El dictador Daniel Ortega despide el año con redadas de opositores y la promulgación “vertiginosa” de leyes represivas en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega apresó esta semana al menos a 21 personas que considera opositoras en una nueva ola de detenciones como parte de una ofensiva para consolidar su dictadura en Nicaragua, denunció la organización el Monitoreo Azul y Blanco (MAB).

Las detenciones acompañan a un paquete de leyes que Ortega envió para su aprobación en la Asamblea Nacional y que, según han explicado los opositores, radicaliza el régimen autoritarito en el país y activa un mecanismo expedito para que su esposa, Rosario Murillo, llegue a la presidencia y queden en línea directa de sucesión en el poder una vez que Ortega fallezca.

“Es un movimiento vertiginoso. Llama la atención”, reflexiona Dora María Téllez, una excompañera de Ortega en la guerrilla de los años 70 y miembro de su gabinete en el gobierno sandinista de los años 80. “En cuatro horas meten una ley y meten la otra, y la otra”, dice.

Téllez quien fue presa política de su antiguo compañero de armas y actualmente se encuentra en el exilio, considera que el régimen nicaragüense se ha visto obligado a acelerar el mecanismo de sucesión “por razones que se desconocen”.

“Para mí se está moviendo algo en El Carmen (la residencia de la familia Ortega Murillo). La sucesión viene en muy corto plazo. Es una pavimentación de calle para que la Rosario (Murillo) encuentre su camino lo menos complicado posible”, dice la exguerrillera.

La ofensiva comenzó el pasado19 de noviembre cuando Ortega ordenó una reforma profunda a la Constitución Política de Nicaragua que, entre otras disposiciones, crea las figuras de “copresidente” y “copresidenta”, aumenta de cinco a seis años los períodos presidenciales, elimina la división de poderes, subordina todo el Estado a las figuras presidenciales, legaliza a los paramilitares como “Policía Voluntaria” y establece a la bandera rojinegra, símbolo del partido de Ortega, como símbolo nacional.

Aunque fue presentada como “reforma parcial” la propuesta de Ortega demuele la actual Constitución Política porque deroga 38 de sus artículos y reforma o sustituye a otros 143 artículos de los 198 que tiene la Carta Magna.

“La nueva Constitución elimina la forma de gobierno como la conocemos formalmente”, dice el opositor Juan Sebastián Chamorro. “Los poderes del Estado pasan a ser órganos bajo la coordinación de una dictadura bicéfala, se eliminan una serie de derechos constitucionales y se declaran traidores a la patria a nivel constitucional, a cualquier persona que piense lo contrario”.

Las reformas constitucionales fueron aprobadas en primera legislatura sin discusión, por unanimidad, 91 diputados votaron a favor y ninguno en contra, en un trámite exprés, tres días después de ser presentadas en el parlamento.

Según la legislación nicaragüense, para que las reformas constitucionales entren en vigencia deben ser confirmadas en una segunda legislatura con el 60 por ciento de los votos. La próxima legislatura comienza el 10 de enero de 2025.

Dada la premura que muestra el régimen y el control absoluto que tiene en el Parlamento, se calcula que para el 11 de enero ya Nicaragua tendrá una nueva Constitución Política.

El mismo viernes 22 de noviembre en que se aprobaron las reformas constitucionales, la Policía nicaragüense comenzó una redada de personas que considera opositoras.

La organización nicaragüense en el exilio Monitoreo Azul y Blanco asegura tener una lista de 21 detenidos, sin que se sepa de su paradero, capturados en redadas ejecutadas en 10 de los 17 departamentos que tiene el país y que alcanzó a “familias completas, incluidos menores de edad y 10 adultos mayores en estado vulnerable”.

A pesar del hermetismo con que se manejan en Nicaragua las detenciones por razones políticas, en redes sociales se ha denunciado la captura de los periodistas en retiro Leo Catalino Cárcamo Herrera y Henry Briceño Portocarrero, así como el médico jubilado Arnoldo Toruño.

El lunes 25 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó asimismo la “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, que pretende dejar sin efecto las sanciones internacionales impuestas por países y organismos extranjeros a instituciones y personas en el contexto de la violación a los derechos humanos y el deterioro de la democracia.

La nueva ley amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras y causó alarma, particularmente en el sector bancario que se expone a que los bancos internacionales los despojen de las corresponsalías por ignorar las sanciones ordenadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“En Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguna las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobierno u organismos extranjeros que violen el derecho internacional”, expresa la letra de la nueva ley.

