
Los niños que integran una comunidad menonita en el departamento de Florida (en el centro-sur de Uruguay) concurren a clases de una manera particular. Sus cursos son en español e inglés y son dictados por maestros que pertenecen a esa colonia y que viajan desde Estados Unidos exclusivamente a dar las clases. Los estudiantes tienen pruebas cada dos semanas y, como complemento, reciben educación a distancia.
Pero los niños –ocho de los cuales son estadounidenses– no concurren a ningún centro educativo de Uruguay, ni público ni privado, lo que motivó que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) emprenda acciones legales contra ellos. Este es el organismo rector de la enseñanza estatal de Uruguay.
Sin embargo, la defensa de la comunidad menonita asegura que la actitud que adoptaron los padres es “conforme a derecho”. Daniel Torres, el abogado patrocinante de alguna de las familias, declaró a El País que los menores tienen clases de Ciencia, Música, Historia, Matemática, Lenguaje, Emprendedurismo, Mecánica, Carpintería y Cocina, además de tener “salidas didácticas” y un espacio con “cancha de fútbol”.

Antes de emprender acciones judiciales, un maestro y dos inspectores se reunieron con los integrantes de la comunidad para informarles lo que la Constitución y la Ley de Educación establece sobre los derechos y los deberes de los padres. Se les resaltó “el valor que le da el Estado Uruguayo a través de las políticas educativas a la obligatoriedad de la asistencia de los niños a centros educativos públicos o privados, así como la garantía del cumplimiento del derecho a la educación y al servicio de una educación de calidad”, según el informe de los asesores jurídicos de la ANEP, a partir del que se decidió empezar el juicio.
Estos funcionarios le propusieron a los menonitas algunas opciones. Le sugirieron, por ejemplo, que asistan a una escuela rural que recientemente había cerrado por falta de alumnos. Otra opción era otro centro educativo al que solo asiste un niño y una tercera alternativa eran los colegios públicos de Florida, una ciudad de unos 40.000 habitantes.
Una cuarta sugerencia fue la orientación para comenzar el trámite para que abran un centro educativo privado.

Los padres, sin embargo, entienden que la formación que reciben los jóvenes es de “muy alto nivel”, por lo que no aceptaron las propuestas que les ofrecieron las autoridades de la educación pública uruguaya. Ellos insisten en educar a sus hijos con profesionales exclusivamente menonitas. “Hay un acompañamiento constante con cada uno de los niños que cursan un proceso académico que, en mi opinión, roza la perfección”, sostuvo.
El abogado argumenta basado en artículos de la Constitución que dan derecho a los padres a elegir los institutos para que sean educados. Torres prefirió no contestar qué es lo que le falta a la educación uruguaya para elegir otro sistema. “Puedo decir que la educación que tienen es de un nivel excelente”, se limitó a responder.
Las autoridades de la educación pública tuvieron visiones encontradas. La presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, estuvo a favor de iniciar acciones legales. El argumento que primó fue que la educación en casa “no está habilitada” en Uruguay, según dijo la funcionaria en una rueda de prensa. “Todos quienes vivan dentro de nuestro territorio tienen que acatar las normas, que establecen que hay centros públicos y privados, habilitados o autorizados, y es obligación de los padres enviar a los hijos a alguno de esos centros; y es un derecho de los niños poder concurrir a un centro educativo”, expresó la presidenta de la ANEP.
El consejero Juan Gabito, que integra el órgano rector, se mostró en contra de la decisión adoptada por considerar que no hay una situación de abandono de los menores.
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