En medio de la crisis energética que atraviesa Bolivia desde hace varios meses, el gobierno de Luis Arce autorizó la importación privada de combustible y su comercialización, una demanda que había sido planteada por sectores productivos y empresariales, particularmente afectados por el desabastecimiento.
La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo 5271, que entrará en vigencia la próxima semana y tendrá vigencia de un año, según adelanto el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.
Lo que causa mayor expectativa en la población es el precio que tendrán los carburantes importados por el sector privado, debido a que el Estado boliviano subvenciona los carburantes y el precio del litro de gasolina y diésel es comparativamente menor al de otros países, cuesta alrededor de 0,53 centavos de dólar.
El decreto que libera la compra y comercialización, establece que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la Agencia Nacional de Hidrocarburos determinarán la metodología para el cálculo del precio para el consumidor final, pero se estima que sea mayor al precio actual debido a la falta de subvención pública.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, estima que el diésel comercializado por el sector privado tendrán un costo entre 8 y 9 bolivianos el litro, a diferencia del subvencionado que cuesta 3,74 bolivianos. Kempff explicó que la importación estará sujeta a la libre oferta y demanda, “es posible que tengamos precios altos pero vamos a tener combustible (…) es peor no tener”, manifestó citado por la Agencia de Noticias Fides.
Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, el subsidio de los combustibles es uno de los mayores gastos públicos. En 2023 se destinó cerca de 2.000 millones de dólares para abastecer al mercado interno.
Arce explicó, en una mensaje difundido en septiembre, que las crisis energética se debe a la baja producción local, que atribuye a una mala gestión de la política de hidrocarburos durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) en el que él mismo fue un actor clave; a las dificultades económicas para cubrir la creciente demanda y el incremento de los precios internacionales.
El país importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina como una ayuda que ofrece el Estado a las empresas para reducir sus costos operativos y para los consumidores.
Según el ministro de Hidrocarburos, la apertura del negocio de importación y comercialización al sector privado, no implica que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos suspenda el suministro de combustible ni que se altere la política de subsidios del Gobierno.
“El pueblo siempre será nuestra prioridad y con esta nueva normativa buscamos garantizar que todos los sectores tengan acceso al combustible necesario para su funcionamiento”, indicó Gallardo.
La crisis de combustible, agudizada en las últimas semanas, ha provocado largas filas para cargar combustible en las estaciones de servicio de todo el país. Empresarios de la agroindustria advirtieron que se pone en riesgo la seguridad alimentaria del próximo año, porque sin diésel no pueden operar la maquinaria agrícola para la siembra.
Según los expertos, este decreto aliviará al sector productivo particularmente golpeado por la prolongada carencia de combustible, pero también aumentará sus costos de producción y habrán otras industrias, como la del transporte, que no podrá adquirir el carburante privado por su elevado precio.
Este viernes por la tarde está previsto un encuentro entre el presidente Luis Arce y empresarios de varias industrias en Santa Cruz de la Sierra para abordar temas relacionados a la crisis económica y energética, entre otros.
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