Bolivia enfrenta un periodo de debilitamiento institucional en el Órgano Judicial, principalmente por la prolongada postergación de las elecciones judiciales y los controversiales fallos que se han dictado en el último año, con los cuales un grupo de jueces ha ordenado el escenario político del país.
En ese contexto, este lunes hubo un sorpresivo cambio en la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP): fue posesionado el magistrado Gonzalo Hurtado, cuyo mandato -al igual que el de sus colegas- venció en enero de este año y fue “auto prorrogado” argumentando que no podían haber acefalías en las altas cortes judiciales.
“Se dispuso en Sala Plena, con la mayoría absoluta de votos, y con el quórum reglamentario designar a mi persona como presidente del TCP”, informó el magistrado en conferencia de prensa.
Hurtado cobró notoriedad en los últimos meses por ser uno de los jueces firmantes de sentencias polémicas con las cuales anuló parcialmente las elecciones judiciales al declarar desierta la convocatoria en cinco de nueve departamentos, ratificó la inhabilitación de Evo Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2025 y le quitó el control del Movimiento Al Socialismo, al validar la designación de un aliado de Luis Arce como jefe del partido. Las tres sentencias la firmó junto a su colega René Yván Espada, con quien forman parte de la Sala Cuarta del TCP.
Según una publicación de El Deber, la sesión del lunes fue convocada el pasado jueves por su entonces presidente Paúl Franco para resolver el recurso de avocación con el que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pretendía garantizar las elecciones judiciales integrales, pero con el voto de cinco magistrados declararon improcedente dicho recurso y nombraron a un nuevo presidente bajo el argumento de que el anterior se había ausentado sin justificación a tres sesiones continuas.
De los cinco magistrados que componen la sala plena, cuatro se quedarán en el cargo indefinidamente porque no habrá elecciones judiciales en sus departamentos de origen.
Los magistrados Hurtado y Espada son cuestionados por la oposición y el evismo por favorecer con fallos y sentencias al Gobierno de Luis Arce en cuestiones políticas, como la disputa con su antiguo jefe y mentor.
“Esta es una afrenta al pueblo boliviano. Todos sabemos que la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional es la que ha definido varios temas de relevancia política, sobre todo, vinculados al MAS con una saña y odio a lo que es este instrumento político”, manifestó Wilfredo Chávez, ex procurador del Estado y abogado de Morales, citado por La Razón.
Crisis institucional de la Justicia
El Poder Judicial está en el centro de la disputa política en Bolivia porque a través de sus fallos, cuestionados por la legitimidad de los magistrados que las firman, están removiendo la arena política nacional.
El país sudamericano es uno de los pocos que elige autoridades judiciales de las más altas cortes por voto popular. Se trata de un mecanismo relativamente nuevo en el país donde solo se han realizado dos votaciones, en 2011 y 2017, en las que la mayoría de la votación votó nulo o blanco, lo que insinúa que hay descontento con el sistema de selección o desconocimiento del proceso.
La tercera elección tenía que realizarse en el segundo semestre de 2023 para que los nuevos jueces asuman el 2 de enero de 2024, pero se generaron varios retrasos en el proceso electoral y una seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar la normativa, lo que postergó de manera indefinida la elección. Ese retraso hizo que las autoridades judiciales se “auto prorrogaran” en sus cargos hasta la elección de sus sucesores, bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial.
La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional.
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