12 días se cumplieron este viernes desde que iniciaron los bloqueos en las carreteras de Bolivia, que trajeron consigo desabastecimiento de alimentos y combustible y choques entre los seguidores de Evo Morales y Luis Arce.
Desde diciembre, los Evistas manifiestan constantemente su descontento ante la suspensión de las elecciones que debían celebrarse entonces, en las que se elegiría a los magistrados de los principales tribunales del país. El proceso, sin embargo, se trabó en el Parlamento y, para evitar un vacío de poder, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió prorrogar su mandato y el de otros funcionarios.
El oficialismo sostuvo desde el primer momento que se trató de una medida constitucional y la mejor decisión frente a este escenario, y acusó al ex mandatario de seguir una “ambición presidencial” y buscar acortar su mandato, mientras que los Evistas, ahora distanciados de Arce, criticaron esta decisión y comenzaron con sus reclamos.
A esto se sumó también una molestia de Morales por la sentencia divulgada por el TCP en la que sostiene que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y, por tanto, lo inhabilitaría para presentarse a las elecciones en 2025.
Frente a la inacción del oficialismo, hace ya casi dos semanas, esta facción opositora con más de 4.000 personas definió cortar 24 rutas principales -19 en la región central de Cochabamba, tres en la altiplánica Oruro y dos en la oriental Santa Cruz- para intensificar su presión sobre el Ejecutivo y conseguir un llamado a elecciones en el Poder Judicial.
Esta decisión fue repudiada por el Gobierno, que no tardó en acusar a Morales y cuatro de sus aliados -el ex ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero; el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; la ex ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, y el ex embajador de Bolivia en Paraguay, Mario Cronenbold- de estar detrás de los hechos y ser los responsables de las consecuencias que desencadenaron.
“Este grupo de personas ha ocasionado este conflicto en nuestro país pero es también importante preguntarnos (...) ¿será que este grupo de personas se encuentra en los puntos de bloqueos?”, señaló Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, a la par que sostuvo que su único objetivo es confrontar a la población, “un derramamiento de sangre” y empeorar la situación económica del país.
Mamani apuntó también que son 946 los vehículos varados y cerca de 1.095 los viajeros afectados, para los que, este viernes, se movilizaron seis toneladas de ayuda humanitaria que consiste en agua y alimentos secos.
Mientras en las calles tenían lugar estos cruces, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) también se mantenían choques. En las afueras de la sede se escuchaban gritos de las dos facciones que iban desde “Que se realicen las elecciones, carajo” hasta “Levanten los bloqueos, queremos comer”. También se dieron empujones y una fuerte presencia policial que intentó controlar la situación.
Finalmente, tras días de debates al interior del establecimiento, el oficialismo y las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo se comprometieron a aprobar la semana entrante la ley para dar curso a las elecciones judiciales. El acuerdo fue anunciado por el vicepresidente y presidente del órgano, David Choquehuanca, quien agregó que los parlamentarios “viabilizarán su aprobación sin ninguna modificación” para su posterior envío al Ejecutivo.
Así, la Cámara Baja convocará a una sesión plenaria el próximo lunes para debatir “impostergablemente” el proyecto de ley 144/22-23 “hasta su aprobación” mientras el Senado hará lo propio el martes. Entonces, se debatirán dos proyectos: uno presentado por la opositora Comunidad Ciudadana (CC) y el otro por un senador del Movimiento al Socialismo (MAS), afín a Morales.
Inclusive, el diputado Enrique Urquidi, que preside la CC en la Cámara, manifestó que su bloque no renunciará a este debate ya que “los magistrados que hoy pretenden quedarse en los Tribunales de Justicia son unos usurpadores”.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó al respecto y expresó que la omisión de elecciones en 2023 derivó en una “preocupante afectación a la independencia del Poder Judicial y descontento social” y expresó su preocupación por los enfrentamientos, que dejaron 39 policías heridos.
Es por ello que, concluyó en un escrito, llamó al Estado a “respetar los estándares interamericanos sobre libertad de asociación, reunión pacífica y expresión”, así como a “reducir la polarización política en el país” y a que “en cumplimiento de su mandato, convoque y garantice las elecciones judiciales”.
(Con información de EFE)
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