Sin embargo, dos días después de su aprobación, la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), institución controlada por Ortega, hizo llegar a los gerentes de bancos una circular donde suaviza el tono de la ley en un aparente intento de calmar el estado de alarma en el sector bancario que se encuentra entre la espada y la pared: si cumplen con la nueva ley dejan de funcionar en el circuito internacional y si aplican las sanciones, sufren las represalias del régimen.

“Las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”, expresa el documento firmado por el superintendente Luis Ángel Montenegro.

Otra polémica ley fue enviada por Ortega el mismo martes 26 y fue aprobada dos días después en la Asamblea Nacional con el mismo patrón: por unanimidad y sin discusión. Se trata de una reforma a la Ley de Migración que faculta a las autoridades de Migración a denegar el ingreso al país de personas, incluso de ciudadanos nicaragüenses si consideran “que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”.

La nueva ley también castiga con dos a seis años de prisión a las personas que ingresen al país, salgan o pretendan salir de Nicaragua, de forma no regular, “con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, conspirar y proponer, inducir a actos terroristas de desestabilización económica y social del país”.

El régimen nicaragüense asimismo ordenó la promulgación de una ley para controlar la cooperación externa y este jueves, el Banco Central de Nicaragua (BCN), emitió una normativa para “cordobizar” la economía nacional que obliga a los bancos y demás instituciones financieras a usar la moneda nacional, el córdoba, en las operaciones de tarjetas de crédito y débito a partir del próximo año.

Según Juan Sebastián Chamorro, economista y opositor exiliado, entre un 15 y un 20 por ciento de todas las operaciones financieras de Nicaragua se realizan en dólares de los Estados Unidos.

“Los están haciendo en el peor momento posible porque se estaba hablando en todos los ámbitos económicos y financieros del riesgo de la Ley 1224 (ley contra las sanciones) de aislar al sistema financiero nacional con el resto del mundo y aparecen con una normativa que tiende a dar la idea de desincentivar el uso del dólar”, dice Chamorro.

Para la exguerrillera Dora María Téllez esta ofensiva del régimen responde a un esfuerzo exagerado por llevar “a ley” todos los abusos que la dictadura ha cometido estos últimos años y busca establecer un control legal desde la presidencia sobre todas las instituciones en Nicaragua.

Según Téllez, los movimientos de estos últimos días tratan de resolver de urgencia la sucesión de Daniel Ortega en el poder. “Si él se muere no va a haber discusión sobre quién asume, como la habría con la Constitución como estaba. Con este mamotreto es totalmente expedito. No hay que discutir nada”, señala.

“Rosario Murillo tiene mucho temor de que no le hagan caso”, añade. “Por eso ella quiere que todo lo que ellos han estado haciendo facto, amparados en el dominio político de Daniel Ortega quede escrito en papel como ley, de manera que nadie le pueda replicar”.

“Ahora ella queda con poder total y una vez desaparezca Daniel Ortega no va contar con la hegemonía que usa Daniel (Ortega) y entonces ella va a recurrir a la ley. Va a poner la ley sobre la mesa al Ejército y a la Policía y les va decir: ´Ustedes me tienen que hacer caso, no es cosa de si les gusto o no les gusto´”, dice Téllez.

Advierte de días difíciles para Nicaragua. “Vas a ver a esa mujer con poder total el 11 de enero, porque Rosario es una persona de exageraciones”.

De manera similar piensa el abogado y opositor Juan Diego Barberena. “El 11 de enero, cuando estas reformas entren en vigencia, Rosario Murillo va a ser la persona con más poder institucional en Nicaragua y eso va a tener consecuencias negativas porque ella actúa con más sangre fría”, apunta.

Barberena considera que los Ortega Murillo están “aprovechándose del contexto internacional, donde pareciera estar muy cerca un conflicto global a gran escala y las miradas están puestas en Kiev, en Moscú, Israel y Palestina y lo que pueda pasar en dos meses en Venezuela”.

“Han reformado totalmente la Constitución Política y la han convertido en un estatuto familiar”, apunta y considera que todos los movimientos del régimen en los últimos días están motivados por “la necesidad de Rosario Murillo de resolver, al menos jurídicamente el tema de la transición” y “en aras de garantizar esa sucesión dinástica, exterminar los distintos espacios políticos de la oposición que tienen alguna presencia dentro de Nicaragua”.

También considera que el régimen de Daniel Ortega está preparándose para el regreso de Donal Trump a la presidencia de Estados Unidos, ya sea para enfrentar sanciones más fuertes o establecer una negociación de beneficios mutuos si ese fuera el caso.

“Las sanciones de Trump, en la administración pasada ,fueron más fuertes que las de (Joe) Biden y puede ser un blindaje en ese sentido”, dice. “También puede ser una estrategia para abrir canales de negociación con el nuevo gobierno de Estados Unidos”.