brasil”, dijo Brandão a Infobae.