El presidente de Ecuador, Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción focalizado para varias provincias y ciudades del país, incluyendo esta vez a Quito. La medida se tomó como respuesta al aumento alarmante de la violencia y la inseguridad generada por los grupos armados organizados, que operan a través del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos graves, según se lee en el decreto. El objetivo, explicó la Presidencia, es restaurar la paz y el orden en las zonas más afectadas, con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El decreto establece la medida en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, en la Costa ecuatoriana y el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia serrana de Azuay. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez Quito, la capital del país, también ha sido incluida debido al preocupante incremento de la criminalidad en la ciudad.
Según el documento oficial, la inclusión de Quito responde a los recientes atentados violentos y decomisos de armas. Un informe de la Policía Nacional señaló que se han realizado allanamientos en los que se incautaron fusiles, granadas y explosivos en distintos sectores de la ciudad, evidenciando la infiltración de grupos narcocriminales que operan en la capital. Además, varios ataques armados en lugares públicos –incluido el sicariato contra una funcionaria del servicio de cárceles– y la creciente inseguridad en zonas residenciales y comerciales han encendido las alarmas del gobierno.
Como parte del estado de excepción, el decreto también impone un toque de queda en 20 zonas de las provincias afectadas: Camilo Ponce Enríquez (Azuay); Durán, Balao y parroquia Tenguel (Guayas); Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo (Los Ríos); La Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto (Orellana). Esta restricción a la libertad de tránsito estará vigente desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., y busca limitar la movilidad durante horas críticas para el accionar delictivo. Según el gobierno, esta medida es crucial para controlar los territorios más peligrosos y evitar que los grupos armados continúen cometiendo actos violentos durante la noche y madrugada.
El estado de excepción incluye la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales, como la libertad de reunión y asociación, con el fin de facilitar las operaciones de las fuerzas del orden. El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido autorizado de manera “extraordinaria, subordinada y complementaria” a las funciones civiles de seguridad.
Según informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a un centro clave del narcotráfico internacional, lo que ha generado una espiral de violencia. Según un informe del Ministerio del Interior, citado en el decreto: “Desde enero de 2024, se han documentado 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y así sucesivamente, hasta eventos de hasta 10 víctimas en un solo ataque. Esto no solo evidencia la brutalidad de los actos, sino también una estrategia operativa que busca causar un impacto psicológico en la sociedad y en las fuerzas del orden. Las cifras indican que los grupos criminales están actuando con un nivel de organización y letalidad alarmante”.
El decreto también hace referencia al aumento de la violencia en las prisiones. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó que los operativos de control de armas y explosivos han revelado la presencia de artículos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. Además, se han descubierto nexos entre las actividades delictivas dentro de las cárceles y los crímenes fuera de estas.
El estado de excepción tendrá una duración inicial de 60 días, aunque puede ser renovado por 30 días adicionales si la situación lo amerita.
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