El líder radical mapuche chileno condenado a 23 años de cárcel inició una huelga de hambre y pide la anulación de su juicio

(Desde Santiago, Chile) Condenado hace menos de un mes a 23 años de cárcel por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado como usurpación violenta de predios y atentado contra la autoridad, Héctor Llaitul, otrora líder de la ahora descabezada Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), inicio este lunes una huelga de hambre en el penal de Concepción (500 kms al sur de Santiago), donde cumple su pena.

En el comunicado, publicado por Radio Kurruf en sus redes sociales, Llaitul exigió primeramente “la nulidad del juicio que lo condenó recientemente a 23 años bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado”, y que el recurso que presentó al respecto sea “revisado por la Corte Suprema”, puesto que es el máximo tribunal quien debiese pronunciarse por dos razones: “la aplicación, en democracia, de la Ley de Seguridad Interior del Estado a un dirigente del pueblo nación mapuche y por la utilización de testigos protegidos para el logro de una larga e injusta condena”.

En el escrito también pidió “condiciones carcelarias dignas y de respeto a los derechos humanos de los presos políticos mapuche” y la libertad de sus hijos Ernesto y Pelantaro Llaitul, quienes ya fueron imputados y arriesgan hasta 60 años de cárcel por diversos delitos en la llamada Macrozona Sur, que comprende las regiones del Biobío y La Araucanía.

Gendarmería indicó que el Llaitul “está siendo monitoreado” por el equipo de salud del penal, según informó la prensa regional.

El jueves 30 de mayo se inició un segundo proceso contra Ernesto Llaitiul en Los Ángeles (515 kms al sur de Santiago), tras ser anulado un primer juicio por “cuestiones de forma”. El hijo mayor del clan Llaitul es acusado de homicidio frustrado por su presunta participación, junto a otros cuatro individuos, en un ataque incendiario perpetrado en septiembre de 2021 a un fundo ubicado en un sector rural de esa ciudad. El juicio se extenderá hasta el 28 de junio y comparecerán más de 60 testigos y peritos.

En paralelo, el fiscal regional de la Araucanía, Miguel Rojas, presentó una acusación en contra de Pelantaro, hijo menor de Llaitul, por diversos ataques ocurridos en noviembre de 2022 en las cercanías de Nueva Imperial y Carahue (unos 700 kms al sur de Santiago).

Según el escrito presentado por el persecutor, se investigaron “ocho delitos distintos que dicen relación con incendios en lugares habitados, incendio de distintas maquinarias y distintas infracciones a la Ley de Armas, sin dejar de mencionar también la comisión de delitos graves, como robo con retención (de víctimas) y robo con intimidación”.

La investigación que permitió la detención y posterior condena de Héctor Llaitul partió en 2020 - bajo el Gobierno del trágicamente fallecido Sebastián Piñera -, con una querella tras las polémicas declaraciones emitidas por el ex vocero de la CAM, en enero de ese año, mientras se llevaba a cabo un juicio contra otro militante de mismo grupo radical.

“Hacemos un llamado a nuestras comunidades a estar activos en relación a lo que es la confrontación, principalmente, en contra de las empresas forestales”, amenazó en ese entonces Llaitul.

Desde hace un par de décadas, los habitantes de las regiones sureñas de La Araucanía y el Biobío se encuentran en medio de un conflicto entre líderes de comunidades indígenas y empresarias forestales, acusados de explotar tierras y bosques ancestrales.

Aunque el presidente Boric prometió durante su campaña desmilitarizar la zona - medida implementada por Piñera -, su gobierno ha extendido el estado de excepción y mantiene al Ejército desplegado, pues todos los informes indican que ha resultado eficaz para disminuir los delitos, sobre todo incendiarios.